El juez ultima tres piezas de Púnica para mandar al banquillo al 'chivato' y a dos cargos públicos del PP

El 'caso Púnica' avanza a velocidad de crucero... al menos en tres de sus doce líneas de investigación. La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, de trocear el sumario en una docena de piezas separadas se traducirá en breve en la conclusión de tres de ellas. En concreto, las que investigan el supuesto 'chivatazo' que un agente de la Guardia Civil dio a Francisco Granados, y las dos referidas a los pagos realizados presuntamente con dinero público para mejorar la reputación 'online' de sendos altos cargos del PP: el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, y el consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia, José Carlos Ruiz López. Ya en abril, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) reconocía que estas pesquisas concretas estaban muy avanzadas y su conclusión estaba "próxima" al menos en el ámbito policial. El auto del magistrado de este miércoles permitirá que esa finalización sea también judicial y los más de diez imputados en dichas partes, entre ellos el guardia civil y los dos cargos públicos 'populares', puedan ser mandados al banquillo de los acusados. Mientras, las otras nueve piezas separadas del sumario, algunas con "complicadas diligencias" pendientes, seguirán su camino más lentamente.

Tras dejar la UCO, el agente del 'chivatazo' ha pedido ser destinado al cuartel en cuyo calabozo estuvo detenido. Hasta que no sea condenado en firme, no podrá ser expulsado de la Guardia Civil

La primera pieza que se verá beneficiada por esta decisión es la que en su auto de este miércoles el magistrado denomina como "hechos referentes a la revelación de la investigación oficial a los señores Marjaliza y Granados". Se refiere con ello al 'chivatazo' que Luis Rodríguez Talamino, agente de la propia UCO, dío presuntamente en septiembre de 2014 al exdirigente regional del PP sobre la instalación de un equipo de vigilancia a las puertas de las oficinas de las empresas que su amigo y socio tenía en el edificio Plaza Éboli de Pinto. Durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez, el guardia civil aseguró que “en ningún momento” supo que sus compañeros estaban investigando a Granados y a Marjaliza a pesar de que admitió haber participado en la preparación del dispositivo de grabación. También negó cualquier conversación con el primero en las fiestas de Valdemoro, momento en el que el sumario apunta que se produjo la confidencia. Un agente en excedencia próximo a Granados desmontó esta versión en su declaración como testigo. Los informes de la UCO presentes en el sumario consideran que aquella indiscreción puso en peligro toda la operación Púnica.

Ahora es el propio Instituto armado el que quiere que esta parte de las pesquisas se dilucide rápidamente ante los tribunales para, de este modo, concluir el expediente interno al agente y, si es finalmente condenado, proceder a su expulsión. El agente se encuentra en estos momentos apartado de la UCO, pero mantiene su condición de miembro en activo pendiente de destino. Fuentes de la Dirección General han confirmado en las últimas semanas que Rodríguez Talamino ha solicitado destino en, al menos, dos unidades, una de ellas 'sensible'. En concreto, en la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, con sede en la localidad madrileña de Tres Cantos. Curiosamente, fue en los calabozos de este cuartel donde el 'chivato' estuvo detenido tras su arresto. Los agentes de la unidad a la que ahora pretende ser destinado y que, por tanto, serían sus compañeros, fueron los que le tomaron las fotografías y las huellas dactilares para la reseña policial. Estas mismas fuentes auguran que, finalmente, no se aceptará dicha petición, aunque admiten que, mientras no esté condenado en firme, sigue siendo guardia civil y puede pedir un destino en función de sus méritos. Entre estos últimos cuenta, precisamente, su paso por la UCO como integrante de su Grupo de Apoyo Técnico (GAT), especializado en seguimientos e instalación de dispositivos de vigilancia.

León y Murcia

Las otras dos piezas que se encuentran en su fase final a punto de concluir son las que el auto denomina "hechos referentes a la Diputación de León" y "hechos referentes a la Comunidad de Murcia". Son, en concreto, los que tienen como principales implicados respectivamente al expresidente de la Diputación de León y actual alcalde de la localidad de Cuadros, Marcos Martínez, y al exconsejero de Turismo de la región murciana, Juan Carlos Ruiz. Un informe de la Guardia Civil fechado el pasado 20 de abril ya apuntaba que ambas líneas de investigación estaban entonces muy avanzadas y auguraba que su "finalización está próxima". Los agentes afirmaban que desde las detenciones de octubre se había avanzado en ambas "de manera significativa" y que había dado tiempo a analizar "las evidencias procedentes de la intervención telefónica, declaraciones policiales y judiciales, y requerimientos de documentación". Ya entonces se consideraba que "sólo" quedaban por tomar algunas "declaraciones policiales con el propósito de confirmar algunos de los hechos que se ponen de manifiesto en los informes policiales". Dicha labor, según fuentes cercanas a la investigación, concluyó hace tiempo.

En las piezas de León y Murcia se investiga el supuesto pago con dinero público de trabajos de reputación 'online' para sendos cargos públicos del PP imputados 

Aunque independiente una de otra, ambas tienen un punto en común: las empresas del llamado 'conseguidor' de la trama, Alejandro de Pedro, prestaron servicios de reputación 'online' "para autoridades de ambas administraciones". Según las pesquisas, el objetivo de dichos trabajos era "posicionar favorablemente a estas personas en el seno del Partido Popular nacional para lograr que fueran elegidos candidatos a las próximas elecciones locales y municipales", en referencia a los comicios del pasado 24 de mayo. A cambio de ello, el 'conseguidor' de Púnica "recibía pagos por publicidad en sus diarios digitales" mediante contratos públicos "adjudicados en concurrencia ficticia con empresas de su entorno". En el caso de Marcos Martínez, estos hechos provocaron su detención el pasado mes de octubre y que pasara 40 días en prisión. A Juan Carlos Ruiz le salvó su condición de aforado y, sólo cuando abandonó su cargo en el Ejecutivo poco antes de las elecciones, pudo ser formalmente imputado.

En el primero de los casos, la investigación ha comprobado que una de las sociedades de Alejandro de Pedro, Madiva Editorial, mantuvo un contrato con la Diputación de León desde mediados de 2013 hasta que se desató la operación a finales de octubre de 2014 a razón de 3.600 euros mensuales por mejorar la imagen en internet de la asesinada Isabel Carrasco, primero, y de Martínez, después. En total, la Diputación reconoció a la Audiencia Nacional pagos por algo más de 105.000 euros a Madiva en dos años y medio por este concepto. Además, en el sumario figuran además otros pagos -cuatro de 1.500 euros cada uno- de una entidad vinculada a la Diputación, el consorcio de gestión de las basuras, Gersul. El magistrado también considera probado que el político leonés, en su aspiración por presidir el PP de León, prometió al 'conseguidor' adjudicaciones de contratos para la estación de esquí de San Isidro a cambio de influencia política en Génova. Por esta pieza también están imputados el interventor Manuel Jesús López Sánchez y el empresario Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela.

En Murcia, el juez también investiga un contrato firmado con Madiva Editorial que, sobre el papel, tenía como objetivo la promoción turística de Murcia en el mercado británico y cuyo importe ascendía a 24.000 euros. El magistrado considera que no sólo se eludió la normativa en materia de contratación pública (se simuló la concurrencia de varias empresas que, en realidad, eran todas del entorno del 'conseguidor'), sino que también sirvieron presuntamente para desviar fondos a hacer trabajos de reputación 'online' en favor del exconsejero imputado. Además de éste, en esta pieza también están encausados la que fuera directora del Instituto de Fomento (INFO), Reyes Samper; la directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez; su secretario general, Jesús Galindo; el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura; y el segundo 'conseguidor' de la trama, el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa. De las tres ya terminadas, es la que previsiblemente siente a más personas en el banquillo de los acusados.