Comín y Serret alegan sufrir una "persecución" por sus opiniones políticas

Los exconsellers Antoni Comín y Meritxell Serret han alegado en sus recursos a las órdenes de detención contra ellos "persecución política" por "los votos y opiniones" que emitieron como miembros del Parlament catalán y del Govern, así como la ausencia de violencia en el proceso independentista.

En los recursos ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra sus órdenes de detención europeas, a los que ha tenido acceso Efe, el abogado Gonzalo Boyé afirma que con ellas se ha vulnerado su inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria recogida en el Estatuto catalán, que "protege a los miembros del Parlament por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo y prohíbe detenerlos con ocasión del ejercicio de su cargo".

El letrado afirma que se les ha perseguido "por los votos y opiniones emitidos en el ámbito de la función parlamentaria y como miembro de un gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos".

Reconoce que sus defendidos, que se presentaron ayer ante las autoridades belgas tras conocer la euroorden, no están ya aforados después de su cese, pero cree que les asiste esta protección contenida en el artículo 57.1 del Estatut.

"Estamos ante una persecución de carácter político, absolutamente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico y en tratados internacionales (...) que impediría la investigación de estos hechos y, consecuentemente, la detención", afirma Boyé.

Además, para Boyé el relato de la juez, que acusa a los exmiembros del Govern de abonar en la sociedad la idea de la existencia de un derecho, "no sólo incluye un enfoque parcial y poco realista de la situación sociológica del momento sino que entra en el terreno del olvido de que la sociedad catalana, gran parte de ella -dos millones aproximadamente de ciudadanos- ya se encontraba 'abonada' y estudiada acerca del significado de un proceso soberanista de autodeterminación de Cataluña".

Con respecto al asedio a la Guardia Civil durante un registro en la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre, y que dio lugar a la apertura de esta causa por sedición en la Audiencia Nacional, cree que lo ocurrido debía haber sido investigado como un presunto delito de desórdenes, "cuya competencia correspondería al juzgado territorialmente competente".

Sin embargo -añade- este episodio "se ha exacerbado hasta el extremo de criminalizar la manifestación propiamente dicha. Tampoco ese día se produjeron detenciones y no fueron identificados los presuntos responsables de los daños cometidos contra tres vehículos policiales".

Sostiene que esa manifestación, de la que se ha responsabilizado a los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, "no fue convocada para un fin violento".

Considera también "preocupante para el Estado de derecho y democrático", que se haya "criminalizado" el referéndum del 1-0, como "acto de insurrección" violento, del que se sirvieron los miembros del Govern. Asegura que ese día la violencia "no fue ejercida por los participantes y sí se aprecian muchos hechos violentos provocados por numerosos agentes actuantes".

El abogado defensor afirma que se les ha perseguido "por los votos y opiniones emitidos en el ámbito de la función parlamentaria y como miembro de un gobierno elegido democráticamente por los ciudadanos"

A su juicio, en esta causa se ha transformado a "casi dos millones de votantes en las elecciones de octubre de 2015" en "dos millones de insurrectos violentos", lo que entiende que no se corresponde con el pacifismo que ha presidido las manifestaciones independentistas estos últimos años.

El abogado también califica el proceso de "inquisitorial" porque se le han imputado dos delitos más a sus defendidos en las órdenes de detención (prevaricación y desobediencia, que se unen a rebelión, sedición y malversación) y porque la juez no ha respetado las normas al no haber pedido al TSJC que se inhibiera a su favor.

En todo caso, para Boyé la Audiencia Nacional no es competente para investigar el 1-O, ya que en este tribunal "ni existe competencia para el conocimiento de los presentes hechos ni existe relevancia penal, al menos no la que se pretende dar" y que debe ser el TSJC quien los investigue.

Sostiene además que se está "utilizando indebidamente la vía penal para intentar soslayar la existencia de un problema político" y hace referencia a que un juez belga ha decretado la libertad de Puigdemont y el resto de exconsellers prófugos por los mismos hechos por los que sus defendidos están en prisión.

Y alega además indefensión de sus defendidos al señalar: "Creemos que las prisas, incomprensibles desde una perspectiva procesal y más en un tema que dista mucho de ser delictivo y que de serlo fuese competencia de la Audiencia Nacional, han llevado a esta situación en la cual se vulnera de manera flagrante el derecho de defensa".