Publicado: 13/09/2016 04:00
Parece una broma, si no se hubieran invertido 70 millones de euros. El Gobierno de Cristina Cifuentes no incluirá en los presupuestos del año 2017 la compra de la MP-203, una autovía de peaje que construyó Cintra para descongestionar la entrada a Madrid por las A-2 y A-3, y que está prácticamente terminada pero paralizada en los juzgados.
Esta vía, conocida como la ‘carretera de Vallecas a Alcalá de Henares’, fue adjudicada en el año 2005 por el Gobierno de Esperanza Aguirre a Cintra, una filial de Ferrovial, que a los dos años prácticamente tenía terminada la vía. Se trataba de la segunda carretera de peaje de la Comunidad de Madrid, después de la M-12 que une Madrid con la T4 de Barajas.
Muchos especialistas del sector nunca comprendieron que empresas como OHL se presentaran al concurso para hacerse con una carretera de peaje para llegar al aeropuerto. “Esa moda de tener que pagar para llegar al aeropuerto fracasará en España”, dijo entonces a este periódico un técnico. Y fracasó. OHL ganó el concurso y la vía tuvo desde el principio muy pocos clientes. El resultado fue que la M12 entró en concurso de acreedores y un juez tramita ahora su liquidación. La MP-203 llevaba el mismo camino, incluso antes de comenzar a funcionar.
El parón se produjo por culpa de la falta de autorización para enganchar la carretera con la R-3 y por las pegas de Adif a un túnel sobre la línea del AVE Madrid-Barcelona
El Gobierno de Cifuentes anunció poco después de llegar a la Puerta del Sol que se haría con la nueva carretera que aligeraría los atascos que se producen en la A-2 (Madrid/La Junquera) y la A-3 (Madrid/Valencia). La Consejería de Transportes quería una rebaja en el precio y aplazamiento de pagos, después de que Cintra abandonara las obras cuando faltaba sólo un 20%.
El parón se produjo por culpa de la falta de autorización para enganchar la carretera con la R-3 y por las pegas de Adif a un túnel sobre la línea del AVE Madrid-Barcelona. Desde algunas instancias, incluso de la Comunidad de Madrid, se criticó la sospechosa actitud de dos organismos, el Ministerio de Fomento y Adif, tan cercanos al Gobierno de Aguirre. Ambos pusieron muchas pegas a esta obra pública.
El asunto terminó paralizado en un juzgado y la realidad es que miles de ciudadanos quedan enganchados en un atasco diariamente cuando podrían utilizar esta vía como escape del embotellamiento. El objetivo del Gobierno era comprarla a la concesionaria (que tenía 30 años para explotarla) a bajo precio y ponerla en funcionamiento tras terminar las obras. Pero los juzgados tienen parado el fallo sobre la resolución que pretende la empresa constructora, mientras los ciudadanos pierden el tiempo en embotellamientos.
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