España

La defensa de Sonia Castedo pedirá su absolución por el presunto amaño urbanístico

La Fiscalía solicita para la excalcaldesa penas que suman 10 años de prisión y una multa de 126 millones de euros por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias

Imagen de archivo de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Acstedo
Imagen de archivo de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Acstedo

La defensa de la exalcaldesa 'popular' de Alicante Sonia Castedo solicitará su absolución en la causa separada del caso Brugal que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según han confirmado a Europa Press este viernes los representantes legales de Castedo, el juzgado todavía no les ha dado plazo para presentar el escrito de calificación previo a la apertura de juicio oral, pero han adelantado que "sin ninguna duda" solicitarán la absolución.

En la causa, también se investiga a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y al empresario Enrique Ortiz, por supuestamente beneficiar a este último en la confección del plan urbanístico.

La Fiscalía pide 10 años de prisión para Castedo y Alperi

Este jueves se hizo pública la calificación provisional de la Fiscalía, en la que solicita penas que suman 10 años de prisión para la exalcaldesa y una multa de 126 millones de euros por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario y tráfico de influencias en concurso con prevaricación. Por su parte, la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento solicitó una pena de 4 años y nueve meses de cárcel para Castedo.

Para el antecesor de Castedo en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, el ministerio público solicitó una pena de 10 años de prisión por los mismos delitos, y una multa de 63 millones de euros.

Así mismo, para el empresario Enrique Ortiz, la fiscalía solicitó 8 años de prisión y una multa de 86 millones de euros por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento por particular de secretos o de información privilegiada, y los delitos continuados de tráfico de influencias por particular sobre funcionario público o autoridad y prevaricación.



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