Publicado: 23/02/2018 19:20
La inmobiliaria de lujo Mikeli ha anunciado este viernes en su página web la puesta a la venta "en exclusiva" del Pazo de Meirás, propiedad de la familia Franco y ubicado en la localidad coruñesa de Sada, por ocho millones de euros.
"El Pazo de Meirás está en venta", publicita esta empresa inmobiliaria radicada en Cantabria en internet.
El anuncio se ha publicado este viernes y ya no se puede acceder por internet, debido, afirman desde la inmobiliaria, a la cantidad de visitas recibidas. En él figuran fotografías del exterior del inmueble y un vídeo de la propiedad incluido en el catálogo de la inmobiliaria, que considera "un gran hito profesional" contar en su catálogo con el pazo, que tiene categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2008.
Fuentes de la inmobiliaria han declinado hacer más comentarios sobre la puesta en venta del inmueble, sobre el que la Xunta tiene derecho de tanteo en el caso de que se produzca una hipotética oferta.
Tras conocerse la publicación de la oferta, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña, Goretti Sanmartín, ha urgido a la Xunta a iniciar "de manera inmediata" un expediente sancionador a la familia Franco por anunciar la venta del Pazo de Meirás sin transcurrir los dos meses preceptivos para poder ejercer el derecho de tanteo.
La formación política Sadamaioría, por su parte, ha defendido la presentación "inmediata" de una acción de nulidad por la vía judicial civil contra del título de propiedad de los Franco sobre el inmueble, así como la correspondiente anotación preventiva en el Registro de la propiedad.
Residencia de verano de Franco
El Pazo de Meirás fue propiedad de la escritora Emilia Pardo Bazán y sirvió de residencia de verano durante muchas décadas del dictador Francisco Franco, a quien el pueblo gallego donó el edificio y los terrenos que lo rodean en 1938 tras una cuestación popular.
Asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de A Coruña han exigido en la últimas década la devolución del inmueble a la sociedad por considerar que la familia Franco se hizo con la propiedad de forma ilegítima al tratarse de donaciones obligadas o recaudadas por coacción.
La declaración del pazo como Bien de Interés Cultural obliga a los familiares de Franco a abrirlo al público cuatro días al mes. La familia Franco se opuso a esta decisión de apertura, pero un proceso judicial que culminó en 2010 con una sentencia del Tribunal Supremo ratificó esa decisión del gobierno gallego.
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