CASO PÚNICA El presidente de Murcia iba a pagar 36.800 € a Púnica para mejorar su reputación antes de las elecciones

El informe de la UCO que pone contra las cuerdas a Pedro Antonio Sánchez detalla que el presunto 'conseguidor' de la trama iba a trabajar ocho meses para el candidato 'popular' justo antes de los comicios autonómicos. Su tarifa era de 4.600 euros al mes, repartidos entre los 3.000 euros para él y 1.600 para contratar una periodista.

La carrera política del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tenía un precio para la trama Púnica. Exactamente, 36.800 euros. Ese era el dinero que el bautizado como 'conseguidor' de la red, Alejandro de Pedro, había presupuestado por trabajar durante ocho meses para el político 'popular' justo antes de las elecciones de mayo de 2015 que finalmente llevaron a éste a la jefatura del gobierno autonómico. Así lo recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario y cuya existencia fue adelantada en exclusiva por Vozpópuli la pasada semana. El documento policial recoge numerosos correos electrónicos y llamadas de teléfono intervenidas en los que se reflejan las negociaciones de la red con el candidato del PP y su equipo más cercano, y que incluyó reuniones en persona en Madrid a las que también asistió la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. La Guardia Civil concluye que Pedro Antonio Sánchez había incurrido en un delito de fraude en materia de contratación pública, ya que iba presuntamente a camuflar dichos pagos con un contrato en materia de "formación" de la Consejería de Educación que entonces ocupaba. 

El informe policial, de 66 folios de extensión y con más de 400 documentos anexos, detalla paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar los trabajos y las reticencias que en un primer momento mostraba Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación del Gobierno murciano. Según recoge el informe, éste había "expresado su interés en contar con los servicios de Alejandro de Pedro acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Para entonces, la trama ya trabajaba para un compañero suyo del Ejecutivo, Juan Carlos Ruiz, titular entonces de la cartera de Industria y Turismo y actualmente imputado en la causa, y temía que hubiera un 'conflicto de intereses' entre ambos ya que los dos querían hacerse con el control del partido en la región. Sin embargo, De Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialsita de Cartagena, aparcaron las pegas y pidieron la ayuda de Pilar Barreiro, entonces regidora de esta localidad murciana y actual senadora. A cambio de su mediación ésta iba a conseguir presuntamente que la trama también le hiciera trabajos de reputación 'online' gratis.

De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él, sobre todo por la compra de su vivienda, por la que iba a declarar en julio ante el juez. Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en Madrid a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro y Conesa siguieron ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta económica para Pedro Antonio Sánchez que iba a incluir el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo después de las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP.

"3.000 pavos al mes" más el coste de un periodista

En un primer momento, Alejandro de Pedro planteaba cobrar "3.000 pavos al mes" a los que había que sumar el coste de un periodista externo 'mileurista' que se encargaría de mover en la red de periódicos 'zombis' del conseguidor las noticias positivas del candidato para desplazar las negativas. Finalmente, el precio total iba a ser de 4.600 euros. En total, 36.800 euros por todo el periodo. El 21 de octubre los agentes intervinieron una conversación entre el conseguidor y su socio, José Antonio Alonso Conesa, en el que primero le comenta que va a tener una reunión con Pedro Antonio Sánchez. El segundo le insta a sacarle ya el contrato, "que lo necesitamos como el agua". Al día siguiente, De Pedro comentaba a uno de sus trabajadores que ya había cerrado el acuerdo con el político 'popular' y que incluía a Pilar Barreiro, y que iban a empezar a facturar para el mes de noviembre. La Guardia Civil concluye en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las del 'conseguidor' y su socio.

El documento policial resalta que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que encabezaba aún entonces Pedro Antonio Sánchez. Además, destaca la participación en las negociaciones de David Conesa Ferrer, identificado como miembro del gabinete del propio consejero, y con quien De Pedro intercambia numerosos mensajes en los días previos a cerrarse. La UCO destaca también que en el transcruso de todas las conversaciones no se abordan otros temas que no sean la reputación personal del candidato "y que en ningún caso se hace constar que se vayan a acometer trabajos que puedan considerarse como insertos en el concepto de formación". En este sentido, añade que "concurren elementos paralelos" a lo ocurrido en la Consejería de Industria, "donde se iban a enmascarar trabajos de reputación en contratos públicos de los Institutos de Fomento y Turismo de Murcia". Por aquellos supuestos amaños, ya está imputado su entonces titular Juan Carlos Ruiz. Ahora le toca decidir al juez Eloy Velasco si inicia los trámites para que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia actúe contra Pedro Antonio Sánchez en su condición de aforado.



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