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España

Cataluña se gasta 780.000 euros en el alquiler de su 'embajada' en Bruselas... sin incluir IVA ni sueldos

El representante del Govern ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj

Más de 780.000 euros. Es el importe que la Generalitat de Cataluña tendrá que desembolsar este año para pagar el alquiler de su "embajada" en Bruselas. La cantidad no incluye IVA ni otras partidas como el salario de su representante ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj

Los 773.702 euros anuales presupuestados se refieren únicamente al alquiler del local de la Rue de la Loi, tal y como ha comunicado el propio Ejecutivo catalán a raíz de una pregunta realizada por los socialistas catalanes, recogida por el periódico La Vanguardia.

La Generalitat se gastará en 2016 más de 780.000 euros en el alquiler de una oficina en Bruselas

La cifra contrasta con la partida que el Ejecutivo de Carles Puigdemont destina al mantenimiento del resto de sus delegaciones en el exterior. Según un informe proporcionado por la Consejería de Economía y Hacienda que dirige Oriol Junqueras, el Govern tiene asignados 50.000 euros para la renta anual de su "embajada" de Roma y 22.173 euros para la de Viena. En ambos casos, nuevamente sin IVA.

Precisamente, el secretario de la Unión Europea del Ejecutivo autonómico, Jordi Solé, aseguró que el Govern tiene pensado abrir "más de diez" delegaciones exteriores que se sumarían a las operativas en Francia, Suiza, Reino Unido, Irlanda, EEUU, Alemania y las citadas de Bruselas, Roma y Viena.

Asimismo, el informe detalla que la Generalitat cuenta con más de 150 inmuebles en régimen de alquiler entre los que destaca la oficina del expresidente José Montilla, cuya renta de más de 80.000 euros corre a cargo de Presidencia. Y no sólo eso, al arrendamiento del despacho hay que añadir 46.000 euros de gastos ordinarios y seguridad.

El departamento de Economía sostiene que entre 2012 y 2014 ha vendido 41 espacios que han supuesto unos ingresos de 545 millones de euros para el Ejecutivo catalán. La documentación también señala que cuenta con 32 locales vacíos en las cuatro provincias catalanas, la mayoría "pendientes de tramitación de venta por subasta pública".

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