Mario Utrilla, uno de los 5 aforados imputados en Púnica, colaboró en el amaño de un contrato de 72 millones

Será el primero de los cinco últimos imputados en el caso Púnica en comparecer en la Audiencia Nacional porque será el primero de todos ellos en dejar de ser aforado. Mario Utrilla Palombi, alcalde en funciones del PP en Sevilla la Nueva (Madrid) y miembro de la disuelta Asamblea regional, acudirá el próxima 11 de junio a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Y lo hará acusado de haber participado presuntamente en el mayo pelotazo de la trama: el amaño para la adjudicación a la multinacional Cofely GDF Suez de un contrato de eficiencia energética de 72 millones de euros en otra localidad de la comunidad, Móstoles. Según fuentes cercanas a la investigación, el político del PP supuestamente colaboró con su hermano Alejandro, concejal de Medio Ambiente en este último municipio y detenido en la redada de octubre, en las irregularidades de dicho concurso por las que la empresa que se lo adjudicó se había comprometido a pagar una 'mordida' 240.000 euros, según recogen documentos judiciales.

El amaño del contrato de Móstoles en el que supuestamente intervino Mario Utrillo es, hasta el momento, el mayor pelotazo de la Púnica 

La citación como imputado de Mario Utrilla se produjo este martes junto a la de otros cuatro cargos públicos de su partido supuestamente implicados también en la red de corrupción que encabezaban el exdirigente regional del PP Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza. Se trata, en concreto, de Salvador Victoria, 'número 2' del Gobierno de Ignacio González, y la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, así como el miembro del Ejecutivo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz (que este martes se apresuró a dimitir) y del diputado en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres. En el caso de los tres primeros, las acusaciones del juez Velasco se centran en el supuesto desvío de fondos para el pago de trabajos de reputación 'online' a las empresas de Alejandro de Pedro, el 'conseguidor' de la trama, también arrestado en octubre pasado. En sus casos las cantidades presuntamente desviadas no son en ningún caso millonarias. Así, al vicepresidente madrileño se le relaciona con pagos irregulares de 120.000 euros. A la consejera de Educación, de 81.000 euros. Y al integrante del gobierno murciano, de 24.000 euros.

Mucho mayor es, sin embargo, la cuantía del fraude con el que se relaciona a los otros dos aforados ahora imputados, Utrilla y José Miguel Moreno Torres. En el caso de este último, que fuera alcalde de Valdemoro entre 2003 y 2011 en sustitución de Granados, entonces nombrado consejero de Esperanza Aguirre, la cifra es aún difícil de cuantificar, según reconocer fuentes cercanas a la investigación. De hecho, otro de los detenidos, Jose Carlos Boza Lechuga, quien le relevó como regidor de la localidad madrileña convertida en el epicentro de la trama, le acusó recientemente en un escrito remitido al juez de ser uno de los instigadores de 22 pelotazos urbanísticos en el municipio. Moreno, amigo de juventud de Granados, ya tuvo problemas judiciales en 2013 por la adjudicación en 2008 del contrato para celebrar la Cabalgata de Reyes del municipio. La ganadora del concurso fue entonces Waiter Music SA, una de las empresas bajo sospecha de haber servido al dirigente del PP encarcelado para lucrarse de manera irregular.

El auto del 29 de octubre

Las pesquisas sobre Utrilla se centran, sin embargo, en el mayor pelotazo de la trama Púnica detectado hasta ahora: la adjudicación en mayo de 2014 de un contrato de eficiencia energética de 72 millones de euros a la multinacional Cofely GDF-Suez para el municipio de Móstoles, la segunda ciudad más grande de la comunidad. Siempre según fuentes cercanas a la investigación, el alcalde en funciones de Sevilla la Nueva colaboró con su hermano Alejandro, concejal de Medio Ambiente en la otra localidad madrileña, en el supuesto amaño del concurso. Según detallaba el auto del juez Eloy Velasco del 29 de octubre en el que dejaba a Alejandro Utrilla en libertad con cargos y con la obligación de comparecer en la Audiencia Nacional todos los meses, este cargo público del PP supuestamente manipuló las condiciones del pliego de "este importante contrato" para que recayera en Cofely, cuatro de cuyos directivos también fueron arrestados en la operación.

Utrilla, como su hermano, se enfrenta a cargos de organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secreto, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude

Según detalla dicho documento judicial, el presunto amaño de la adjudicación se produjo cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya estaban investigando la trama de Granados y Marjaliza, lo que les permitió intervenir conversaciones telefónicas en las que se negociaba e, incluso, detectar la celebración de reuniones del concejal de Móstoles con otros integrantes de la trama para fijar la cuantía de la supuesta 'mordida' y la forma de justificar dicha cantidad. En el auto, el juez Velasco detalla que "a tenor de varias llamadas se deduce que Cofely tiene comprometida la entrega de 240.000 euros". El magistrado acusó por todo ello a Alejandro Utrilla de los delitos de "organización criminal, malversación, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude". Una larga lista de graves acusaciones que posiblemente también recaiga sobre su hermano Mario.

No es la primera vez que el alcalde en funciones de Sevilla la Nueva aparece en un escándalo de corrupción. De hecho, fue teniente de alcalde de otra localidad madrileña, Pozuelo de Alarcón, en la época en que su ayuntamiento estaba en manos de la trama Gürtel, con Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, como regidor. En aquella causa, nunca fue imputado aunque su nombre apareció en varias conversaciones intervenidas. Cuando se conoció el pasado enero su supuesta implicación en el caso Púnica, Utrilla se apresuró a negar cualquier relación del consistorio que encabezaba con las empresas salpicadas por la operación. Sin embargo, el PP decidió prescindir de él por partida doble. En primer lugar, lo eliminó de la lista de Cristina Cifuentes a la Comunidad en Madrid. En segundo lugar, desapareció de la lista a la alcaldía de Sevilla la Nueva. Ahora, tras perder el aforamiento, será el primero de los cinco excargos públicos del PP que pase por la Audiencia Nacional.