La Junta de Representantes de los arquitectos de Madrid pide la dimisión de su decano

La junta de Representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid aprobó el jueves por la noche por 53 votos a favor y 45 en contra, con 4 abstenciones, “una invitación” para que dimitan el decano, José Antonio Granero, y el  tesorero, Javier González Herráez, tras conocerse que han sido adjudicatarios de un concurso municipal por valor de 3,5 millones de euros. 

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó hace algunas semanas cuatro concursos para hacer Inspecciones Técnicas de Edificios (ITEs). Dos fueron para empresas del sector y las otros se adjudicaron finalmente mediante concurso negociado sin publicidad. De estos últimos, uno fue para una sociedad en las que están el actual decano y su tesorero. El otro, para Ricardo Aroca, ex decano. Cada uno de los concursos tiene un importe de 3,5 millones de euros. 

El decano José Antonio Granero, que gobierna en minoría, restó importancia a esta votación “que no es una moción de censura” y añadió que sí que se aprobaron los presupuestos para el año próximo y las líneas de actuación. Explicó que algunos de los que votaron en contra le dijeron posteriormente que sólo era “un coscorrón”. Cree que se perdió la votación porque había un acto de homenaje a un arquitecto y algunos de los representantes que le apoyaban se ausentaron.  

De los 45 votos a favor de no dimitir, 11 corresponden a la misma Junta de Gobierno, incluidos el decano y el tesorero. Eso hace que la votación, sin contar los cargos, fuera de 53 a favor de la dimisión y 34 en contra. 

Antes de votar esta propuesta se presentó, pero no aprobó, otra que fue apoyada por 41 votos, incluidos los del decano y el tesorero, en la que se pedía a ambos que se inhibieran en su relación con el Ayuntamiento en las áreas que competen a los temas de edificación. Esta propuesta pareció surrealista a los grupos de oposición “porque queremos un decano con plena capacidad institucional”, dijo uno de ellos.

Transparencia, incompatibilidades y conflicto de intereses

Los arquitectos que pidieron la dimisión creen que los máximos representantes institucionales no pueden tener contratos que les vinculen profesionalmente con el Ayuntamiento de Madrid “porque ello les incapacita e inhabilita para actuar con máxima independencia de criterio frente a actuaciones e iniciativas de nuestra ciudad”, según dijo uno de los profesionales presentes en la junta del jueves. 

Uno de los colectivos organizado dentro de la junta lleva desde la Junta de mayo de 2012 presentando para su aprobación un código de transparencia, incompatibilidades y conflicto de intereses. “Nunca lo hemos conseguido aprobar porque la Junta argumentaba cuestiones jurídicas y otras pegas”, añadió el mismo arquitecto. 

Finalmente, este jueves consiguieron consensuar y aprobar un documento. Algunos profesionales no afines al Gobierno del COAM piensan que si este código se hubiera aprobado hace año y medio no hubiera pasado lo que ha sucedido con la adjudicación de este concurso. 

En la petición que se presentó para invitar al decano a dimitir se decía, según se lee en la web del COAM “que existe un convenio firmado entre el COAM, el COAATM (aparejadores) y el Ayuntamiento para que la adjudicación de una parte de esos servicios (ITEs) se realizara a través de la Bolsa de Trabajo”. Señalan que las anteriores Juntas trabajaron por tener activo y actualizado dicho convenio con el fin de proporcionar trabajo para los colegiados de Madrid.

Consideran que al conocer el concurso de las ITEs “no hubo recurso ni exigencia por parte del COAM para activar definitivamente este convenio y repartir la adjudicación de las ITEs a través de la Bolsa de Trabajo”. Entienden que quien ostenta un cargo de representación institucional no debe tener relaciones contractuales profesionales con las Administraciones, locales o autonómicas, puesto que afecta a la independencia con la que debe actuar frente a ellas en la defensa de la arquitectura y del ejercicio profesional. 

Los firmantes de la petición de dimisión consideran que el decano José Antonio Granero y el tesorero Javier González han incumplido el artículo 31 punto 2 de los estatutos que dice: “Los miembros de Junta de Gobierno no aceptarán cargo ni encargo alguno que pudiera comprometer su objetividad en el desempeñen o de las funciones que tengan encomendadas”.

No hubo consenso para reducir las compensaciones económicas que recibe la junta de Gobierno porque no se llegó a un acuerdo final.