CASO PÚNICA

El 'cubata' y las 14 llamadas que pueden costarle seis años de cárcel a Francisco Granados

El reciente auto que ha dado un impulso a la pieza del sumario en la que se investiga el 'chivatazo' detalla una por una las llamadas y encuentros de aquella semana de 2014 que pusieron en peligro la 'Operación Púnica'.

El 'cubata' y las 14 llamadas que pueden costarle seis años de cárcel a Francisco Granados
El 'cubata' y las 14 llamadas que pueden costarle seis años de cárcel a Francisco Granados GTRES/TERESA GARCÍA

El banquillo de los acusados está un poco más cerca para Francisco Granados desde esta semana. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dio el pasado jueves los primeros pasos para enviar a juicio la primera de las catorce piezas en las que ha dividido el sumario del 'caso Púnica'. En concreto, la referida al 'chivatazo' que supuestamente recibió el político de un guardia civil semanas antes de su detención y que estuvo a punto de echar por tierra meses de investigación. El auto por el cual el magistrado delimita quiénes están acusados por estos hechos -el propio ex secretario general del PP madrileño, el agente y un compañero de éste en excedencia- detalla los cuatro encuentros y catorce llamadas registrados entre el 5 y el 13 de septiembre de 2014 que obligaron a precipitar las detenciones de los implicados en la trama de corrupción y provocó "la quema de importantísimos documentos que hubiera servido de prueba en esta causa". Aquellos sucesos serán previsiblemente los que hagan que se siente por primera vez en un banquillo de los acusados el que fuera todopoderoso número 3 del Gobierno de Esperanza Aguirre. Lo hará bajo la acusación de aprovecharse de la revelación de un secreto realizado por un funcionario público, un delito castigado en el artículo 418 del Código Penal con una pena de uno a seis años de cárcel.

El juez Velasco apunta en su último auto que Granados habría cometido un delito de "aprovechamiento" de revelación de secreto, castigado por el artículo 418 del Código Penal con entre uno y seis años de cárcel

Todo comenzó la noche del 5 al 6 de septiembre de aquel año en Valdemoro, la localidad del sur de Madrid donde Granados fue alcalde y que se ha revelado como el auténtico epicentro de la trama. En plenas fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario, José Manuel Rodríguez Talamino, un integrante de la Unidad Central Operativa (UCO) vecino del municipio y que había participado en la colocación de una cámara oculta frente a las oficinas del constructor David Marjaliza, se acercó al entonces ya ex senador mientras tomaba copas para hacerle un comentario que dejó preocupado a éste. Así lo deducen los investigadores, y refleja el auto del juez, de la conversación telefónica que pocas horas después mantuvieron el ex secretario general del PP de Madrid y el tercer imputado por estos hechos, José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia y amigo de ambos, que había trabajado para Granados cuando estuvo en la Consejería de Interior del Ejecutivo regional. "Me contó una película sin venir a cuento, y no... entendí yo muy bien [...] Es que me dio la sensación de que me lo quería contar ... porque fue sin salir", le relató Granados a este segundo agente. Éste le respondió que a él también le había abordado en la calle porque, según le dijo, "tengo que hablar con Paco y contigo", pero que lo dejó ahí. "Y si te ha contado algo es porque él se mamó el cabrón", le añadió. Ambos concluyeron que había que volver a hablar con él para que "nos lo cuente". De hecho, el político le indicó a su interlocutor que "lo que tienes que hacer es llamar a éste y que te cuente, porque yo... me dio la sensación... es que no venía a cuento".

A esa llamada le siguió otra minutos después de Granados a su amigo Marjaliza para indicarle que "uno que está en la UCO" le había comentado algo que le había sonado a advertencia ya que le apuntó que la Guardia Civil estaba "haciendo cosas" en la puerta de las oficinas que el constructor tenía en el Edificio Éboli, en la cercana localidad de Pinto. "¿Seguimientos o qué?", fue la pregunta que le planteó éste. Granados le respondió con un rotundo "sí" para señalarle que "supongo que mañana tendré... tendré más información". Inmediatamente después era el empresario el que realizaba una llamada. En este caso, a su secretaria y persona de la máxima confianza, Ana María Ramírez, para alertarla. "Que tengo un policía, un guardia civil en la puerta. Y bueno, aparte el teléfono pinchado, ya lo sabes", le dijo a su interlocutora, aunque en un primer momento él relacionó esta vigilancias con las visitas que había recibido en dicho edificio de un individuo al que apodaba 'el cojo' y cuyo hermano "está en la cárcel por droga". "A ver si van a pensar también estoy metido porque han venido dos veces a verme", se escudaba. Ese mismo 6 de septiembre se producía una cuarta llamada entre los implicados. En este caso, de nuevo entre Granados y su amigo José Luis Caro Vinagre. En ella, éste le comentaba al primero que "ya he hablado con éste", aunque evitando dar más detalles por teléfono. Se limitaron a quedar en la puerta de la casa del agente en excedencia para tratarlo en persona.

"Una pinta malísima"

La información que el político recibió del que fuera su colaborador generó a éste enorme preocupación. De hecho, a las dos de la madrugada del 7 de septiembre, Granados volvía a ponerse en contacto con Caro Vinagre para decirle que esa noche no iba a bajar a las fiestas de Valdemoro ya que "no tengo muchas ganas después de lo que ha pasado hoy". Sin embargo, los investigadores y el juez Velasco están convencidos de que aquella llamada intentaba realmente ocultar un nuevo encuentro en persona entre ambos aquella misma noche. De hecho, los informes de la UCO y, ahora, el último auto del juez destacan una llamada, la quinta, de la que se deduce que antes de aquel encuentro Rodríguez Talamino había transmitido al otro guardia civil datos sobre el grupo concreto de la unidad de élite que estaba al frente de las pesquisas y que éste se lo había comunicado a su vez al político. De hecho, en esta nueva comunicación, el ex secretario general del PP madrileño daba a entender claramente que había realizado un consulta en Internet sobre dicho departamento y había descubierto que el mismo se dedicaba a casos de corrupción. "Y eso tiene una pinta malísima, me he metido yo [en Internet], y eso tiene una pintaaaa", le espetaba a su interlocutor para más adelante incidir en su preocupación: "Por lo que yo he visto y tal, ¡no tengo duda! Vamos, ¡100 por 100! [...] y con una pinta mala, mala, mala en mi opinión". En una nueva llamada de ese mismo día, el político y su amigo acordaba recabar más datos sobre la investigación ya que, como destacaba Granados en la misma, "el tema va pa' lante y serio". "Sí, ya me lo dijo él a mí que era la cosa seria, pero bueno", fue la respuesta de su interlocutor.

Los 'pinchazos' telefónicos muestran la preocupación de Francisco Granados tras recibir el chivatazo y saber que la UCO lo investigaba: "Eso tiene una pinta malísima[...] El tema va pa'lante y serio"

A raíz de la intervención de aquellas llamadas, los responsables de la investigación decidieron 'alejar' simulando un trabajo fuera de Madrid al presunto autor del 'chivatazo' de las pesquisas y, de paso, impedir que entrase en contacto con su amigo Caro Vinagre. De hecho, el mismo 9 de septiembre este último volvía a llamar al político para decirle que el día anterior había hablado con "éste" pero que tenía que concretar "a ver si hablo con él ahora a mediodía [...] Hoy concreto para verle", añadía. Horas después se producía la novena llamada, en la que de nuevo el agente en excedencia facilitaba 'novedades' al presunto cabecilla de la trama. En concreto, que vería a Rodríguez Talamino tres días después ya que éste estaba entonces de viaje. Un día antes de ese encuentro, los investigadores interceptaban otra llamada relacionada con el 'chivatazo'. En este caso, de David Marjaliza a un "estrecho colaborador", Antonio Serrano, de la que la UCO destaca la sospechosa insistencia del constructor en recalcar la supuesta legalidad de su actividad con la multinacional Cofely, una de las empresas presuntamente implicadas en la red de corrupción. También para entonces Ana María Ramírez, la secretaria del constructor, había llamado a su marido, guardia civil de profesión y hermano del entonces alcalde de Valdemoro, Juan Carlos Boza Lechuga, también implicado en la causa, para preguntarle por las capacidades de las cámaras térmicas que utilizaba el Instituto armado para sus vigilancias y si "atraviesan paredes".

El 12 de septiembre de 2014 se reanudaba el intercambio de llamadas entre Caro Vinagre y el político. La primera, poco después de las diez y media de la mañana. En ella, el primero le anunciaba que a lo mejor quedaba esa misma jornada con el miembro de la UCO autor de la filtración para tomar algo. Una segunda se producía diez horas después y en ella le señalaba que dicho encuentro se había pospuesto para el día siguiente. En dicha conversación, Granados le pedía que le preguntase si la investigación le afectaba a él: "Sobre todo si va la cosa conmigo, claro". Finalmente, sólo unas horas más tarde, a la una y veinte de la madrugada del 13 de septiembre, Caro Vinagre telefoneaba de nuevo al ex senador para que le abriese la puerta de su domicilio porque "me he traído al 'calvito", apelativo con el que ambos se referían a Rodríguez Talamino que entonces llevaba la cabeza rapada. Los investigadores concluyen que en ese momento los tres mantuvieron una reunión en la vivienda del político en el que el miembro de la UCO les confirmó sus temores.

Graves perjuicios a la investigación

El juez destaca en su escrito, adelantado por Vozpópuli el pasado jueves, que por culpa de la indiscreción del agente hubo que retirar la cámara instalada frente a las oficinas de Marjaliza y "que se perdiera una fuente de información muy valiosa para los investigados y para la instrucción de la causa". También resalta en su escrito que disminuyó la frecuencia en las llamadas entre los principales implicados "y el contenido de las mismas", ya que desde ese momento "evitaban pronunciarse sobre temas de interés para la investigación". Eso hizo que "la intervención telefónica desarrollada con autorización policial perdiera eficacia en relación a la obtención de datos de interés para la investigación". De hecho, destaca que Marjaliza destruyó documentación, como luego él reconocería en su confesión, y que incluso cambió de terminales telefónicos. El auto también resalta que para subsanar los perjuicios del 'chivatazo' de su agente, la UCO tuvo que distraer "medios materiales y humanos" para intentar despistar a éste y que tuvieron que disminuir los seguimientos para evitar ser detectados "con la consiguiente pérdida de información". Todo ello desembocó en "una explotación precipitada de la investigación" el 27 de octubre de 2014.

El juez considera probado que el 'chivatazo' puso en peligro la 'Operación Púnica', cuyas detenciones hubo que precipitar después de que los implicados reforzaran sus medidas de seguridad

Por todo ello, el juez considera que la actuación de Rodríguez Talamino no fue "un acto individual y asilado, sino que se extendió en el tiempo" y que en ella tuvo una particiación activa tanto Granados como el amigo común de ambos Caro Vinagre. Todo ello se plasmó en la difusión de la noticia a varios investigados y los insistentes intentos del político por conseguir recabar más datos sobre las pesquisas que le afectaban. Por ello, considera a los tres responsables del delito de revelación de secretos. El agente de la UCO, en grado de autor recogido en el artículo 417 del Código Penal, que sanciona estos hechos con entre dos y cuatro años de cárcel cuando han causado "un grave daño para la causa pública" como considera el magistrado  que ha ocurrido en este caso. A su compañero en excedencia, como colaborador. Y al político, por "el aprovechamiento" de dicho secreto, una figura recogida en el artículo 418 que fija penas de entre uno y seis años de cárcel. El primer banquillo del político está desde este jueves un poco más cerca.



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