Una acusación solicita dos años de prisión para la tesorera del PP por la destrucción de los discos duros

Dos años de prisión para la tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro y otros dos para el jefe de Servicios Jurídicos de la formación, Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Ésta es la petición de pena que ha realizado la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en el escrito donde también solicita que se siente en el banquillo de los acusados al Partido Popular por los delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Para la formación de Mariano Rajoy, ADADE pide que sea condenada a una multa de 109.500 euros como acusado exclusivamente del delito de daños informáticos mientras que para el jefe de sistemas, José Manuel Moreno, solicitan un año de prisión por los dos delitos por los que ha sido procesado.

"La destrucción de los discos duros ha impedido cualquier posibilidad de ahondar en la investigación" de la Caja B, defiende esta acusación

En el citado escrito presentado en el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, al que ha tenido acceso Vozpópuli, esta acusación sostiene que los hechos que se investigan en este procedimiento son de "extraordinaria gravedad dado que los discos duros señalados no solamente se borraron si no que se destruyeron y se arrojaron a la basura haciéndolos desaparecer consiguiendo de este modo hacer imposible el acceso a los datos que pudieran contenerse en los discos, discos que por otra parte, pertenecían al ordenador utilizado por una persona, Luis Bárcenas, que tenía conocimiento directo y absolutamente privilegiado, debido a las altas responsabilidades que había venido ocupando, de la práctica y usos de la contabilidad del Partido Popular, cuya financiación está y estaba siendo objeto de investigación judicial".

Asimismo, desde ADADE añaden que "qué duda cabe que en los discos duros destruidos y desaparecidos podrían encontrarse datos que fueran de vital importancia para las investigaciones en curso y que pudieran ayudar a esclarecer los turbios manejos contables y los movimientos de dinero incontrolado, la destrucción de los discos duros ha impedido cualquier posibilidad de ahondar en la investigación, lo que sin duda, además de constituir el referido delito de daños informáticos, ha constituido un delito de encubrimiento al evitar que se pueda conocer el contenido de los discos duros desaparecidos y destruidos".

Izquierda Unida solicita penas superiores

Además, esta asociación ha solicitado que en el juicio donde se juzgaran la destrucción de los discos duros declaren como testigos la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el ex tesorero Bárcenas, el ex responsable informático del Partido Popular Javier Barrero, el ex jefe de seguridad del partido, Antonio de la Fuente y la ex secretaria de Luis Bárcenas, Estrella Domínguez.

Lo cierto es que la instrucción de este procedimiento dio un vuelco cuando la semana pasada el único perjudicado directo del borrado de los citados discos duros, es decir, Luis Bárcenas, decidió retirar la acusación contra el PP. Sin embargo, aunque su decisión allana el futuro procesal de los 'populares' también es verdad que el resto de acusaciones han presentado en los últimos días duros escritos de acusación contra esta formación y contra sus empleados, Carmen Navarro, Alberto Durán y José Manuel Moreno, pidiendo a la juez que los siente a todos ellos en el banquillo de los acusados.

ADADE solicita que declaren en el juicio como testigos Cospedal, Bárcenas, la ex secretaria de éste y el ex jefe de seguridad del PP

Por ejemplo, la acusación representada por Izquierda Unida solicitó a la Audiencia de Madrid que condene con una multa de 10.950.000 euros a la formación de Rajoy por los dos delitos de daños presuntamente cometidos a través del borrado y destrucción de los discos duros de Bárcenas y que se le imponga una pena de cinco años de prisión a la tesorera Navarro, a Durán y a Moreno.

Ahora, la pelota está en el tejado de la Audiencia de Madrid que está pendiente de resolver varias cuestiones claves para el procedimiento. Por un lado, si estima las peticiones de archivo realizadas por la Fiscalía, el PP y el resto de encausados. Por otro, si aparta a la juez Rosa María Freire de la causa al aceptar la recusación llevada a cabo por los populares.