Púnica acorrala al presidente de Murcia y a una senadora del PP: imputados tres de sus colaboradores

El cerco judicial sobre el presidente de Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, se estrecha. Y con él, sobre su correligionaria y exalcaldesa de Cartagena, la hoy senadora Pilar Barreiro, y sobre el anterior alcalde Molina de Segura, Eduardo Contreras. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que cita a declarar en calidad de investigados (la figura que ha sustituido a la de imputado) a cinco personas ligadas a administraciones públicas de esta región y que tuvieron tratos con el experto informático Alejandro de Pedro y sus dos empresas, Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL. A todos ellos los acusa, entre otros delitos, de malversación de caudales públicos al considerarles responsables del supuesto desvío de fondos para costear "trabajos reputaciones" del máximo responsable del Ejecutivo regional, de la antigua regidora y del otro primer edil. Con estas comparecencias, el magistrado pretende concluir en breve la instrucción de la tercera pieza del sumario, la que investiga las 'andanzas' de la trama en esta región y decidir si, finalmente, eleva exposiciones razonadas al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Tribunal Supremo para que, respectivamente, asuman las pesquisas sobre Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro dada su actual condición de aforados.

El juez cita a declarar a un asesor de Pedro Antonio Sánchez como "cooperador necesario" en que los trabajos de reputación 'on line" que la Púnica realizó del hoy presidente murciano "se sufragasen con cargo a dinero público"

Uno de los citados en David Conesa Ferrer, quien fuera responsable del gabinete de la Consejería de Educación cuando ésta era ocupada por el hoy presidente regional la pasada legislatura. El magistrado le acusa de un delito de fraude "por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amaño de contratos de formación" para este departamento del Ejecutivo autonómico, además de malversación como "funcionario cooperador necesario connivente en que los trabajos particulares reputacionales 'on line' de su consejero [Pedro Antonio Sánchez] se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos" de este departamento. También le adjudica la presunta revelación de información reservada al considerarle responsable de "filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontrativa que no podía revelar". De este modo, el magistrado da plena validez al informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 12 de mayo y en el que ya se apuntaban la supuesta implicación del hoy presidente de Murcia en los amaños investigados. En aquel documento, los agentes destacaban los numerosos correos electrónicos y mensajes de móvil que implicaban a este consejero en las negociaciones y que echaban por tierra la declaración que en su día prestó ante los agentes el propio Conesa intentando desligarse de las supuestas irregularidades.

En el caso de Pilar Barreiro, son dos los asesores citados. Uno es Francisco de Asís Ferreño García, quien fuera su jefe de gabinete. La segunda, María del Mar Conesa Marchán, funcionaria del Consistorio. Al primero, el juez Velasco lo acusa de fraude, revelación de información reservada y malversación de caudales públicos por el amaño de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena cuando éste estaba presidido por la hoy senadora. En concreto, el magistrado considera que filtró documentación interna municipal sobre contratos y autorizó "trabajos de ejecución conducentes a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo de Cartagena [...] trabajos particulares". En concreto, la creación de un diario digital en esta localidad muriciana y los honorarios del periodista que iba a elaborarlo. En el caso de María de Mar Coesa, se sospecha de su participación en los mismos hechos, aunque en este caso sólo la acusa de los delitos de fraude y malversación.

El alcalde Molina de Segura

Juntos a estos tres asesores y funcionarios, el juez Velasco también ha citado para el martes 4 de octubre a otras dos personas. Se trata del que fuera alcalde 'popular' de Molina de Segura, Eduardo Conteras Linares, y una de sus colaboradoras, María García Rivas. Al primero, le cita para responder de los delitos de malversación y cohecho al considerar que cooperó "necesariamente en la materialización" de manera consciente en la distracción de caudales públicos "para fines particulares de influencia política". En concreto, adjudicar un contrato de la Dirección General de Turismo que, en realidad, tenía como objetivo pagar "trabajos de reputación digital de carácter personal" para él. El magistrado destaca en su escrito que los mismos se cargaron "a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado". Por su parte, María García está acusada de hechos similares. Un informe de la Guardia Civil ya apuntaba que un contrato del Plan de Comunicación Digital realizado en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia había sido utilizado presuntamente para financiar la mejora en internet de este antiguo regidor.

El magistrado también a imputado al alcalde de Molina de Segura, Eduardo Conteras, por cargar a una partida del Instituto de Turismo de Murcía trabajos para mejorar su imagen en Internet

Los agentes se apoyaban en la conversaciones de Alejandro de Pedro con José Fidel Saura, jefe de gabinete del exconsejero Juan Carlos Ruiz, todos ellos imputados en la causa. "Pero, pero bueno, ahí le sacamos lo de, lo de su amigo el alcalde, entonces, lo importante era lo del INFO", dijo el experto informático a su interlocutor. "Esta conversación hace referencia al contrato público con el Instituto de Turismo y del tenor de la conversación se deduce que con dicho contrato se pretendía sufragar trabajos de reputación 'online' de dicho alcalde", destacaban los agentes. El documento policial aseguraba que Contreras conocía estas gestiones a la vista de otra conversación, ésta mantenida entre De Pedro y su socio, el ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, también implicado en la trama. "Oye, otra cosa, el tema de Murcia, eh...por...porque me digas cómo lo hacemos. Nosotros fuimos a la reunión por la mañana, ¿vale? y estuvimos con el alcalde del municipio este entonces", dice De Pedro. "De Molina", aclara Alonso. Ahora, el ex primer edil tiene una cita en la Audiencia Nacional.