España

Veinticinco exministros justifican la suspensión de la autonomía catalana en caso de independencia unilateral

Defienden el "derecho a decidir, pero para todos y entre todos". Aseguran que "no se podría reprochar a ningún Gobierno que usase" el artículo 155 de la Constitución, ya que "imponer como hecho consumado una España sin Cataluña es disparatado".

El expresidente del Congreso, José Bono, uno de los firmantes del manifiesto
El expresidente del Congreso, José Bono, uno de los firmantes del manifiesto Archivo

Veinticinco exministros de UCD, PSOE y PP han suscrito un manifiesto en el que abogan por abrir un "riguroso análisis" sobre si la "singularidad" de Cataluña está siendo "reconocida y valorada de manera justa", pero con el límite de que cualquier reforma sea compatible "con el proyecto común que es España", según informa el diario El País. Los expolíticos, miembros de la Fundación España Constitucional, proponen una reforma de la norma fundamental en cuanto a la organización territorial, aunque insisten en que "imponer como hecho consumado una España sin Cataluña es disparatado" y que "una decisión de tal calibre, que alteraría el ser histórico y el existir de España, no puede adoptarse en elecciones autonómicas".

Piden "derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos" pues "no hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia". Ante una declaración unilateral de independencia los expolíticos creen que "no se podría reprochar a ningún Gobierno que usase" la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña -en referencia al artículo 155 de la Carta Magna-, una previsión constitucional "vigente" para situaciones graves. También consideran que en ese escenario "cabría utilizar" instrumentos de "carácter penal, de orden público y en general coactivos" para hacer cumplir la Constitución. No obstante prefieren las vías de reflexión y concordia y concluyen que "ahora es la hora de la prudencia y la responsabilidad".

"Imponer como hecho consumado una España sin Cataluña es disparatado", denuncian

De los 25 firmantes del manifiesto, titulado Ante el intento de separar Cataluña de España. Llamamiento a la reflexión y a la concordia, trece ocuparon una cartera ministerial con un Gobierno de UCD, siete con un Ejecutivo del PSOE y cinco lo hicieron con el PP, y todos están retirados ya de la acción política. Entre ellos hay nombres como Marcelino Oreja (presidente de la fundación), Rodolfo Martín Villa, Juan Antonio Ortega y José Lladó, por UCD; Cristina Garmendia, José Bono, Cristina Alberdi y César Antonio Molina, por el PSOE, y Josep Piqué, Pío Cabanillas, Eduardo Zaplana y Abel Matutes, por el PP.

La Fundación España Constitucional fue impulsada por Bono y Zaplana en 2013 para defender la norma fundamental. El documento consensuado parte de un llamamiento al diálogo a las principales fuerzas políticas ante "tan desatinado y grave propósito" como es "un plebiscito separatista" que plantea Artur Mas en las elecciones del 27-S.

"Compatible con el proyecto común"

Los firmantes recuerdan que la Constitución consagró una "amplia descentralización política" y que Cataluña "nunca antes gozó de una autonomía tan profunda". Al mismo tiempo reconocen que hay nuevas circunstancias que aconsejan estudiar la reforma de la norma fundamental. En ese cambio señalan la organización territorial del Estado como una cuestión que la Constitución dejó "muy abierta" y que debería ser "actualizada" para "ajustarse mejor y de manera equitativa a las necesidades del conjunto de España y de los perfiles singulares propios de sus comunidades".

El manifiesto aboga en ese sentido por propiciar ante la opinión pública "un riguroso análisis sobre si su singularidad -la de Cataluña- está siendo reconocida y valorada de manera justa y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes". Los firmantes consideran que ese análisis ha de ser valiente y debe llevar a rectificar "cuando aparezca como equivocado sin excluir ningún asunto por delicado que sea".

La reforma resultante de esa reflexión tendrá, eso sí, un límite, que "debe ser compatible con el proyecto común que es España", esto es, que más allá del enfoque puramente catalán la organización territorial debe ajustarse "mejor" a la realidad de todas las autonomías. Los exministros cargan contra el proceso soberanista impulsado por los independentistas catalanes pues estiman que no respeta "los estándares y garantías exigibles en democracia".

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