LOS SECRETOS DEL SUMARIO

El juez investiga si Púnica desvió fondos al PP con facturas falsas cargadas a un contrato millonario del Canal

El magistrado pide a la Guardia Civil y la Agencia Tributaria que analicen los documentos de pago entregados por la empresa publicitaria que se adjudicó un concurso público de 5,55 millones del ente madrileño del agua ante la sospecha de que reflejan trabajos no realizados e importes hinchados. Eloy Velasco investiga si parte de ese dinero sirvió para 'lavar' la imagen en internet de dirigentes del partido en Madrid y la campaña del partido a las últimas elecciones municipales y autonómicas.

Oficinas del Canal de Isabel II en Madrid.
Oficinas del Canal de Isabel II en Madrid. CYII

Aguas revueltas en el Canal de Isabel II a cuenta del caso Púnica. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el análisis de las facturas emitidas a cuenta de un millonario contrato de publicidad de la empresa madrileña del agua ante la sospecha de que las mismas pueden ser "falsas" y encubrir un supuesto desvío de fondos. La documentación ha llegado recientemente a la Audiencia Nacional de la mano de David Colomer, directivo de Arena Media, la sociedad que a comienzos de 2014 se hizo con la adjudicación ahora bajo sospecha, y que el pasado 15 de febrero fue sometido como testigo a un duro interrogatorio por parte del magistrado. Éste le preguntó si había hecho pagos al 'conseguidor' Alejandro de Pedro a petición de miembros del Ejecutivo regional e, incluso, detalles del dinero que recibió del PP por organizar la campaña de las elecciones de mayo de 2015. Colomer negó cualquier irregularidad, pero admitió haberse reunido con Salvador Victoria, entonces 'número 2' del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por ello, máximo responsable de la sociedad pública que convocó el concurso. Victoria fue imputado en el sumario el pasado verano, sólo unos días después de perder el aforamiento precisamente tras aquellos comicios.

La providencia del juez encarga a la UCO verificar si los documentos se corresponden con trabajos e importes reales o si, por el contrario, son facturas falsas 

La decisión del juez Velasco aparece recogida en una breve providencia dictada el pasado 9 de marzo, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que dispone que "vista la documentación aportada por David Colomer" se de traslado de la misma "para su estudio" a la UCO. Según recoge expresamente el escrito, el magistrado quiere que la Guardia Civil "con la ayuda de la Agencia Tributaria, verifique si por las empresas facturadoras se han realizado los trabajos que constan y por los importes que se especifican, o si, por el contratio, se trata de facturas falsas". Según fuentes cercanas a la investigación, el juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que en este caso la trama Púnica pudo haber seguido una mecánica similar a la que mantuvo con otros proveedores de la Comunidad, como Indra, para que presuntamente se hicieran cargo de los pagos a la empresas del 'conseguidor' de la trama por los contratos de reputación 'online' que hizo para mejorar la imagen del presidente madrileño, Ignacio González, tras estallar el escándalo del ático. De hecho, Adrián de Pedro, hermano de el 'conseguidor', declaró ante el juez que las empresas de éste recibían "facturación ficticia" a través del Canal de Isabel II.

En este caso, el contrato bajo sospecha fue adjudicado por el Gobierno de la Comunidad en enero de 2014 a la empresa Arena Media, filial de la multinacional francesa de publicidad Havas. El importe del mismo era de 5,55 millones de euros, IVA incluido, y tenía como objeto "los servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA" durante 15 meses. Fue precisamente el entonces consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Salvador Victoria, entonces presidente de la compañía pública, el que presentó la propuesta de adjudicación a dicha mercantil por ser la oferta económica "más ventajosa". El Consejo del Ejecutivo autonómico la aprobó el 23 de enero de ese año. Seis días después, el acuerdo se oficilizaba con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Intenso interrogatorio

Un proceso en apariencia ajustado a la legalidad que, sin embargo, el caso Púnica ha puesto bajo la sospecha. De hecho, en las últimas semanas tanto la UCO como el propio juez Velasco han tomado declaración a varias personas que participación en el proceso de licitación y adjudicación, varios de ellos empleados del Canal de Isabel II. También a David Colomer, el directivo de Arena Media que ha aportado ahora las facturas que el juez ha ordenado investigar para comprobar si son reales o una supuesta pantalla para camuflar un desvío de fondos públicos. En su interrogatorio, el juez se mostró muy incisivo en sus preguntas, según fuentes que asistieron al mismo. Éstas se centraron en cómo consiguió su compañía dicha adjudicación y con qué altos cargos del Ejecutivo regional se relacionó. Colomer, que negó cualquier amaño, sí admitió que mantuvo un encuentro con Salvador Victoria en el despacho que este tiene en la sede la Comunidad de la Puerta del Sol a petición del político porque, aseguró, quería conocerlo. El encuentro se produjo cuando Arena Media ya había presentado su oferta, pero cuando aún no se había anunciado el ganador del concurso.

El magistrado preguntó insistentemente al directivo de la empresa que ganó el concurso del Canal por los contratos de ésta con las campañas electorales del PP

El juez también interrogó al directivo por su posible relación con Alejandro de Pedro y sus empresas EICO Online Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, que él negó. Otra parte de sus preguntas fueron dirigidas a conocer los trabajos hechos por su empresa al PP en los últimos años. En este caso, el directivo admitió haber participado en dos campañas electorales. Una, la de 2011 que llevó a Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno. La segunda, la de los pasados comicios municipales y autonómicos de 2015, en este caso para el partido en Madrid. Sobre esta última, aseguró que el contrato fue de 70.000 euros. El magistrado insistió en saber si había ofertado un precio 'especial' a los 'populares' precisamente por la adjudicación el año anterior del millonario contrato del Canal de Isabel II. David Colomer lo rechazó de nuevo. Sin embargo, los investigadores han recopilado otros testimonios que apuntan que la concesión del millonario contrato publiciatario del ente madrileño del agua estuvo presuntamente 'teledirigido' desde el principio por el Ejecutivo regional. El análisis de las facturas encargado ahora por el juez Velasco pretende, precisamente, aclarar si fue amañado.

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