LOS SECRETOS DEL SUMARIO

Los 28 documentos, mensajes y reuniones que acorralan al aforado de Cifuentes en el 'caso Púnica'

'Vozpópuli' detalla el contenido del cronograma elaborado por la UCO con las comunicaciones comprometedoras que han permitido al juez Velasco poner al borde de la imputación a Daniel Ortiz, ex alcalde de Móstoles y actual parlamentario regional.

 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Cristina Cifuentes, en apuros. La exposición razonada enviada este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que comience a investigar por el 'caso Púnica' a Daniel Ortiz Espejo, ex alcalde de Móstoles, actual diputado regional del PP y, por lo tanto, aforado, pone de relieve la exsitencia de numerosos mensajes, llamadas telefónicas y documentación comprometedores. Son los que intercambiaron los principales protagonistas del supuesto amaño de un contrato de eficiencia energética de 74 millones de euros en el municipio madrileño. El documento del magistrado se sustenta en dos informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) y, sobre todo, en el segundo de ellos, entregado en la Audiencia Nacional el pasado 28 de marzo y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo, los agentes detallan en un completo cronograma los 28 indicios en los que se sustentan la decisión del juez Velasco de pedir al TSJM que actúe contra el diputado madrileño por seis delitos de corrupción.

Febrero de 2013. El contructor y presunto cabecilla de la trama, David Marjaliza, remite un email a Pedro García, directivo de la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez, supuestamente autora del amaño. Es el indicio más antiguo de las irregularidades del contrato bajo sospecha. Según se recoge en dicho correo electrónico, el primero señalaba que "están esperando a que se produzca esta reunión y a la impresión que saque  el alcalde de la compañía para dar el siguiente paso", sin concretar.

Los detalles los aportará un edil del Consistorio mostoleño que ha declarado como testigo. Se trata del entonces concejal de Infraestructuras David Sánchez del Rey, quien aseguró que dicho encuentro se celebró ese mismo mes de febrero de 2013 y que al mismo asistieron él y otros dos miembros el equipo de gobierno municipal y dos representantes de la compañía. Sus compañeros del Ayuntamiento fueron, precisamente, el regidor, Daniel Ortiz, y el concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla, imputado en la causa. Por parte de la multinacional asistieron su director general en España, Maurice Didier, y el directivo Constantino Álvarez. La fecha no aparece concretada.

20 de marzo de 2013. El anterior no sería la única reunión secreta entre empresa y miembros del Consistorio. En la agenda intervenida a otro ejecutivo de Cofely, Pedro García, la Guardia Civil encontró en la página de ese día la anotación manuscrita "Móstoles (reunión Alej. Utrilla)", en clara referencia al concejal señalado ahora por el juez Velasco como uno de los "intermediarios-representantes" en la trama junto a su hermano Mario, ex alcalde en Sevilla La Nueva y parlamentario regional en la anterior legislatura autonómica, y el propio Daniel Ortiz. 

26 de septiembre de 2013. Ese día, dos directivos de Cofely imputados intercambiaron correos electrónicos. En concreto, Constantino Álvarez remitía a Pedro García un mensaje informándole de una llamada que el primero había recibido del director de Infraestructuras y Mantenimiento del Ayuntamiento: "Han avanzado mucho pero dado que hay un compromiso con Cofely por parte del alcalde y del concejal [presuntamente Ortiz y Utrilla] nos ponemos en contacto con vosotros", rezaba el mismo.

23 de enero de 2014. Cuatro meses después de aquellos primeros contactos y mensajes, se reunía la Mesa de Contratación del Consistorio para abrir los sobres que contenían la documentación administrativa, los llamados 'sobre número 1'. Tres eran las compañías que aspiraban a hacerse con el millonario de eficiencia energéticas: Fulton, Dalkia y la propia Cofely.

30 de enero de 2014.  Este mismo órgano municipal se volvía a reunir y levantaba acta del contenido del sobre número 2, el que contenía la oferta "que debía evaluarse mediante juicios de valor", recoge el documento de la Guardia Civil.

7 de marzo de 2014. Una responsable del Consistorio mostoleño, Carmen Moratinos, emitía el informe de valoración sobre las ofertas de las tres compañías. En él, Fulton "obtiene la puntación más alta". En concreto, 10,7 puntos más que la multinacional francesa. Ante esta circunstancia, la presunta implicación del hoy diputado aforado se comenzaba a hacer más evidente.

12 de marzo de 2014. Daniel Ortiz remitía al concejal David Sánchez del Rey una cadena de mensajes de whatsapp que tanto la UCO como el juez Velasco han considerado ahora muy reveladores. En él, el hoy diputado regional le ordenaba a su concejal que "no lleves mañana tema oferta económica... Ok?" "Recibido. Te refieres a que no demos lectura de informe del sobre 2 ni abrir el sobre 3?", fue la respuesta de este último. El entonces alcalde se lo confirma: "Eso... ya os cuento a ti y a Vanesa", en referencia otra integrante del equipo de gobierno del consistorio, Vanesa Martínez.

Ese mismo día, los dos protagonistas del intercambio de mensajes de móvil mantuvieron una reunión en la que Daniel Ortiz puso sobre la mesa la que finalmente sería la excusa para anular la mejor oferta y darle el millonario contrato a Cofely: sus "dudas sobre la capacidad económica de Fulton [la otra empresa] para afrontar las inversiones".

De nuevo en la misma jornada, el concejal remitía a Daniel Ortiz un correo electrónico, con copia para su compañera Vanesa Martínez, en el que "parece justificar por qué Fulton supera la solvencia económica y por qué obtuvo la mayor puntuación en el sobre 2". En el mismo mensaje, el edil responsable de Infraestructuras proponía "solicitar aclaraciones sobre capacidad económica-financiera por la preocupación del alcalde".

También ese día de marzo, Daniel Ortiz reenviaba el email anterior al también imputado Alejandro Utrilla. Éste, a su vez, le daba su opinión sobre la estrategia a seguir.

13 de marzo de 2014. La Mesa de Contratación leía el informe del sobre 2 que daba la mejor puntuación a Fulton e, inmediatamente después, abría el sobre 3, el de la oferta económica. El acta de dicho encuentro no reflejó que se detectase ningún error en las ofertas y, a la vista de las cifras, la compañía rival de Cofely "sería la virtual adjudicataria", recoge textualmente el cronograma de la Guardia Civil.

14 de marzo de 2014. El Ayuntamiento decidía por sorpresa hacer un requerimiento de información a Fulton "por posible baja temeraria en las prestaciones" y otro a las tres compañías participantes en el concurso "para que aclaren la capacidad económico financiera para afrontar las prestaciones" en la misma línea marcada por el entonces alcalde de Móstoles.

Ese mismo día, el ahora diputado autonómico reenviaba a Alejandro Utrilla un correo de David Sánchez del Rey en el que éste informaba al primero del anterior requerimiento a Fulton.

17 de marzo de 2014. El directivo de Cofely Pedro García le informaba a su compañero Constantino Álvarez de que el requerimiento de nueva infromación económica "se enmarca en el interés del Ayuntamiento en desechar la oferta de Fulton", sus competidores.

En la misma jornada, Constantino Álvarez el que enviaba un email, en ese caso a uno de sus subordinados. Lo hacía para que éste preparase para el día siguiente "antes de las 14 horas" un informe 'fantasma' sobre las supuestas deficiencias de su rival en la puja. "Obviamente, si somos capaces de demostrar lo que nos piden, Cofely superaría a nuestro principal competidor en este tema", se leía textualmente en el mismo.

Ese mismo día, Pedro García se volvía a poner en contacto por email con su compañero Álvarez para solcitarle que se preparasenunos informes financieros de las otras sociedades concurrentes con la finalidad de "desmontar la viabilidad de la propuesta de Fulton".

20 de marzo de 2014. Constantino Álvarez se dirigía ese día a un subordinado por correo electrónico para 'meterle prisa'. "Necesitamos entregar un informe con un análisis financiero de las cuentas de Fulton como apoyo para desestimar su oferta. No es suficiente con un correo. Ese informe debe ser en papel blanco, sin membrete", en un claro intento de que no se supiera quién era realmente el autor del mismo.

Con poco tiempo de diferencia, Pedro García recibía un correo electrónico que incluía información bancaria y un cuatro financiero de Fulton que figuraban en la documentación confidencial que esta empresa había entregado al Ayuntamiento de Móstoles junto a su oferta. Los agentes destacan en su informe que en los registros realizados en la sede de Cofely tras las primeras detenciones de octubre de aquel año se encontró "más documentación de Fulton de este tipo". 

24 de marzo de 2014. La técnico municipal Carmen Moratinos redactaba el informe de valoración del sobre 3 del concurso, el referido a la oferta económica, el cual daba como adjudicatario a Fulton al considerar que no se había detectado ningún error en su propuesta. Sin embargo, este informe nunca se incorporó al expediente del concurso, porque la concejal Vanesa Martínez, que formaba parte de la mesa de contratación dijo 'in extremis' que se había percatado de un error. El informe apareció, finalmente, en el despacho del directivo de Cofely Pedro García durante los registros de la Guardia Civil.

Ese mismo día, dos empleados de la compañía intercambiaban un correo en el que uno explica que "necesitan tener algún tipo de justificación para Móstoles antes del día 25".

También el día 24 de marzo,  Alejandro Utrilla escribía un email al alcalde Daniel Ortiz en el que se asegura que "el miércoles me dan el análisis de los papeles" sin más concreción.

25 de marzo de 2014. Sólo 24 horas más tarde, uno de los trabajadores de la multinacional remitía a su superior Pedro García "una versión inicial del informe anónimo que estaban preparando para un concejal del Ayuntamiento de Móstoles [se supone que Utrilla]" en el que ya "se detecta el error en la oferta económica de Fulton".

Ese mismo, día, Pedro García recibía el documento definitivo adjunto a un correo electrónico. 

También el 25 de marzo, Daniel Ortiz enviaba un nuevo whatsapp al concejal de Infraestructuras para comunicarle lo que le había dicho Utrilla poco antes. "Mañana creo tengo respuesta sobre documentación que me diste... OK?".

1 de abril de 2014. La concejal Vanesa Martínez y una funcionaria daban cuenta del supuesto error en la oferta de Fulton. Ese mismo día, el Departamento de Contratación del Consistorio emitía el informe excluyendo a ésta compañía y a la tercera que había presentado oferta, Dalkia, por un ficticio error no subsanable en sus ofertas.

Entre el 16 de julio y el 8 de octubre de 2014. Con la Guardia Civil tras los pasos de los principales integrantes de la trama, los 'pinchazos' revelaron durante aquellos meses la existencia de "reiteradas llamadas telefónicas" de los directivos de Cofely Constantino Álvarez y Pedro García, a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, y el constructor David Marjaliza, 'conseguidor' del pelotazo. En las mismas, según recoge el cronograma de la UCO, "se aborda el pago de comisiones por el contrato de Móstoles". El juez las cuantificó entre 500.000 y 240.000 euros en el escrito que acaba de remitir al TSJM

22 de septiembre de 2014. De todas esas llamadas, los agentes destacan en su informe una registrada este día de septiembre entre los dos altos cargos de la multinacional. En ella, Constantino Álvarezle aseguraba a su interlocutor que había hablado con el director general de la compañía, Maurice Didier, "de varias cosas. La primera, bueno, eh... le he comentado que hay que resolver los de los 240.000 euros" Pedro García le responde con unas palabras que la Guardia subraya y pone en mayúscula en su cronograma por su relevancia: "Lo que es indiscutible, que es lo que le decía yo a Antonio, digo Antonio, no estaba previsto pero nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato". Son el punto final al informe que ha puesto contra las cuerdas al diputado Daniel Ortiz y en apuros, a Cristina Cifuentes.


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