La Fiscalía intenta salvar al PP del banquillo: destruyeron los discos duros de Bárcenas para cumplir la Ley

Objetivo: evitar que el Partido Popular se siente en el banquillo de los acusados por destruir presuntamente los discos duros de su extesorero, Luis Bárcenas. Con esta finalidad, la Fiscalía de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo de la causa y la revocación del auto donde la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Plaza de Castilla, Rosa María Freire, procesó a la formación de Mariano Rajoy por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.

En el citado recurso de apelación, conocido por Vozpópuli, la fiscal Carmen Luciáñez argumenta que "lo que hay en este procedimiento son declaraciones contradictorias" realizadas por el extesorero del PP así como "diferentes controversias entre el señor Bárcenas y el Partido Popular".

En este sentido, el Ministerio Público asegura que atendiendo a las diferentes declaraciones que el ex tesorero del PP ha prestado en sede judicial –tanto el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional como en el Juzgado Número 32 de Madrid- "no podemos considerar acreditado, ni siquiera indiciariamente, el contenido de dichos ordenadores. Y según el señor Bárcenas para poder acreditar dicho contenido sólo tenemos su palabra". De esta forma, la fiscal se alinea con los argumentos esgrimidos por el PP que asegura que las memorias internas de los ordenadores portátiles Mac y Toshiba que Bárcenas tenía en la sede nacional de partido, en Génova 13, estaban "vacíos".

La fiscal se alinea con los argumentos esgrimidos por el PP que asegura que los ordenadores portátiles Mac y Toshiba que Bárcenas tenía en Génova 13 estaban "vacíos"

En contraposición, el ex gerente popular mantiene que en ellos guardaba la agenda con las reuniones que su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta mantenía con los donantes de la formación, pantallazos de correos electrónicos, pagos de las campañas electorales, escaneados de pagos de la Caja B, etc.

Por otro lado, en su recurso la Fiscalía defiende que el protocolo de borrado que aplicó el jefe de los servicios de informática del PP, José Manuel Moreno, a los citados discos duros –fueron borrados 35 veces, rotos y tirados a la basura- "se ajusta a la legalidad vigente, a la Ley de Protección de Datos y a los instrumentos de borrado seguro".

Al PP no se le puede acusar de encubrimiento

De esta forma, la fiscal Luciáñez sostiene lo siguiente: "Consideramos que no se puede acusar al Partido Popular de este delito de daños informáticos por no haber establecido un modelo de organización y gestión adecuado para impedir la comisión del delito de daños cuando, en definitiva, su empleado se limitó a cumplir la Ley aplicando la Ley de Protección de Datos al borrado seguro del ordenador".

Además, sobre el delito de encubrimiento que la magistrada Freire atribuye al PP como persona jurídica, la Fiscalía lo rebate con este argumento: "Una vez determinada la imposibilidad de acreditar que en dichos ordenadores hubiera datos del señor Bárcenas, es imposible determinar su relevancia para el conocimiento de los hechos investigados en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y cuya destrucción, de esos supuestos datos tuviera como maniobra la ocultación, alteración o inutilización del cuerpo, los efectos o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento". De la misma forma, la fiscal sostiene que el Código Penal "no incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de encubrimiento (…) por lo que no podrá dirigirse el procedimiento contra el Partido Popular como persona jurídica".

La Fiscalía  de Madrid sostiene que ha sido "imposible" acreditar que en los discos duros "hubiera datos del señor Bárcenas"

Y si, según el Ministerio Público, contra el partido de Rajoy no puede dirigirse esta causa por un delito de encubrimiento, sobre su tesorera Carmen Navarro "no se ha podido acreditar ni al menos indiciariamente participación alguna, ni directa ni indirecta, en la destrucción de los discos duros de los ordenadores".

La fiscal Carmen Luciáñez añade que tampoco se puede atribuir actividad delictiva al jefe de servicios jurídicos del partido Alberto Durán, porque cuando dio la orden de que se borraran los citados discos duros los mismos no tenían "datos ni ningún contenido",  ni contra el jefe de sistemas informáticos del PP, José Manuel Moreno, quien "asumió ese cometido" limitándose a cumplir con la Ley.

Además, en su recurso de apelación, la fiscal de Madrid asegura que ni Navarro ni  Durán tenían relación "personal" ni "profesional" con Bárcenas ni coincidieron en el tiempo con la presunta contabilidad opaca. "Las investigaciones sobre la contabilidad no oficial del Partido Popular en ningún momento se extendía a sus personas ni podría haberse extendido puesto que en las fechas donde presuntamente se hubieron cometido los delitos investigados ninguno de ellos tenía vinculación con el partido ni con el señor Bárcenas", recalca la representante de la acusación pública. 

Por todos estos motivos, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Madrid que dé carpetazo a este procedimiento judicial y revoque el auto de procesamiento dictado por la juez Rosa María Freire. La fiscal insiste en que "la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional afirma que no se puede poner en marcha el mecanismo de un proceso penal, que indudablemente ocasiona un gravamen para el querellado, con afirmaciones vacuas y carentes del solidez como sería el presente caso".