Publicado: 10/02/2016 04:00
El 'caso Rato' que investiga el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno seguirá por el momento sin más acusaciones que la Fiscalía Anticorrupción. El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha rechazado en los últimos días las peticiones que habían hecho por separado Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), accionista mayoritario de la entidad, para personarse en el sumario como acusaciones particulares. Consideraban que la comisión de 835.000 euros que Rodrigo Rato presuntamente se embolsó por el amaño de contratos de publicidad les facultaba para ello al convertirlos en víctimas directas de estas supuestas irregularidades. Sin embargo, el magistrado ha rechazado sus solicitudes al considerar que el "perjuicio" a ambos no está aún acreditado, según han confirmado a Vozpópuli fuentes judiciales y no oficiales de las propias entidades.
El juez no cree demostrado que los 2 millones de comisión que se repartieron Rato y Portuondo se tradujeran en un "sobrecoste" para la entidad financiera
Tanto Bankia como el FROB dieron el paso para personarse en la causa a comienzos del pasado otoño, cuando la misma contra Rato por delitos fiscales y blanqueo llevaba ya seis meses abierta y habían pasado tres desde que se hubieran conocido los primeros indicios que apuntaban a que el que fuera presidente de Bankia había recibido presuntamente una 'mordida' por los contratos publicitarios. Esto último había provocado que también se le acusara de corrupción entre particulares. En sus escritos, el grupo nacionalizado y su principal accionista, bajo control del Ministerio de Economía de Luis de Guindos, aseguraban que su intención era que el político retornase a la entidad todo el perjuicio económico que hubiera podido producir con las adjudicaciones irregulares durante su etapa al frente de la entidad. En el caso de Bankia, su escrito no especificaba cantidad alguna puesto que entonces, mediados de octubre, no se descartaba que hubieran existido más comisiones de las conocidas hasta aquel momento.
Sin pruebas de "sobreprecio"
La respuesta del juez Serrano-Arnal echa ahora por tierra dicha argumentación al considerar que aún no se ha demostrado que se pagasen "sobreprecios" a determinados proveedores de Bankia, en referencia a Zenith Media y Publicis Comunicación España, las dos empresas que se hicieron con contratos publiciatarios por un valor cercano a los 60 millones de euros gracias presuntamente a la actuación de Rato y del supuesto comisionista Alberto Portuondo. En su auto, el magistrado señala que no está claro si los 2 millones de euros que ambas mercantiles pagaron a este último, y de los que salieron los 835.000 que recibió el político a través de una de sus empresas, se tradujeron finalmente en un sobrecoste para la entidad financiera o, por el contrario, la cantidad se detrajo del beneficio que iban a obtener las adjudicatarias. Por ello, el magistrado determina que el "perjuicio" alegado por Bankia y el FROB aún no está acreditado y rechaza ambas personaciones.
Los equipos jurídicos de Bankia y el FROB ya trabajan en la elaboración de recursos de reforma y apelación para echar a atrás la decisión del juez Serrano-Arnal
Fuentes no oficiales de las dos entidades apuntaban este martes a Vozpópuli que sus equipos jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrir en reforma ante el propio Juez o en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión que les deja fuera del 'caso Rato'. Desde Bankia se apunta que la decisión es agotar las vías jurídicas para personarse en la causa contra su antiguo presidente, algo que ya hace en la Audiencia Nacional en el caso de las 'tarjetas black', aunque en el sumario por las supuestas irregularidades de la salida a Bolsa de la entidad el banco está como imputado. Por su parte, el FROB también está personado en ambas instrucciones dirigidas por el juez Fernando Andreu, en su caso como acusación en las dos.
Reacio a las personaciones
Desde el inicio de la instrucción de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 31, que en un primer momento intentó inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, ha dado evidentes muestras de no querer acusaciones en la causa. De hecho, antes de rechazar las que pretendían ejercer el grupo nacionalizado y el organismo dependiente de Economía, ya había hecho lo mismo con las que habían presentado Unión Progreso y Democracia (UPyD) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó el pasado septiembre la decisión del instructor respecto de ADADE y el pasado 12 de enero hizo lo propio con la del partido magenta.
La Audiencia Provincial obligó al magistrado a aceptar a UPyD y a una asociación de abogados como acusaciones populares, pero las altas fianzas que ha fijado les ha impedido actuar hasta ahora
Obligado a admitir la personación de la asociación de abogados, el juez solicitó a ésta sus cuentas anuales para fijar la cuantía de la fianza a depositar para hacerla efectiva. ADADE presentó un certificado bancario de la cuenta abierta a su nombre en una entidad financiera, con un saldo de poco más de 2.000 euros, pese a lo cual el magistrado dictó un auto el pasado 27 de octubre en el que fijaba la misma en 10.000 euros. Una cantidad que contrasta con los 1.500 euros que se impuso a la misma asociación por personarse en el 'caso Gürtel' e, incluso, sin exigencia de fianza en Púnica. Por ello, recurrió de nuevo a la Audiencia Provincial, que recientemente rechazó su pretensión de rebajar la cifra. ADADE todavía no ha depositado la cantidad exigida. En el caso de UPyD, el magistrado aún no ha fijado la cuantía de su fianza, pero previsiblemente será también de 10.000 euros, una cantidad fuera del alcance de un partido al borde de la disolución.
Anticorrupción y las defensas
De este modo, en la causa sólo Anticorrupción, representada por la fiscal Elena Lorente, realiza la función de acusación. De hecho, fue ella la que el pasado 6 de octubre planteó las medidas de retirada de pasaporte y personaciones mensuales que adoptó el juez Serrano-Arnal para Rodrigo Rato. Frente a ella están los abogados defensores de la quincena de imputados que acumula ya la investigación. Entre ellos están el propio político, el comisionista Alberto Portuondo; una empleada de este último, Beatriz Colomer; el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, auténtica mano derecha de Rato en su etapa en Caja Madrid y Bankia; el exdirector de Comunicación, Miguel Robledo; Teresa Arellano Carpintero, la secretaria de toda la vida y persona de la máxima confianza del exvicepresidente; Miguel Ángel Montero Quevedo, presunto testaferro del político; media docena de directivos de Zenith y Pulbicis, entre ellos la directora general, Candi Rodríguez, y el consejero delegado de Publicis, Xavier Olazábal; y Domingo Plazas, abogado con despacho en Sotogrande (Cádiz) que gestionaba Kradonara 2001 SL, la mercantil a través de la cual supuestamente el político recibió la 'mordida'.
Precisamente, éste último y Rato comparecerán el próximo 19 de febrero de nuevo ante el magistrado para declarar como imputados, aunque en este caso no será por el supuesto pago de las comisiones de los contratos de publicidad, sino por una pieza secreta que el magistrado ha abierto para investigar otros puntos oscuros de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno. Dado su carácter secreto, sólo podrán estar presentes durante el interrogatorio el abogado de cada uno y la Fiscalía Anticorrupción. Ni otras defensas ni, claro está, las frustradas acusaciones a las que por ahora el juez ha conseguido mantener fuera de la causa a golpe de autos y elevadas fianzas.
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