Publicado: 04/02/2015 04:00
La comisión parlamentaria de investigación abierta en Cataluña para indagar en el origen de la fortuna de la familia Pujol está dando algunas sorpresas y no es menor la solicitud que ha cursado a la Agencia Tributaria para que comparezcan sus responsables y den cuenta, entre otras cosas, de los mecanismos y las prioridades que rigen en la inspección y la lucha contra el fraude fiscal.
CiU y ERC intentan ampliar el abanico de la investigación para desviar la atención sobre Pujol
En fuentes de CiU se reconoce que esta petición busca no solo acceder a la información sobre los planes de inspección fiscal con los que trabaja la Agencia, sino desviar la atención de la familia Pujol para ampliar el abanico de las sospechas y dejar el caso del molt honorable en una pura anécdota que tenga escaso recorrido en los medios de comunicación.
La respuesta que la Agencia Tributaria ha remitido al Parlamento catalán es clara y está amparada, entre otras, en la ley General Tributaria. En primer lugar, recuerda que el control parlamentario de los órganos de la Administración del Estado corresponde de forma exclusiva a las Cortes Generales. Esta es, además, la doctrina del Consejo de Estado, órgano que ha dictaminado que las competencias de los parlamentos regionales debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia comunidad autónoma, sin que puedan alcanzar a organismos de la Administración estatal.
Hacienda deja abierta la puerta a ceder información
Además, la Agencia deja claro en su respuesta al Parlamento catalán que la Administración Tributaria del Estado no puede informar a la comisión de investigación sobre los mecanismos y prioridades en la lucha contra el fraude fiscal, por ser unos datos incluidos en los planes estatales de inspección y, por tanto, una información reservada que no puede trasladarse a instancias ajenas a la aplicación de los tributos. De cualquier modo, Hacienda deja abierta la puerta a ceder determinada información bajo causas tasadas por ley: que se refiera a personas que desempeñen o hayan desempeñado altos cargos en todas las administraciones públicas, que el objeto de la indagación se centre en el desempeño de estas responsabilidades y que las comisiones de investigación demuestren que sin tales datos, informes, antecedentes o documentos, sería imposible cumplir la función para la que fueron creadas. Si se cumplen estos requisitos, se podrá proporcionar información al Parlamento catalán o a cualquier otro que tenga abierta una comisión de investigación.
La Agencia Tributaria será flexible en la entrega de documentación si la petición está motivada
La ley tampoco contempla la comparecencia personal de una autoridad o funcionario de la Administración tributaria en los parlamentos autonómicos, algo que la Agencia Tributaria también ha recordado al Parlamento asturiano en la investigación que sigue sobre la fortuna acumulada por el exsindicalista del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa. Sin embargo, la reacción de la Cámara asturiana ha sido radicalmente distinta a la del Parlamento catalán. La primera ha valorado la disposición de Hacienda a ceder la información que permite la ley y deja sin efecto el requerimiento de comparecencia que cursó al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez. Por el contrario, el Parlamento catalán, a través del miembro de la Candidatura de Unidad Popular David Fernández, presidente de la comisión de investigación, ha amenazado con acudir a la fiscalía para que acuse de desacato a los responsables estatales de la Agencia Tributaria y también al comisario central de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, Manuel Vázquez, que también se ha negado a comparecer para someterse al bombardeo de quienes amparan a la familia Pujol.
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