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España

El Parlament continúa con su hoja de ruta: convoca la comisión constituyente para el 8 de marzo

El Parlamento catalán.

El Parlament catalán ha dado un paso más en su hoja de ruta para la independencia. La vicepresidenta de la comisión de estudio del Proceso Constituyente, Gabriela Serra (CUP), ha convocado este lunes una sesión para el martes 8 de marzo. Esta convocatoria supone una nueva vuelta de tuerca en el pulso que mantienen la Generalitat y el Gobierno central, dado que éste último pidió el 29 de enero al Constitucional que anulara la comisión, algo frente a lo cual el Parlament presentó alegaciones.

El Parlament presentó alegaciones contra la petición de Gobierno, argumentando que la iniciativa "no puede ser considerada como un acto que deriva" de la resolución independentista

Según ha informado el Parlamento catalán en un comunicado, el orden del día tiene dos puntos: ratificar a Lluís Llach (JxSí) como nuevo presidente de la comisión -en sustitución de Muriel Casals que falleció el 14 de febrero- y preparar el plan de trabajo que deberán desarrollar los diputados en los próximos meses. Hasta este lunes solo se había convocado la sesión constitutiva, la que precisamente sirvió para nombrar a Casals como presidenta, y de la que se ausentaron PSC y C's, contrarios a la creación de esta comisión.

Impugnada

El Gobierno central pidió el 29 de enero al Tribunal Constitucional (TC) que anule la comisión, alegando que infringe la sentencia del mismo Alto Tribunal en la que anuló la resolución soberanista aprobada por la cámara el 9 de noviembre de 2015. Precisamente el viernes de la semana pasada el Parlament presentó alegaciones contra la petición de Gobierno, argumentando que la iniciativa "no puede ser considerada como un acto que deriva" de la resolución independentista.

La creación de la comisión de estudio es una iniciativa parlamentaria que, como tal, es "autónoma e independiente de la resolución y da origen a un nuevo procedimiento parlamentario cuyo resultado no está determinado", alegaron los letrados de la Cámara catalana. Consideraron "extraordinariamente forzada y desproporcionada" la tesis del Gobierno central de que la comisión podría dar fruto a declaraciones que vulneraran la anulación de la resolución del 9N porque no se pueden emprender medidas en base al riesgo y a especulaciones.

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