Publicado: 08/03/2016 04:00
Una parte importante del sumario del 'caso Púnica' seguirá bajo secreto. Así lo ha decidido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que ha emitido un auto por el que prorrogaba esta medida para la llamada 'pieza separada internacional' en la que están tanto la documentación remitida por Suiza que dio pie a la investigación como la confesión del cabecilla de la trama David Marjaliza. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado insiste como en otras ocasiones que la medida es necesaria "para no perjudicar nuevas líneas de investigación". Sin embargo, también menciona algo a lo que hasta ahora no se había referido en otros autos de prórroga de secreto: que está intentando identificar a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo". Según fuentes cercanas a la investigación, se trata de unas pesquisas que se centran en una veintena de empresarios con cuentas en Suiza que presuntamente colaboraron con la red de corrupción en el 'lavado' y repatriación de fondos mediante el llamado 'mecanismo de compensación'. Al menos tres de ellos ya han sido imputados (investigados, según la terminología de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal), según la documentación que obra en poder de este diario.
El último auto de prórroga del secreto de sumario es el primero en el que se mencionan las pesquisas para identificar a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo"
Según se encarga el propio juez de recalcar en este último auto, la decisión de mantener el secreto se produce un mes después de que decidiera levantar el secreto sobre otra parte de la causa que ha ido transcendiendo en los medios de comunicación en las últimas semanas. El magistrado insiste en que aquella medida fue posible por "el avance en los trabajos de análisis de las evidencias documentales y digitales obtenidas en las entradas y registros", pero que no es aún factible hacerlo respecto a la documentación que la Fiscalía Federal helvética puso en manos de la Justicia española a comienzos de 2014. De hecho, recalca que toda esta información, "que aparece en diversos idiomas, se está procediendo a su traducción" y ha destapado también "nuevas vías de investigación que en este momento necesitan la protección del secreto para apoyar la acción de la Justicia en la persecución de los hechos denunciados". El juez Velasco reconoce en el auto que utiliza esta 'pieza separada internacional' para mantener bajo secreto otros documentos. Entre ellos, aunque no la cita expresamente, la declaración del constructor David Marjaliza.
Respecto a "las personas que colaboraron en las actuaciones de blanqueo", el magistrado ha mantenido un estricto mutismo del que hasta ahora han transcendido muy pocos datos. El primero, fue un informe de la Fiscalía Anticorrupción de 11 de junio de 2014, al comienzo de las investigaciones, en la que desvelaba que las autoridades suizas habían detectado ya entonces transacciones entre las cuentas que tenían en este país Francisco Granados y su amigo Marjaliza con las de varios ciudadanos españoles. Uno de ellos era identificado como Rodrigo Díez de Pichardo, al que la Fiscalía señalaba como presunto responsable del ingreso de 1,35 millones de euros en los depósitos de Marjaliza a través de dos sociedades de paraísos fiscales, Senator Overseas y Extreme Overseas Corp. La Fundación Cotazur, ligada al empresario fallecido Jesús Roa Baltar, supuestamente estaba detrás del envío de 1,05 millones de euros. Otra fundación, en este caso Algaba, realizó un ingreso de 341.000 euros. Detrás de la misma está presuntamente el exalcalde socialista de Alcalá de Henares Florencio Campos. También aparecían en el informe los empresarios José Miguel López Gutiérrez y Tristán Domecq de la Maza como presuntos responsables de la transferencia de 609.000 y 407.000 euros respectivamente a dichas cuentas. El último era Michael Trevor Langdon Sharman, un ciudadano español de origen norteamericano al que la investigación relacionaba con un ingreso de 1,28 millones de euros a través de la sociedad panameña Rockfish Finance Corp.
El primer imputado
Precisamente, Trevor Langdon se convirtió en el primer imputado en la causa por estas transferencias bajo sospecha, como adelantó Vozpópuli el pasado mes de octubre. De hecho, su casa fue registrada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en busca de documentación. El informe de Anticorrupción que le mencionaba por primera vez en el sumario ya recogía la sospecha de que dicho movimiento de fondos hacia las cuentas de Marjaliza, así como los realizados por otros cinco empresarios, estaban relacionados con operaciones de blanqueo de capitales "gracias al mecanismo de compensación". Un sistema utilizado, por ejemplo, también por la mafia china presuntamente liderada por Gao Ping para sacar sus fondos de España. Un informe posterior del Instituto armado destacaba que Trevor Langdon había tenido vínculos con una de las mercantiles de Marjaliza, Estándar Colina Investments Limited, ya disuelta, de la que fue "director" desde 1991 a 2007. Los agentes destacaban que entonces no habían podido constatar si la misma había tenido "alguna relación con los hechos investigados y con el entramado mercantil vinculado" al cabecilla de la Púnica.
En septiembre, el juez pidió al Banco de España información sobre posibles cuentas en Suiza de una docena de personas. Entre ellas estaba Inés de Borbón, prima del rey emérito
En pasado mes de septiembre, el juez Velasco dio un nuevo paso sobre dicha línea de investigación al enviar al Banco de España un listado de doce empresarios, entre los que se encontraba Trevor Langdon. Reclamaba de ellos información sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" por parte de todos ellos entre 2003 y 2015 "con especial hincapié" en las que tuviera en el país helvético. Junto a él aparecían los otros cinco ya citados en el informe de Fiscalía; la esposa del propio Trevor, María Elisa Usera Cano, e Inés de Borbón y Borbón, prima del monarca emérito. El magistrado quería conocer su posible relación con el centenar largo de transferencias detectadas que tenían como destino las cuentas suizas de Marjaliza y Granados. Dicha información aún permanece bajo secreto.
Desde entonces, no había vuelto a transcender información hasta que el pasado mes de febrero una providencia del magistrado apuntaba a la imputación de, al menos, otras dos personas por el supuesto blanqueo de dinero de la trama a través de cuentas suizas. Se trata de J.P.B. y M.G.Y. El abogado del primero confirmó en conversación telefónica con Vozpópuli que la situación judicial de su cliente ha sido provocada por un movimiento bancario que se hizo desde sus cuentas en el año 2008 con los depósitos de Marjaliza y Granados. Siempre según el testimonio del letrado, el empresario aseguró que no ordenó dicha operación y que fue la entidad bancaria la que realizó sin su consentimiento. El juez Velasco no le ha creído hasta ahora y mantiene la condición de 'investigado' para él y las otras dos personas como presuntos integrantes de ese grupo de personas que "colaboraron en las actuaciones de blanqueo" de la trama Púnica.
LÓPEZ MADRID, EL PP Y EL 'BLANQUEO'
Otra parte de la investigación que permanecerá aún en secreto tras el último auto del juez es la referida a los apuntes de la agenda intervenida a Francisco Granados y que supuestamente recoge información sobre pagos de 'mordidas' al político madrileño por parte de empresarios. Por estas anotaciones ya han declarado como imputados en los últimos días el empresario Javier López Madrid y el exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. Los dos están acusados de sendos delitos de blanqueo de capitales y cohecho. El juez, que ordenó cinco registros, entre ellos el despacho del segundo en la sede del PP de la calle Génova, intenta saber si es cierto que, como indica la agenda, el yerno del presidente de OHL entregó un millón de euros al empleado de los 'populares' y si ese dinero fue directamente a las arcas del partido o de otras personas, entre ellos el propio Granados.
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