Moncloa y Generalitat crean en secreto dos grupos de expertos para buscar soluciones al conflicto catalán

La preocupación de las grandes empresas y de las entidades financieras con intereses en Cataluña va en aumento porque no perciben una salida sencilla en el oscuro desfiladero por el que Artur Mas ha introducido su guion soberanista. Entre las firmas que mayor antagonismo están expresando en silencio hacia el proyecto separatista al que sobrevive abrazada la Generalitat, fuentes nacionalistas citan al grupo Nutrexpa, al grupo Puig y, por supuesto, a Caixabank. El vicepresidente de esta última entidad, Juan María Nin, celebró el pasado sábado una fiesta por todo lo alto en su casa de la Costa Brava a la que asistieron más de un centenar de invitados con presencia masiva en las empresas del Ibex y la inquietud por la deriva catalana fue el plato principal. Como lo fue también en la visita que giró este miércoles a Madrid el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Joaquim Gay, quien desde hace dos años y medio es testigo presencial del viraje independentista emprendido por Artur Mas después de la dura contestación que sufrió en 2011 a los recortes de gasto en Cataluña y la búsqueda de sus principales culpables en Madrid. “Las empresas catalanas tienen cuidado de no hacer ruido, no quieren enfrentarse a la Generalitat, pero desde la discreción nos están haciendo continuas señales de que algo debemos estar haciendo muy mal cuando hemos dividido tanto a la sociedad”, revelan fuentes nacionalistas.

La preocupación por la deriva secesionista de Cataluña estuvo presente en la fiesta que Juan María Nin (Caixabank) dio el sábado y en los contactos que Joaquim Gay (Fomento) mantuvo ayer en Madrid

En CiU se reconoce que esta presión silenciosa de los principales grupos de intereses económicos que operan en Cataluña, cuyo eco ha llegado de forma directa tanto a la Generalitat como a los principales despachos de La Moncloa, está influyendo en los movimientos que empiezan a percibirse en los Gobiernos de Cataluña y Madrid para encontrar una salida pactada al inquietante escenario abierto para la estabilidad del Estado. De hecho, desde el pasado lunes han comenzado a trabajar en secreto dos grupos de expertos a los que Mariano Rajoy y Artur Mas han encomendado el estudio de alternativas a la consulta soberanista con la que los nacionalistas quieren salvar su legislatura. Desde La Moncloa ya se ha trasladado con nitidez a la Generalitat que una consulta de esta naturaleza ni está prevista en la Constitución ni va a ser autorizada por el Estado, por lo que si se insistiera en seguir por una vía cegada legalmente de antemano, tendría que reproducirse un camino parecido al que a partir de 2005 se recorrió en Madrid contra el exlehendakari Juan José Ibarretxe, una experiencia que le achicharró políticamente y abrió con el tiempo la puerta a la entrada de los socialistas en Ajuria Enea.

“Sabemos que es muy difícil que haya consulta, de hecho algunos estamos completamente seguros de que no llegará a celebrarse. Hasta ahora Rajoy no se ha movido un ápice, pero la creación de estos grupos de trabajo y el compromiso mutuo de que van a trabajar con discreción y sin focos, alienta las esperanzas de un posible acuerdo, difícil pero imprescindible para evitar el choque de trenes”, aseguran fuentes nacionalistas bien informadas. Ninguno de los expertos designados participa ni en el Gobierno central ni en el catalán, se ha buscado a personas que no están en primera fila “para que la razón prevalezca sobre la pasión”. Cuando todas las alternativas estén sobre la mesa, la última palabra se pronunciará desde La Moncloa y desde la Plaza de San Jaume, teniendo en cuenta que tanto Mariano Rajoy como Artur Mas se han obligado a mantener un contacto fluido y directo que, en todo momento, les alumbre sobre las coordenadas políticas en las que actúa cada uno. Para el presidente, este diálogo “no tiene fecha de caducidad”.

Ninguno de los expertos designados por La Moncloa y la Generalitat para aproximar posiciones tienen responsabilidades de gobierno

El Gobierno es plenamente consciente del toril en el que Esquerra Republicana ha introducido a CiU y del chantaje sobre el que se asienta su exploración de la hegemonía política en Cataluña: o se fija la fecha de la consulta y la pregunta antes de fin de año, o la legislatura quedará tocada de muerte, le ha advertido Oriol Junqueras (ERC) a Artur Mas. Desde el bando contrario, los nacionalistas conocen también las dificultades que puede encontrar Mariano Rajoy para ensayar un gesto económico con Cataluña que ayude a desactivar la contestación ciudadana en esta comunidad y el compromiso de celebrar un referéndum.

Si el margen político para el acuerdo es estrecho, el económico lo es todavía más. La ley de Estabilidad Presupuestaria tiene sus reglas para el conjunto de las comunidades autónomas, Cataluña tiene todavía este año recortes pendientes por importe superior a los 2.000 millones y los gestos solo podrían llegar, en buena lógica, del nuevo modelo de financiación que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tendrá que echar a rodar el año que viene cuando venza el actual. Sin embargo, el desafío catalán es de tal magnitud, coinciden en el Gobierno y en el CiU, que van a analizarse todos los escenarios posibles, pues el único que han descartado Rajoy y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, es el de la celebración de un referéndum autorizado por el Estado.

Gobierno y CiU asisten asombrados y preocupados a la indefinición del PSOE y del PSC sobre el problema catalán

Sáenz de Santamaría no ocultó este miércoles en el Congreso el malestar con el que el Gobierno asiste asombrado a la indefinición profesada por el PSOE ante el problema catalán. “El PSOE ni siquiera es capaz de ponerse de acuerdo en los grandes asuntos de Estado”, denunció la vicepresidenta a escasos metros de Alfredo Pérez Rubalcaba. Mientras el PSC no descarta ahora mojar en la salsa del ‘derecho a decidir’, el líder socialista sigue anclado en su propuesta federal y en un cambio constitucional sin perímetros definidos. Esta inquietud es también compartida en la dirección de CiU. “Un Partido Socialista fuerte con una idea clara de país podría ejercer un papel mediador que en unas circunstancias tan complejas resultaría decisivo. Ni Rubalcaba ni Pere Navarro [PSC] están a la altura de las circunstancias”, asegura un dirigente nacionalista.