LOS SECRETOS DEL SUMARIO

Un testigo sorpresa reactiva la investigación sobre el presidente de Murcia en el 'caso Púnica'

El juez Velasco cita a declarar para el 13 de septiembre a un trabajador de la Consejería de Educación del gobierno de Pedro María Sánchez que le ha remitido varias cartas con información sobre la trama. Este era el departamento del Ejecutivo autonómico que el hoy máximo dirigente regional encabezaba cuando tuvo los tratos con la red para mejorar su imagen que investigan el magistrado y la Guardia Civil. 

Pedro Antonio Sánchez, junto a Mariano Rajoy, en el Palacio de La Moncloa.
Pedro Antonio Sánchez, junto a Mariano Rajoy, en el Palacio de La Moncloa. EFE

El 'caso Púnica' vuelve a poner en apuros al actual presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Eloy Velasco, ha citado a declarar como testigo para el próximo 13 de septiembre a un funcionario de Ejecutivo autonómico que en los últimos meses ha remitido a la Audiencia Nacional varias cartas con información sobre las supuestas irregularidades que salpican al político del PP. Se trata de A.E.P.M., quien en las misivas asegura trabajar en la Consejería de Educación y Universidades, la cartera que ocupaba en la anterior legislatura el máximo dirigente autonómico cuando tuvo tratos con integrantes de la trama. El magistrado destaca en la providencia por la que señala la fecha y hora de la declaración de este testigo sorpresa que toma dicha decisión a la vista del "contenido" de las cartas, que incorpora también al sumario, aunque los detalles de las mismas aún no han trascendido.

El juez Velasco ha decidido citar al trabajador de la Consejería de Educación de Murcia a la vista del "contenido" de varias cartas que había remitido a la Audiencia Nacional

El testimonio de este trabajador del Gobierno murciano se produce sólo dos meses después de que el juez Eloy Velasco levantase el secreto de sumario sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se concluía que Pedro Antonio Sánchez había cometido presuntamente un delito de fraude en sus tratos con la trama Púnica. El documento policial, entregado en la Audiencia Nacional el pasado 13 de mayo aunque no salió a la luz hasta quince días después, detallaba los pasos que el político 'popular' y sus colaboradores habían dado supuestamente para cerrar un acuerdo con integrantes de la red de corrupción para mejorar su imagen en las redes sociales ante las elecciones autonómicas de mayo de 2015 en las que iba a encabezar la lista del PP. Fueron los comicios que finalmente le catapultaron a la presidencia de la región. Supuestamente iba a pagar un total de 36.800 euros que serían cargados con facturas por 'formación' a la Consejería de Educación que entonces dirigía.

Trece email, doce llamadas, 35 mensajes...

El exhaustivo documento de la UCO recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo con los que detallaba paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' y las reticencias que en un primer momento mostraba Pedro Antonio Sánchez. Según recogía el informe, éste había "expresado su interés en contar con los servicios deAlejandro de Pedro [el experto informático imputado en la trama] acuciado por consecuencias reputacionales negativas por una nueva posible imputación y la disputa de convertirse en candidato a la Presidencia de la Región". Para entonces, la trama ya trabajaba para un compañero suyo del Ejecutivo, Juan Carlos Ruiz López, titular entonces de la cartera de Industria y Turismo y actualmente imputado en la causa, y temía que hubiera un 'conflicto de intereses' entre ambos ya que los dos querían hacerse con el control del partido en la región. Sin embargo, De Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde socialista de Cartagena, aparcaron las pegas y pidieron la ayuda de Pilar Barreiro, entonces regidora de esta localidad murciana y actual senadora del PP. A cambio de su mediación ésta iba a conseguir presuntamente que la trama también le hiciera trabajos de reputación 'online' gratis.

En mayo, la UCO entregó un informe en el que se apuntaba que Pedro Antonio Sánchez podía haber cometido un delito de fraude al encargar trabajos de reputación 'online' a la trama

De Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él, sobre todo por la compra de su vivienda, por la que iba a declarar en julio ante el juez. Ese informe fue presentado al propio político el 11 de junio de 2014 en una reunión celebrada en Madrid a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro. Tras aquella reunión, De Pedro y Conesa siguieron ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación y, de hecho, ponían como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre prepararon una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde octubre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo después de las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP.

"3.000 pavos al mes" más el coste de un periodista

En un primer momento, Alejandro de Pedro planteaba cobrar "3.000 pavos al mes" a los que había que sumar el coste de un periodista externo 'mileurista' que se encargaría de mover en una red de periódicos 'zombis' las noticias positivas del candidato para desplazar las negativas. Finalmente, el precio total iba a ser de 4.600 euros. En total, 36.800 euros por todo el periodo. El 21 de octubre los agentes intervinieron una conversación entre el experto informático y su socio, Alonso Conesa, en el que primero le comentaba que iba a tener una reunión con Pedro Antonio Sánchez. El segundo le instaba a sacarle ya el contrato, "que lo necesitamos como el agua". Al día siguiente, De Pedro comentaba a uno de sus trabajadores que ya había cerrado el acuerdo con el político 'popular' y que incluía a Pilar Barreiro, y que iban a empezar a facturar para el mes de noviembre. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas las de De Pedro y su socio.

La trama llegó a realizar un informe "preventa" sobre la imagen del presidente murciano en el que se reflejaba que el 70% de las informaciones que aparecían sobre él en Internet eran negativas

El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en las negociaciones de David Conesa Ferrer, identificado como miembro del gabinete del propio consejero, y con quien De Pedro intercambió numerosos mensajes en los días previos a cerrarse. La UCO destacaba también que en el transcurso de todas las conversaciones no se abordaron otros temas que no fuesen la reputación personal del candidato "y que en ningún caso se hace constar que se vayan a acometer trabajos que puedan considerarse como insertos en el concepto de formación". En este sentido, los autores del documento policíal añadían que concurrían "elementos paralelos" a lo ocurrido en la Consejería de Industria, "donde se iban a enmascarar trabajos de reputación en contratos públicos de los Institutos de Fomento y Turismo de Murcia". Por aquellos supuestos amaños, permanece imputado su entonces titular Juan Carlos Ruiz López.

No obstante, este informe no era la primera vez en el que el nombre de Pedro Antonio Sánchez aparecía en el sumario de la trama Púnica. De hecho, justo antes de las elecciones que le auparon a la presidencia del Ejecutivo regional salieron a la luz diversas referencias a él tanto en intervenciones telefónicas como en las declaraciones de algunos testigos. En todos los casos, por los contactos con Alejandro de Pedro. Sin embargo, en aquel momento esta línea de investigación pareció quedar arrumbada mientras se concluía la que afectaba al consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, quien fue finalmente imputado tras perder la condición de aforado después de aquellos comicios. Más adelante, surgieron nuevos indicios que implicaban a otros cargos políticos de Murcia en la causa. Así, en diciembre pasado se señaló a un alcalde del PP de la región también por la supuesta realización de trabajos de reputación 'online' a costa del erario. En marzo, un nuevo documento de la UCO aportaba nuevos datos contra Alonso Conesa. Y el 13 de ese mismo mes, la Guardia Civil entregaba el informe de 66 folios sobre Pedro Antonio Sánchez. Ahora el juez Velasco espera que el nuevo testigo refuerce los indicios contra el político. La cita es el próximo 13 de septiembre a las 11 de la mañana.

EL "Apoyo TOTAL Y ABSOLUTO" DE Rajoy

La contundencia del informe de la UCO sobre la presunta implicación de Pedro Antonio Sánchez en la trama Púnica no impidió que días después de que el documento saliera a la luz pública el presidente en funciones Mariano Rajoy mostrará a éste públicamente su "apoyo total y absoluto". Fue en el arranque del mitin que celebró en Murcia el pasado 11 de junio, durante la campaña de las últimas Elecciones Generales. "Sabes que cuentas con nuestra simpatía y con nuestro reconocimiento y, en mi caso además, con mi apoyo total y absoluto porque te lo mereces", le dijo al jefe del Ejecutivo murciano, entre los aplausos de los militantes y afiliados del PP que asistían al acto. No fue el único. Unos días antes, el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, había hecho unas declaraciones durante una entrevista radiofónica en las que restaba valor al trabajo de la Guardia Civil. Fernández Díaz aseguró entonces que el informe no acusaba al líder autonómico de contratar con la red investigada y recalcó que el documento policial estaba lleno "de presuntos, eventuales y posibles". Dichas declaraciones sentaron muy mal en el seno del Instituto armado al venir, precisamente, de su máximo responsable.

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