Publicado: 25/02/2016 04:00
El pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos, ratificado este miércoles, contempla la supresión del aforamiento de diputados y senadores, así como de los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, pero blinda los del Gobierno, Casa Real y cúpula judicial. Una medida que implica una reforma urgente de la Constitución y que ya recogía, casi de forma literal, el programa electoral del partido de Albert Rivera para los comicios del 20-D.
Sánchez ya dijo en 2014 que "no tendría problema" en suprimir del todo el aforamiento a diputados
El aforamiento, privilegio de ciertos cargos públicos y altos cargos de la Administración de ser juzgados por un tribunal diferente al resto de ciudadanos, es una figura procesal que casi todos los partidos tratan de adelgazar. El PSOE, en su programa para las pasadas elecciones, contemplaba "limitar los aforamientos al ejercicio de la actividad política", pero sin suprimirlos de forma definitiva para parlamentarios y senadores.
El propio líder de los socialistas, Pedro Sánchez, se mostraba favorable, al poco tiempo de acceder en 2014 a la Secretaría General, a "suprimir el aforamiento a todos los diputados y diputadas del Congreso". "Yo no tendría ningún problema", dijo entonces Sánchez. Hasta ese momento, el PSOE había mantenido una postura ambigua. En 2013 el partido se abstuvo en la votación en el Congreso de una propuesta de UPyD para acabar con estos privilegios.
Dos mil políticos aforados, un 11% del total
En España hay alrededor de 17.000 personas aforadas (sin contar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con un aforamiento parcial), de los cuales 2.000 son representantes políticos (diputados nacionales y autonómicos, senadores y miembros del Gobierno que solo pueden ser juzgados por el Supremo). El grueso de los aforamientos en España está destinado a jueces, fiscales y jueces de paz, por lo que de salir adelante la medida, el número de aforados se reduciría solo en alrededor de un 11%.
El presidente del CGPJ, del Supremo o del Constitucional quedarían fuera de esta reforma
Fuera de esta reforma quedarían los miembros del futuro Gobierno, el Rey Felipe VI, la familia real (la Reina Letizia, los reyes Juan Carlos y Sofía y la Princesa de Asturias) y algunas de las figuras más importante de la cúpula judicial, como el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, los vocales del CGPJ o el Fiscal General del Estado, cuyos aforamientos no están regidos por la Constitución sino por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El abultado número de aforados en España es una anomalía si se compara con otros países europeos y occidentales. En Estados Unidos, Reino Unido o Alemania no existe esta condición, y en otros como Francia o Italia solo están aforados el presidente, el primer ministro y los ministros.
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