Antonio Pezzi (C's): "En otros países, un político al que se le ha pagado la luz dimitiría"

Quedó a las puertas de entrar en el Ayuntamiento de Madrid en las pasadas elecciones del 24-M como el octavo concejal del grupo C's. Unos pocos miles de votos lo impidieron. Ahora, y tras someterse una vez más a las primarias internas, Antonio José Pezzi Acosta será candidato del partido de Albert Rivera al Senado por Madrid, junto a Carlos Alemany y Eva Sagardoy. Miembro de una saga familiar de políticos, es hijo de Antonio Pezzi Cereto, antiguo miembro de UCD, y sobrino de Manuel Pezzi, veterano del socialismo andaluz y diputado en el Congreso por Granada. Este abogado, de 47 años y raíces malagueñas, pero afincado en Madrid, se afilió a Ciudadanos en 2013, partido con el que quiere superar la vieja política y llevar la regeneración democrática a las instituciones.

-Usted aspira a ser parlamentario de una Cámara que su partido quiere eliminar y convertir en un Consejo de Presidentes. ¿Por qué prescindir de ella?

El Senado tal y como estuvo pensado por los redactores de la Constitución era una Cámara de personas mayores, de reconocido prestigio en diferentes ámbitos, se suponía. Y de segunda lectura, es decir, el Congreso proponía leyes, que luego pasaban al Senado, donde personas menos politizadas, aunque pertenecieran a partidos políticos, y más técnicas decían a los miembros de Congreso qué estaba mal redactado en una ley o advertían de posibles interpretaciones distintas, que se querían evitar. Así, devolvían el texto al Congreso, que tenía la última palabra. Esto hoy se ha pervertido porque al final en el Senado están políticos de los mismos partidos, que no tienen mayor opinión que la del partido correspondiente, y como Cámara de segunda lectura está totalmente degradado. No tiene funciones ahora mismo. Por tanto, mantenerlo es un poco absurdo.

"Es muy importante obligar a las comunidades a alcanzar acuerdos cuando hay conflictos"

Sí podría ser una Cámara de representación territorial, en la que estuvieran representadas las comunidades e incluso fuese árbitro en determinados conflictos entre comunidades. Sin embargo, nosotros consideramos que en vez de mantener el Senado tal y como está, sería mucho más razonable que la Cámara se convirtiera en un lugar donde estuvieran representadas las 17 comunidades, por medio de sus presidentes, y donde hubiesen comisiones integradas por los consejeros de los Gobiernos autonómicos. Ellos se encargarían de la celebración de las sesiones principales. De esta forma, el Estado se convertiría en árbitro y catalizador de esas propuestas. Es muy importante obligar a las comunidades autónomas a alcanzar acuerdos cuando hay conflictos, por ejemplo, con el marrón del agua. En dicha Cámara se votaría con una ponderación por población y se llegaría a conclusiones por mayoría absoluta. Aquí se podrían haber discutido también el tema independentista (de Cataluña) y haber parado antes un incumplimiento de una comunidad sobre determinadas competencias que no le corresponden.

-¿Hay otra propuesta de su proyecto que pueda tener especial incidencia en Madrid?

-También queremos modificar la forma de elección de los diputados con una propuesta que sería similar al sistema alemán. Los ciudadanos dispondrían de dos votos, es decir, habría dos urnas para el Congreso, una donde se votarían a un partido en una lista cerrada, y otra, donde se dividiría la provincia en circunscripciones más pequeñas, en las que se podrían presentar personas normalmente integradas en un partido o no, esto es, independientes. En cada uno de esos distritos, se elegiría al ganador, siempre en segunda vuelta para que quienes votaran a los partidos más pequeños pudieran tener una segunda oportunidad, e iría al Congreso, consiguiendo una mayor integración entre los políticos y los ciudadanos. El ganador sería elegido, de este modo, personalmente por los ciudadanos, que luego podrían dirigirse a él y exigirle también de manera personal.

Por ejemplo, en una provincia como Madrid habría 21 distritos, en los que se elegirían 21 diputados (de los 38 con que cuenta en el Congreso) personalmente y el resto por el sistema proporcional de partidos políticos.

-La reforma institucional presentada en Cádiz también plantea la fusión de ayuntamientos pequeños. ¿Cómo afectaría esta medida a los de la Comunidad de Madrid? ¿Qué les diría a aquellos que ven aquí el principio de fin del municipalismo?

-Esta medida está pensada fundamentalmente como consecuencia de la disolución de una figura que no existe en Madrid al ser una comunidad uniprovincial, que es la de las diputaciones provinciales o consejos comarcales en algunas comunidades como Cataluña. Ni a los diputados provinciales ni a su presidente los eligen los ciudadanos directamente, sino que es una elección derivada. Nosotros queremos quitar las diputaciones porque consideramos que duplican funciones de las autonomías. Además, muchos de los casos de corrupción han venido de ellas.

"Hemos permitido que el PP gobierne en la Comunidad pero a cambio de una regeneración democrática"

En el caso de Madrid, donde no existe la Diputación, lo que se haría únicamente es devolver más competencias a las comunidades y en los pueblos pequeños, que no desaparecerían, habría mancomunidades de servicios. Lo que es absurdo, por ejemplo, que en Buitrago de Lozoya haya x número de policías locales y en el pueblo de al lado cinco y en el de más arriba, seis, cuando podría haber una comisaría en cada pueblo y un grupo de policías locales que hicieran los servicios integrados. Así habría seguro un mejor servicio, también de recogida de basuras, de atención en ventanilla única… No se trata de disolver ayuntamientos, sino de integrar servicios en una entidad mayor.

No obstante, esta unión de servicios no tendría una implantación importante en la Comunidad de Madrid porque aquí hay municipios muy grandes. Y al no haber diputación, el Gobierno de la Comunidad da ya esos servicios. Es una medida pensada más bien para provincias de Castilla y León o de Castilla-La Mancha donde realmente hay pueblos pequeñísimos, que no tienen servicios y donde las diputaciones dan esos servicios de una manera que se podría mejorar.

-Tendrá que lidiar en campaña con las críticas por el acuerdo de investidura en la Comunidad de Madrid que selló su partido con un PP salpicado por el ‘caso Púnica’ y otros escándalos. ¿Cómo responderá?

-Nosotros, en realidad, lo que hemos hecho es permitir que gobierne el partido más votado siempre y cuando nos aceptaran una serie de medidas que se están cumpliendo. Además, curiosamente el PP se está colgando la medalla de esas medidas que llevábamos en el programa electoral. Por ejemplo, los famosos 20 euros del abono transporte para los jóvenes de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, nosotros hemos permitido que el PP gobierne pero a cambio de una regeneración democrática que, además, se está notando en las diferentes medidas.

También nos pasa en Andalucía, donde nos dicen que permitimos gobernar al PSOE. Lo hicimos porque tuvieron una amplia mayoría en las elecciones y la alternativa era ir a otras elecciones o que se echaran en manos de Podemos. Ante ello, dijimos ‘les imponemos una serie de medidas de regeneración democrática’. No hay que olvidar que Chaves y Griñan ya no están y que siempre habían estado. Y vamos avanzando. Nosotros realmente no gobernamos con nadie, sino que permitimos gobernar a cambio de seguir adelante con propuestas de una regeneración democrática e institucional, que es nuestra función.

Cuando un Gobierno municipal, regional, o en el futuro, nacional, implementa o implanta nuestras propuestas, nosotros estamos encantados. No estamos aquí para destruir, sino para crear. Apoyaremos siempre al que apoye nuestras propuestas, sea quien sea.

-También le van a atacar por el flanco de Eva Borox, diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid a la que el cabecilla de la trama Púnica ha acusado de recibir regalos. ¿Confía en que este asunto quede en nada?

-Por ahora no hay ninguna decisión judicial, que yo sepa. El hecho de que un presunto delincuente señale a alguien no significa que sea verdad. Habrá que investigarlo y si luego hay alguna prueba que diga lo contrario, en nuestro partido lo tenemos muy claro: tendrá que poner a disposición su cargo y se tomarán las medidas que se tengan que tomar. Pero realmente hasta hoy no hay nada. Además, por esa regla de tres, le podría contestar qué hace Rajoy que no se va cuando Bárcenas le señaló claramente con el dedo.

"No hay que olvidar que Chaves y Griñan ya no están y que siempre habían estado"

Todos sabemos lo que hace alguien que está entre la espada y la pared inmerso en una imputación judicial. Sería lo mismo, tendría que irse Rajoy también. Cuando nos atacan por Eva Borox, podremos atacar por Rajoy, que parece ser que cobraba en un momento determinado lo que no tenía que cobrar, porque lo dice Bárcenas, no porque lo diga yo. Y, ¿yo creo a Bárcenas? No, hasta que se demuestre lo contrario.

-En Madrid, en Andalucía y en otras regiones, C’s está teniendo las principales dificultades a la hora de captar votos ente las personas mayores. ¿Qué harán para conseguir el mayor número de apoyos en este sector de la población?

-La gente mayor tiene el problema quizá, y por eso hay que trasladarles el mensaje, de que ha visto habitualmente una España muy bipolarizada hasta este momento. O eras del PP o eras del PSOE. No había un partido de centro. Sin embargo, va calando el mensaje de que pueden haber otras alternativas y creo que en Madrid, que es lo que conozco y por donde me muevo, la gente mayor de un cierto nivel cultural cada vez está entiendo mejor lo que pretendemos transmitirle. Y a los demás, habrá que explicárselo, habrá que ir a la calle, y si hace falta a uno por uno.

-'Vozpópuli' ha publicado en exclusiva que la Comunidad de Madrid pagó durante años la luz del domicilio de la líder del PP madrileño, Esperanza Aguirre, circunstancia que ella niega tajantemente. ¿Cree que hay que pedir a Aguirre responsabilidades políticas más allá de que abone los 5.000 euros que reclama Unión Fenosa y que la Comunidad de Madrid no está dispuesta a pagar?

-En principio, si eso es así, ningún ciudadano lo va a ver razonable. A ningún ciudadano le paga el Estado la luz; es más, no le paga la electricidad ni siquiera a los más necesitados. Entonces, si eso es así, si se lo ha pagado a Esperanza Aguirre, ella debería como mínimo devolverlo y pedir perdón. No obstante, nosotros lo que queremos es mirar hacia adelante y que eso no vuelva a ocurrir en España, que nadie se beneficie de dinero del Estado, del que recauda de todos los españoles mediante sus impuestos, para cuestiones que son privadas. Frente a ello, lo que hay que hacer es que no vuelva a ocurrir. Que tenga que pedir o que se le puedan pedir responsabilidades políticas, pues sí; en otros países, a lo mejor, un político al que se la ha pagado la luz dimitiría. Usted ya sabe en España la política como ha sido. Aquí no dimite nadie. Pero lo fundamental para nosotros es que eso en el futuro no vuelva a ocurrir y haya controles suficientes para que no sea posible. No dar lugar a que si te pillo, dimitas.

-¿Qué opina de la gestión que está haciendo el Gobierno de Manuela Carmena para combatir la alta contaminación desde el Ayuntamiento de Madrid? ¿Limitar la velocidad en la M-30 y restringir el aparcamiento a los 'no residentes' son las soluciones?

-No lo sé y los técnicos tampoco, como hemos visto en los medios de comunicación, donde han aparecido opiniones diferentes. En primer lugar, la contaminación es un problema gravísimo. A nadie se le ocurre beber agua contaminada y llevamos años con el aire contaminado. Hay que tomar medidas. En segundo lugar, aquí se está aplicado la ley. Es una normativa que además aprobó la exalcaldesa Ana Botella implementando, a su vez, otra europea. Por tanto, lo que dice la ley es eso y las leyes hay que cumplirlas. Ya nos gustaría que todo el mundo cumpliera la ley, lo digo por lo que está ocurriendo en el noreste.

En este caso de Madrid, la ley hay que cumplirla y si hubiera un sistema mejor, pues habría que implementarlo. Lo que está claro es que no podemos solamente limitarnos a que los días de alta contaminación se limite el tráfico con estas medidas, que hay que hacerlo porque lo dice la ley municipal, sino que habrá que pensar cómo reducir la contaminación en un futuro. Y habrá que pensar también cuál es el modelo de movilidad que queremos para la ciudad de Madrid. No obstante, insisto, ahora se está cumpliendo la ley y si la ley es mala o no consigue la finalidad, habrá que cambiarla.