El sumario de la 'púnica'

La investigación suiza de Púnica bloquea desde 2013 los 'ahorros' de una prima del rey Juan Carlos

La medida de las autoridades Berna afecta a un total de doce empresarios españoles por su relación con depósitos en el país centroeuropeo desde los que se hicieron transferencias a los de Francisco Granados y su socio David Marjaliza. Al menos uno de ellos ha intentado, sin éxito, acceder al sumario que instruye la justicia helvética por blanqueo de capitales.

Granados y Marjaliza, en la única imagen que se conoce de ellos juntos.
Granados y Marjaliza, en la única imagen que se conoce de ellos juntos.

Más de dos años. 28 meses para ser exactos. Ese es el tiempo que llevan bloqueadas las cuentas en Suiza de una docena de empresarios españoles. El motivo: las transferencias de fondos que desde las mismas se hicieron a los depósitos abiertos en Ginebra por los dos presuntos cabecillas de la trama Púnica, Francisco Granados y David Marjaliza, supuestamente con el fin de blanquear millones de euros. Entre los afectados por la medida de las autoridades helvéticas se encuentra Inés de Borbón y Borbón, prima del rey Juan Carlos. Según documentos de la Justicia del país centroeuropeo a los que ha tenido acceso Vozpópuli, al menos uno de estos empresarios ha intentado personarse en la causa que ha llevado a la inmovilización de sus fondos allí, pero el Tribunal Penal Federal lo ha rechazado. Esta parte de la investigación permanece bajo secreto en la Audiencia Nacional dentro de la novena pieza separada de las doce en las que el juez Eloy Velasco dividió recientemente la causa. Es la que investiga "la trama internacional de presuntos blanqueos de capitales".

Las autoridades suizas bloquearon las cuentas de los 12 empresarios españoles en mayo de 2013, antes incluso de que se iniciara la investigación en España del 'caso Púnica'

Según detallan diversos pronunciamientos de los tribunales helvéticos sobre la investigación que derivó en la 'Operación Púnica', las pesquisas se iniciaron en el país centroeuropeo mucho antes que en España. En concreto, el 6 de diciembre de 2012, hace casi tres años, cuando sus servicios de lucha contra el lavado de dinero detectaron movimientos sospechosos en las cuentas abiertas en el BNP Paribas a nombre de la empresa costarricense Sheratong Trading, del "promotor inmobiliario en España" David Marjaliza y del "hombre político español" Francisco Granados. En dicha fecha, la Fiscalía suiza procedió al "secuestro penal" de dichos depósitos, medida que extendió en junio de 2013 a otra cuenta, en este caso la abierta en el UBS de Ginebra con otra mercantil centroamericana como titular, Droz & Co. también propiedad del constructor.

Entre ambas fechas, las pesquisas de la Justicia suiza habían detectado ya la existencia de un importante "flujo financiero" compuesto de más de un centenar de transferencias realizadas desde 2003 que apuntaban a un supuesto delito de blanqueo de capitales que tenía como destino, precisamente, las cuentas de Marjaliza y Granados. En ellas, detalla uno de los escritos judiciales en poder de este diario, aparecieron implicados "catorce intermediarios financieros en Suiza". Según fuentes cercanas a la investigación en España, entre ellos están los doce empresarios españoles a los que recientemente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado investigar en una de las piezas que mantiene secretas, como adelantó en exclusiva Vozpópuli el pasado 9 de septiembre. Se trata, en concreto, de Ines de Borbón y Borbón, prima del monarca emérito, además de los empresarios Jesús Roa Baltar, Florencio Campos Corona, Rodrigo Díez de Pichardo, José Miguel López Gutierrez, Tristán Domecq de la Maza, José María Riu Rabetllat, Ricardo Antonio Guindos Latorre, Miguel Trevor Langdon Sharman, María Elisa Usera Cano, José Amadeo Semper Asensi y María del Carmen Ballester Ríos

Un fundación con sede en Liechtenstein

En mayo de 2013, un mes antes incluso de que actuaran contra las que tenía Luis Bárcenas en el país helvético, las autoridades de Berna bloquearon los depósitos de todos ellos, algunos abiertos formalmente a nombre de empresas registradas en paraísos fiscales o fundaciones 'pantalla'. Una decisión que les fue comunicada a los afectados por la propia entidad en la que tenían sus fondos, la mayoría el BNP Paribas. De hecho, al menos uno de los afectados inició entonces trámites judiciales en el país helvético para revertir esta situación, sin éxito hasta ahora. Es el caso concreto de la familia del empresario Jesús Roa Baltar, fallecido en 2012 y que alcanzó cierta notoriedad en nuestro país por su implicación en el 'caso Ollero', uno de los primeros escándalos de corrupción mediáticos de nuestro país. Este empresario realizó supuestamente envíos de dinero a las cuentas de Marjaliza y Granados por un total de 1,05 millones de euros desde un depósito que tenía abierto a nombre de la Fundación Cotazur, domiciliada en Vaduz, la capital del Principado de Liechtenstein.

La familia de un empresario fallecido ha pleiteado con Berna para desbloquear la cuenta a nombre de una fundación de Liechtenstein desde la que se envió más de un millón de euros a depósitos de Marjaliza y Granados

Poco después del bloqueo de la cuenta abierta a nombre de la fundación, la familia empezó a pleitear con la Justicia suiza para conseguir acceder al sumario que instruyen las autoridades de Berna. Hasta ahora con nulo éxito. En diciembre de 2013, una tribunal ya le negó dicha posibilidad. Sin embargo, la batalla jurídica no acabó ahí, y los abogados de los Roa presentaron a través de una empresa una nueva demanda que, finalmente, el 30 de abril de 2014 el Tribunal Penal Federal rechazó definitivamente. Entre los argumentos esgrimidos por los magistrados en aquel fallo se encontraba que los movimientos financieros de la cuenta bloqueada revelaban que se habían hecho transferencias con otros depósitos sospechosos de cobijar dinero "originado en la corrupción".

En aquel momento, con la investigación en España recién iniciada, la Justicia helvética insistía en la necesidad de salvaguardar la información contenida en el procedimiento "a la vista de su carácter internacional, el largo periodo [desde 2003] durante el cual se han desarrollado los hechos, el número de transacciones a dilucidar, la complejidad de las estructuras financieras y el número de personas físicas y jurídicas afectadas". El fallo recalcaba también que había un "riesgo concreto" de malograr las investigaciones si se daba acceso a las mismas a los titulares de las cuentas bloqueadas. "Después de haber consultado el sumario y tomado conocimiento de los hechos precisos que contiene, las personas implicadas podrían contactar con otras personas relacionadas con el caso y todavía no identificadas y hacer desaparecer las pruebas", recalcaban los magistrados helvéticos para explicar su negativa.

Notificado a España

Un mes después de este último fallo, las autoridades suizas remitieron a la  Fiscalía Anticorrupción española una comunicación en la que la informaba por primera vez de la existencia de "varios terceros (personas físicas y jurídicas)" que habían "intervenido activamente" en transferir algo más de 5 millones de euros a las cuentas en el BNP Paribas y el UBS de Ginebra abiertas a nombre de Marjaliza, Granados y sus empresas 'pantalla'. En el mismo citaban, además de a la Fundación Cotazur y el fallecido Jesús Roa, al empresario Díez de Pichardo como presunto responsable del ingreso de 1,35 millones de euros en dichos depósitos a través de dos sociedades panameñas, Senator Overseas y Extreme Overseas Corp. Trevor Langdon aparecía como titular de la sociedad Rockfish Finance Corp que transfirió a las cuentas de los cabecillas de la trama 1,28 millones de euros. También figuraba la Fundación Algaba por un ingreso de 341.000 euros. Detrás de la misma está presuntamente Florencio Campos, exalcalde socialista de Alcalá de Henares (Madrid). Finalmente, José Miguel López Gutiérrez y Tristán Domecq de la Maza aparecieron en la documentación helvética como los responsables de la transferencia de 609.000 y 407.000 euros respectivamente a dichos depósitos.

Las autoridades helvéticas justifican su negativa a desbloquear las cuentas y dar acceso al sumario en el supuesto riesgo de que se hagan desaparecer pruebas

Anticorrupción elaboró entonces un informe, fechado el 11 de juniode 2014, en el que ya recogía la sospecha de que dichos movimientos de fondos estaban relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". Un sistema utilizado, por ejemplo, también por la mafia china presuntamente liderada por Gao Ping para sacar sus fondos de España. Este documento de la Fiscalía llevó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a elaborar un informe sobre los datos relacionados con estos seis empresarios y su posible vinculación con empresas de David Marjaliza. El sumario incluye, además, un informe de la Agencia Tributaria del pasado mes de marzo referido a uno de estos empresarios: Trevor Langdon. En el mismo, los expertos de Hacienda detallan la situación económica y financiera del mismo, y también su vinculación con otra de las personas que figura en la lista remitida ahora por Suiza.

Se trata de María Elisa Usera Cano, quien según los archivos de la AEAT figura como esposa de Trevor Langdon y titular de varias sociedades. De hecho, el informe le dedica un amplio espacio, sobre todo a sus movimientos de fondos con Suiza. Así, detalla que en diciembre de 2012 esta empresaria traspasó a una cuenta en España del Banco de Santander 277.000 euros procedentes de una cuenta en el BNP Paribas de Ginebra, la misma entidad donde tenían abiertos sus depósitos Granados y su socio. También destaca que ese mismo año se acogió a la polémica amnistía fiscal para aflorar una cartera de valores en esta misma entidad.

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