Salvador Victoria se disfraza de víctima: “Alguien tenía interés en destruir mi reputación”

La vinculación de Salvador Victoria a la enorme red de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude que constituye la trama Púnica se debe en buena parte, según su testimonio, al interés que los testigos e imputados que le delataron tenían en "destruir" su reputación. En las dos horas y media que compareció ante el juez Eloy Velasco el pasado septiembre, el exconsejero de Presidencia madrileño negó todas las acusaciones que recaen sobre él y aseguró que dos de los principales conseguidores del caso, el informático Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena (PSOE) José Antonio Alonso Conesa, utilizaron su nombre en beneficio de sus actividades delictivas. "Ha pasado muchas veces, que se utiliza el nombre del superior para darle mayor veracidad a lo que se dice", sostuvo.

Velasco investiga a Victoria por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude. El magistrado sospecha que el exconsejero de la Comunidad de Madrid concedió un trato de favor a Alejandro De Pedro mediante la concesión de contratos de reputación online a sus mercantiles y autorizó pagos de dinero en negro a sus empresas. También tiene indicios de que utilizó fondos del Canal de Isabel II para pagar a la trama.

Salvador Victoria asegura que fue víctima de 'mobbing telefónico' por parte de Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la Púnica

Durante su declaración, el juez leyó un extracto de una conversación telefónica que mantuvieron De Pedro y Alonso Conesa en la que hablan sobre cómo Salvador Victoria autorizó el pago de forma ilegal de los 140.000 euros que la Comunidad de Madrid adeudaba a las empresas de De Pedro (Eico Online Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad) por la realización de trabajos que incluían la mejora de la imagen en internet de varios altos cargos del Partido Popular. El plan consistía en realizar un primer pago de 10.000 euros en dinero negro, procedentes de la multinacional tecnológica Indra; y, a partir de ahí, facturar el resto del adeudo al Canal de Isabel II, entonces presidido por Victoria.

Se define como víctima de acoso telefónico

El exnúmero 2 de Ignacio González reconoció que estaba al corriente de la existencia de esta deuda, dado que el propio acreedor le llamó en reiteradas ocasiones para tratar de cobrarla, en un periodo en el que las arcas públicas madrileñas carecían de liquidez. Tal fue su insistencia que Victoria llega a definir la actitud de De Pedro como "mobbing telefónico". Ahora bien, niega que desviara fondos públicos para saldarla, ni que orquestara un pago de dinero B por parte de Indra.

Los pinchazos telefónicos autorizados por Velasco durante la investigación revelan que Victoria no sólo conocía esta operación, sino que jugó un papel clave para que se completara con éxito. De hecho, en una conversación que mantuvo con De Pedro, justificó el retraso que sufrió el abono de esos 10.000 euros en el "acojone" que tenía Santiago Roura -entonces director general de Operaciones de Inda- por participar en la entrega del sobre; y se ofreció a intermediar para desbloquear el asunto.

Durante el interrogatorio, cuando el juez expuso el contenido de esta charla, el exconsejero negó la mayor y afirmó que en esa llamada aludía a que el pago de los 140.000 euros de deuda se había demorado como consecuencia de las dificultades financieras de la Comunidad de Madrid y que ese asunto quedaría saldado en cuanto esa situación se corrigiera, en septiembre de 2014.

"Hacía gastos extraños que le llevaban a no ser claro conmigo", afirmó Victoria sobre el exjefe de la Agencia de Informática, detenido en el marco de la Púnica

El político también se refirió al exjefe de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, que en su testimonio ante los instructores del caso afirmó que Victoria ordenó el cobro de varios sobres con dinero negro a Indra y pidió a esta empresa que se hiciese cargo de la deuda de 10.000 euros con De Pedro. El antiguo consejero madrileño también se desmarcó de esta acusación, la cual sospecha que se vio influenciada por la hostilidad y desconfianza que mantenía con la persona que le incriminó. De hecho, le acusó de haberle mentido mientras era el número 2 del Gobierno autonómico al informarle de su prejubilación y al ocultarle datos de un contrato que mantenía la ICM con Price Waterhouse Coopers. También le acusó de hacer "gastos extraños" en el ejercicio de su cargo.

Cabe recordar que el juez también investiga a Victoria por el supuesto pago ilícito a empresarios a los que sospecha que contrató, con cargo a las cuentas de la Comunidad de Madrid, para que realizaran sondeos de intención de voto en municipios en los que el PP tenía un especial interés en conocer su posición entre el electorado. Algunas de las constructoras implicadas en este asunto obtuvieron contratos públicos en esas localidades tras prestar este servicio al partido que ostenta el Gobierno autonómico.

Durante la instrucción de la trama por parte del juez Velasco, Victoria trató de aferrarse a su condición de aforado para anularla. Las fiscales Anticorrupción del caso se opusieron en su día al recurso presentado por el ex consejero de Presidencia para anular la instrucción de la causa “por sentirse perturbado en su anterior estatuto de aforado”. En un duro escrito, las fiscales cargaban contra la protección jurídica de la que disfrutan cargos políticos en España por el “abuso que en beneficio propio” han hecho de ella “nuestras autoridades”.