Publicado: 07/08/2015 04:00
El 'caso Púnica' no ha hecho nada más que empezar. Así lo apunta el juez Eloy Velasco en su último auto con el que prorroga el secreto de las actuaciones a la parte del sumario referida a la investigación que hicieron las autoridades suizas sobre las andanzas de Francisco Granados y su socio David Marjaliza en el país helvético. En dicho escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado asegura que dicha medida la toma para no "perjudicar nuevas líneas de investigación". De hecho, apunta a que, además de los documentos remitidos por las autoridades de Berna, se mantienen también fuera del alcance de los abogados defensores y las acusaciones algunas declaraciones de imputados, el contenido de diversos pinchazos telefónicos y otros documentos intervenidos.
"Los hechos denunciados, tipificados como delitos de blanqueo grave, han obligado al Juzgado a abrir nuevas vías de investigación que necesitan del secreto"
"Los hechos denunciados, tipificados inicialmente por las autoridades suizas como delitos de blanqueo grave, han obligado a este Juzgado a abrir nuevas vías de investigación que en este momento necesitan la protección del secreto para apoyar la acción de la Justicia en la persecución de los hechos denunciados, sin perjuicio de permitir el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción en cuanto se alce tal medida", señala Velasco en dicho auto, fechado el pasado martes. Por ello, y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda prorrogar el secreto de la pieza separada por un mes más, hasta el próximo 7 de septiembre.
En concreto, la medida afecta a los 13 tomos y 64 anexos documentales remitidos por Berna "en diversos idiomas cuya traducción se está llevando a cabo", pero no sólo. De hecho, el juez reconoce que a dicha pieza se han unido ademas "CDs/DVDs correspondiente a las grabaciones de las conversaciones intervenidas, alguna declaración de imputado y cuanta documental se ha considerado para no perjudicar nuevas líneas de invesigación", reitera el auto. En este sentido apunta que preservar el contenido de todo ello es "esencial para poder asegurar la investigación de los hechos nuevos que han sido puestos de manifiesto" durante la investigación de los útimos meses.
El auto de junio
La decisión del juez sigue la misma línea del auto dictado a finales del pasado mes de junio para también prorrogar el secreto de sumario, entonces sobre la totalidad del sumario. En aquel momento, el magistrado aseguró que dicha medida era necesaria para preservar el contenido de los 'emails' intervenidos en octubre que destaparon "regalos y favores" de la multinacional Cofely a alcaldes que aún no han sido imputados. Según Velasco relataba en aquel escrito, que ya apuntaba a la existencia de una tercera fase de la 'Operación Púnica' para después del verano, dicha parte de la investigación desconocida hasta ahora se sustenta en la abundante documentación intervenida en los registros del 27 de octubre, cuando resultaron detenidos, entre otros, Granados y Marjaliza.
Según especificaba, se trataba de mantener en secreto "archivos electrónicos, mensajería, etc" que permanecían alojados en los equipos informáticos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requisó y posteriormente volcó minuciosamente para analizar y cruzar los datos, como ya adelantó Vozpópuli. Dicho análisis de datos, la información obtenida de las declaraciones en sede judicial y las decenas de denuncias recibidas permitieron destapar nuevos objetivos "con una fuerte ligazón de conexidad". Se refiere, concretamente, a las millonarias adjudicaciones a Cofely-GDF Suez, una de las principales líneas de investigación del caso por el importe de los contratos públicos suscritos irregularmente.
En el mencionado auto de junio, Velasco ya señalaba que se estaban descubriendo nuevos líneas de investigación que ampliaban el campo de actuación, en aquella ocasión por los regalos y favores a los ayuntamientos que contrataron con la citada multinacional. Algo similar a lo que ocurre ahora, aunque en este caso la pista de la que está tirando el magistrado y la Guardia Civil son los 13 tomos y 64 anexos documentales en diversos idiomas remitidos por las autoridades de Berna.
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