Anatomía del desafío independentista: el camino que llevó a la causa por rebelión

Seis años de proceso soberanista caben en 70 folios de auto judicial. El magistrado Pablo Llarena puso el viernes el epílogo a un desafío soberanista con un relato que arranca en el año 2012 y finaliza, de momento, con el procesamiento de 25 dirigentes políticos catalanes, 13 de ellos por un delito de rebelión castigado con más de 20 años de cárcel. La narración del juez trata de sustentar la idea de que los hechos ahora investigados no son la consecuencia de unos meses de agitación, sino el plan mantenido durante años de incumplimento de sentencias con la participación de partidos e instituciones que vieron en las movilizaciones callejeras una forma de presión. Así hasta acabar “asumiendo la violencia” como herramienta para celebrar el referéndum y declarar la independencia.

Llarena otorga suma importancia a la reunión celebrada tres días antes del 1-O entre los mandos de los Mossos con Puigdemont, Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn. Los responsables policiales desaconsejaron realizar el referéndum porque habría violencia, pero los políticos decidieron seguir adelante. “Se había ideado que la movilización ciudadana era un instrumento necesario para que el Estado español aceptara la independencia y se conocía que se habían desplegado importantes fuerzas del orden para evitar el quebranto de legalidad”, explica el juez, que cita el “asedio” a la delegación de Hacienda una semana antes. No obstante, a su juicio, el camino se inició mucho antes.

El magistrado sitúa la génesis del desafío en el 19 de diciembre de 2012. Quedaban menos de una semana para Navidad y ese día un centenar de migrantes trataba de saltar la valla de Melilla, los medios empezaban a publicar reportajes sobre los niños de San Ildefonso y el mundo del fútbol se preocupaba por la salud del entrenador del Barça Tito Vilanova. También ese día, el candidato a la Presidencia de la Generalitat Artur Mas suscribía con el líder de ERC, Oriol Junqueras, el “Acuerdo para la Transición Nacional”. El procés echaba a andar. Aquel documento primigenio constaba de apenas 19, pero en él ya se hablaba de celebrar una consulta independentista en 2014.

2013: El primer aviso de la Justicia

El siguiente paso sólo se hizo esperar unas semanas cuando el 23 de enero de 2013 el Parlamento catalán aprobó una “Declaración de soberanía y del derecho a decidir de Cataluña”. El Gobierno recurrió esta iniciativa y el 25 de marzo de 2014 el Tribunal Constitucional la anuló al entender que otorgaba a una parte del territorio “el poder de quebrar por su sola voluntad la indisoluble unidad de la nación española”. La justicia daba así su primer aviso a la estrategia secesionista.

Antes de eso, en febrero de 2013, la Generalitat había creado el “Consejo Asesor para la Transición Nacional”. Entre sus funciones estaba la de analizar opciones jurídicas, esbozar estructuras de Estado o internacionalizar su proyecto. Los trabajos de este organismo se materializaron en 18 informes que se agruparon en el llamado “Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña”. A las siete de la tarde del 29 de septiembre de 2014, con toda solemnidad, Artur Mas desafiaba al Constitucional y presentaba este documento en un acto en el Parlament. Los soberanistas anunciaban los pasos a dar hacia un país independendiente “que las fuerzas políticas impulsaron desde entonces”.

 El juez Llarena sostiene que el plan era que la independencia “pudiera alcanzarse mediante un marco de colaboración negociada con el Gobierno español, o que, por el contrario, se desplegaran instrumentos de oposición a la independencia por parte del Estado”. En este punto entra en juego la “utilización de la movilización popular”. Ya entonces, el Libro Blanco consideraba la “presión” de la calle “un factor decisivo” para forzar una negociación, pero en caso de que “no tuviese éxito, la alternativa que quedaría a la Generalidad sería declarar unilateralmente la independencia”.

La consulta del 9-N

Otra fecha clave para el juez Llarena fue el 26 de septiembre de 2014 con la aprobación de la Ley catalana de consultas populares y el Decreto de la Presidencia, un día después, que convocaba una consulta no refrendaria sobre el futuro político de Cataluña. Ambos fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional. Un segundo aviso, que tampoco fue atendido por las fuerzas soberanistas: el 9 de noviembre se celebró un referéndum bajo las preguntas “Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo ¿Quiere que sea un Estado independiente?”.

El 24 de febrero de 2015 el Govern estableció el Comisionado para la Transición Nacional al que se le encargó el “seguimiento de las estructuras de Estado”, que incluía “medidas fiscales, financieras y administrativas”. El tercer y cuarto aviso de la Justicia llegaron con dos nuevas resoluciones del Constitucional el 7 de julio de 2016 y el 10 de mayo de 2017 en las que se anulaban estas medidas y estructuras de Estado.

Para entonces la estrategia independentista ya había reunido en un “concierto de actuación ilegal” a las fuerzas soberanistas por medio de un “hoja de ruta” apoyada por CiU, ERC, Òmnium, ANC y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI). De ahí salió el acuerdo de celebrar unas elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre de 2015, que daría paso a la recta final del procés: en caso de ganar los comicios, se iniciaría “de inmediato” el camino que daría con la proclamación de la república catalana en un plazo máximo de 18 meses y la puesta en marcha de las estructuras necesarias.

El independentismo perdió el plebiscito en las urnas, pero tampoco eso le hizo renunciar a sus planes. Tras los comicios se designó a Puigdemont como nuevo presidente en sustitución de Artur Mas. “Dado que existía un acuerdo entre partidos y entidades soberanistas por compartir el impulso y la ejecución del proceso, Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) participaron en las conversaciones orientadas a lograr el pacto de investidura que impulsó la designación del nuevo presidente”, relata Llarena.

La agenda de Jové

Esta es la única parte de su relato de hechos en la que se refiere -en un pie de página- a la agenda de Jové y el documento Enfocats, considerados la pieza principal de la investigación del procés. En ellos se “reconoce la necesidad de una movilización colectiva creciente, en función de la reacción del Estado” o que “se contempló la introducción de los movimientos ciudadanos como instrumento para forzar al Estado a asumir la independencia y la necesidad de coordinar esos movimientos con la actuación de los Mossos d’Esquadra”.

El juez hace un recorrido por las diferentes movilizaciones, desde las Diadas hasta los disturbios del 20-S, a través de los mensajes en los que se alentaba a la independencia por parte de ANC y Òmnium y se animaba a desobedecer los mandatos judiciales. El juez usa palabras como “soflama” o que se “enardecía a la muchedumbre”. También recuerda que fueron estas entidades las que convocaron las manifestaciones contra los actos judiciales derivados de la consulta del 9-N: “afirmaban que los ciudadanos tenían la ocasión de demostrar que estaban dispuestos a hacer sacrificios personales para ponerse junto al presidente (Mas) y el resto de los acusados, añadiendo que se habían acabado las manifestaciones festivas”.

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 Ajenos en todo momento a las advertencias de la Justicia, el 9 de noviembre de 2015, la primera resolución del recién constituido Parlament con mayoría de diputados de Junts pel Sí apostó por la apertura de un “proceso constituyente no subordinado” y la creación de un Estado catalán. Esta resolución también fue impugnada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre de ese año al igual que la creación unas semanas después de la Comisión de Estudio del proceso constituyente.

Camino al 1-O, el desafío final

La máxima instancia judicial española también comenzó en ese momento a notificar de manera individual a los miembros de la Mesa del Parlament su obligación de acatar sus mandatos, pero eso tampoco detuvo los planes independentistas. La cámara autonómica aprobó en octubre la celebración de un referéndum, en este caso ya sí vinculante, y abordar un proceso constituyente. En febrero de 2017 el Tribunal Constitucional lo impugnó, pero sólo tres días después de que el BOE publicase el auto judicial, el Parlament aprobó su proyecto de presupuestos incluyendo “diversas partidas para gastos electorales y consultas” pensando en “habilitar partidas” para el 1-O.

Así llega Llarena hasta los meses de septiembre y octubre, es decir, la aprobación de las leyes claves de la desconexión, su suspensión por parte del Constitucional, la celebración del referéndum a pesar de ello, la declaración de independencia de Puigdemont y acto seguido su suspensión, la votación de independencia en el Parlament y la aplicación del artículo 155 por el Gobierno.

“Pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad de las distintas iniciativas y pese a la suspensión de los decretos para la celebración del referéndum, los órganos de la Generalitat continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las estructuras de Estado”, describe Llarena, que emplea buena parte de su auto en precisar los nombres de todos aquellos dirigentes, entre ellos todos los procesados, que firmaron los decretos desafiando los mandatos judiciales.

Con todo, el juez retorna al Libro Blanco para dejar una puerta abierta a que todo esto vuelva a suceder. Llarena concluye que se trata de “un ataque que puede estar en desarrollo, por más que se encuentre puntualmente larvado y que pueda pretender servirse de un relevo en sus protagonistas”.