Publicado: 10/05/2016 04:00
El 1%. Ese es el porcentaje que presuntamente se embolsó el ex alcalde de Moraleja de Enmedio, el 'popular' Carlos Alberto Estrada Pita, por el supuesto amaño de un millonario contrato de eficiencia enérgética que su consistorio adjudicó a la trama Púnica. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un informe sobre las corruptelas en este municipio madrileño de poco más de 5.000 habitantes en el que se detallan todas las pruebas sobre la 'mordida' que presuntamente recibió el regidor y su compañera sentimental, que trabajaba de técnico en el Ayuntamiento. Ambos fueron detenido en junio del año pasado. El documento policial detalla el hallazgo de tres pruebas documentales que respaldan las sospechas sobre las irregularidades, entre ellos una factura 'ficticia' de 30.000 euros que coincide con la cantidad supuestamente entregada al ahora ex edil. La cifra representa, exactamente, el 1% de los 3 millones de euros de la adjudicación. Eso sí, los agentes destacan que no iba a ser el único y que, de hecho, los principales implicados ya hablaban de otro amaño en la misma localidad que se frustró por las detenciones.
El informe de la UCO destaca la existencia de tres documentos que confirman el pago de la supuesta 'mordida' al entonces regidor de Moraleja de Enmedio
El informe de la UCO, de 51 folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, dedica un apartado específico a detallar las "contraprestaciones económicas detectadas" por la adjudicación irregular del contrato para la "gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio de Moraleja de Enmedio". Entre los documentos intervenidos que sustentan la existenta de la 'mordida', los agentes recogen un correo electrónico de 9 de mayo de 2014 entre dos directivos de la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez, Pedro García y Constantino Álvarez, ambos imputados, en el que se recogen referencias a diversos municipios madrileños donde la trama se había asentado. Entre ellos, figuraba expresamente el municipio madrileño con referencias a una "futura licitación de edificios" y al pago pendiente de una cantidad que cifra en "35k€", que los autores del documento policial identifican con 35.000 euros.
El siguiente documento al que se hace referencia es, precisamente, a la factura falsa generada para conseguir dinero líquido con el que la trama pagó la supuesta mordida. Se trata, en concreto, de un albarán girado a Cofely por la empresa Construcción y Reformas de la Peña SL, una sociedad "controlada" por el constructor David Marjaliza Villaseñor, socio y amigo de Francisco Granados. La misma tiene fecha de 5 de agosto de 2014 y su importe sin IVA, 29.976 euros, coincide practicamente con el de la 'mordida' supuestamente recibida por el Carlos Alberto Estrada. En el concepto, un genérico "realización de varios trabajos". "La cadena de correos electrónicos en donde se localiza la referida factura tiene como receptor de la misma a Pedro García, uno de los principales partícipes en le entramado investigado", resalta el documento policial que también destaca como indicio de la irregularidad que este directivo de la multinacional pertenece a un departamento, el comercial, que es "completamente ajeno" al que debería controlar este tipo de facturaciones de empresas supuestamente subcontratadas.
La agenda de la secretaria de Marjaliza
Finalmente, el tercer documento que apunta a la existencia del pago de la mordida es la agenda intervenida el 27 de octubre de 2014, durante la redada que inició la 'Operación Púnica, en el despacho de Ana María Ramírez, la secretaria personal de David Marjaliza. En ella aparecía una hoja con diferentes anotaciones manuscritas, entre ellas la cifra de 30.000 euros junto a las iniciales "ME" que los agentes apuntan que "pudiera corresponder con Moraleja de Enmedio". El informe de la UCO destaca a continuación que sus sospechas en este sentido fueron confirmadas por el socio de Granados en la declaración "autoinculpatoria" que prestó el pasado 25 de junio ante el juez Velasco. En la misma, el constructor "reconoce haber pagado la cantidad de 30.000 euros al por entonces alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada Pita, en relación al contrato de alumbrado exterior adjudicado a la empresa Cofely".
En su declaración autoinculpatoria, Marjaliza admitió haber pagado 30.000 euros a Carlos Alberto Estrada por el amaño del concurso de alumbrado público
"Como puede apreciarse -señala a continuación el informe de la UCO- la cantidad apuntada por el encartado Davir Marjaliza en su declaración coincide con la cantidad reseñada en el documento manuscrito anteriormente referidos [la agenda de su secretaria] y resulta concordante con el importe sin IVA consignado en la factura [...], resultado de todo ello y a juicio policial que la emisión de la citada factura emitida por la empresa Construcciones y Reformas de la Peña SL pudo tener como objeto la de recuperar un dinero ya adelantado por David Marjaliza o la de generar el dinero en efectivo suficiente para materializar el citado pago, habiéndose sustentado la misma en una operación mercantil inexistente por unos trabajos que realmente no los había efectuado la referida mercantil". La Guardia Civil concluye su informe con una relación de los ocho delitos cometidos presuntamente por las once personas que de un modo y otro participaron en el fraude. Al alcalde de los 30.000 euros le acusa, en concreto, de prevaricación fraude, malversación y cohecho. A su compañera sentimental, además, de tráfico de influencias y falsedad documental.
UN MUNICIPIO SOBREENDEUDADO
El informe de la UCO sobre los amaños en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio destaca que este municipio atravesaba cuando realizó la adjudicación ahora bajo sospecha una "grave situación económico financiera [...] desde hace años" y que los presupuestos que se aprobaban "no demuestran la realidad actual" del cCnsistorio. De hecho, destaca la existencia de sendos informes de la Intervención local de octubre y noviembre de 2013 que planteaban "la necesidad de elaborar de un plan de ajuste muy estricto que pudiera solventar la delicada situación". Entre ellas, apuntaban la de "resolver la práctica totalidad de los contratos de servicios en vigor que en ningún caso son esenciales". En este sentido, dichas auditorías recordaban que "los gastos que soporta esta entidad local son muchos mayores que los ingresos que recibe". De hecho, destacaba que se producían retrasos en el pago al personal y no se atendían las obligaciones tributarias y con la Seguridad social. "La situación es insostenible", recalcaban los interventores.
Esto desembocó en que el Ayuntamiento no pudiera hacer frente "ni a la primera de las certificaciones emitidas por la empresa Cofely una vez adjudicado el contrato" por un importe de 187.951 euros. Un inconveniente para la trama Púnica que el entonces alcalde Carlos Alberto Estrada, solventó en 2014 con "un reconocimiento de deuda" que obligaba a la Administración a asumir el pago de todas las facturas. De todo ello, el informe señala como principales responsables al propio regidor y a su compañera sentimental, la técnico municipal Teresa Martín Camacho, también imputada, quienes no se opusieron "a la licitación del contrato, pese a la gravísima situación económica y financiera que atravesaba el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio de la que era directo conocedor y que derivaba en un incumpliento generalizado de los límites presupuestarios y de déficit de la citada Administación local". Todo ello, a cambio de una supuesta 'mordida' de 30.000 euros.
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