España

La Púnica explota en Génova: Zaplana, Floriano o Isabel Carrasco son señalados por los imputados

Los interrogatorios de la 'Púnica' confirman la conexión de algunos de los rostros más influyentes del PP con la trama, tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid. En las 300 horas de interrogatorios aparecen nombres como los de Eduardo Zaplana, Carlos Floriano, Isabel Carrasco o Marcos Martínez.

Sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova
Sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova EFE

La trama Púnica no sólo se asocia con apellidos del PP de Madrid. La onda expansiva salpica a otras plantas de la sede de Génova, más allá de dónde estaban situados estrechos colaboradores de la presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre. Las alrededor de 300 horas de interrogatorios que el juez Eloy Velasco realizó el pasado octubre a los imputados en la Operación Púnica confirman las conexiones existentes entre esta enorme trama de corrupción y varios despachos de dentro y de fuera de la calle Génova.

Los testimonios de las más de 90 personas que fueron citadas en la Audiencia Nacional implican a diversos cargos del Partido Popular de Madrid, pero también de otras autonomías como Murcia, Comunidad Valenciana o Castilla y León. En las conversaciones entre el magistrado y los implicados aparecen nombres como Eduardo Zaplana, Carlos Floriano o Ignacio Uriarte, con nexos directos con el núcleo duro del partido.

Entre los varios cientos de intervenciones que el juez titular de esta investigación realiza durante los interrogatorios a los imputados y testigos resulta especialmente significativa una que le espeta a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y considerado como el cerebro de la trama: "Creemos que parte del dinero hinchado en esos contratos se lo quedaban y se lo repartían el alcalde, usted y el PP de la CAM", llega a asegurar el juez Velasco en un momento dado de los interrogatorios. Una afirmación que muestra las sospechas que tiene el magistrado de que detrás de esta gigantesca trama de corrupción no sólo puede existir un fin de lucro personal o empresarial, sino también un posible delito de financiación irregular de los populares en Madrid. 

-El juez Velasco: "Creemos que parte del dinero hinchado en esos contratos se lo quedaban y se lo repartían el alcalde, usted y el PP de la CAM. ¿Lo niega?"

-Granados: "Vamos, lo niego al cien por cien. Qué tiene que ver el partido en esto"

Pero los testimonios de los implicados también señalan nombres con línea directa con los despachos principales de la calle Génova. Es el caso de Carlos Floriano, antiguo vicesecretario de Comunicación del partido a quien el "conseguidor" de la trama, Alejandro de Pedro, afirma que conoce y que contactó por correo electrónico a través de Ignacio Uriarte, presidente de Nuevas Generaciones del PP entre 2006 y 2011. De Pedro se refiere a este asunto ante el juez de la siguiente forma:

-Alejandro de Pedro: El único contacto que tuve hace dos años fue con Carlos Floriano a ese nivel (altas instancias de Génova).

-Fiscal: Cuando ha hablado de que escribió un email a Nacho Uriarte, ¿de qué persona hablamos?

-Alejandro de Pedro: Nacho Uriarte es un cargo del partido, no sé si es diputado nacional que es amigo de...

-Fiscal: ¿Es del gabinete de Cospedal?

-Alejandro de Pedro: No, no, no. Yo le pedía el favor de que se lo hiciera llegar a Carlos Floriano.

Pese a la claridad con la que señala el 'conseguidor' de la Púnica a estos cargos del PP Nacional, el juez Velasco no vuelve a preguntar sobre la posible relación de Floriano con esta trama.  

Otro de los capos del PP que había sido relacionado con la Púnica en las últimas semanas y que salió el pasado octubre durante el interrogatorio del juez Velasco a De Pedro es el de Eduardo Zaplana. El nombre del expresidente de la Comunidad Valenciana y ministro de Trabajo de José María Aznar sale a colación porque el "conseguidor" recurrió a él para interesarse por las posibilidades que tenía su hermano, Adrián de Pedro, de ganar un concurso público. El imputado afirma que Zaplana le contestó que prefería que le trasladara ese tipo de consultas mediante un papel y no por correo electrónico.

-Fiscal: ¿Qué es lo que habla con Eduardo Zaplana respecto al tema éste que le digo yo (sic) de que tiene que llevarle en papel...

-Alejandro de Pedro: Pues que no quería que le mandara por email eso...

-Fiscal: ¿Pero era del tema de los colegios o de otro tema?

-Alejandro de Pedro: Es que no recuerdo si era el tema de los ferrocarriles u otro.

-Fiscal: ¿Y para qué se lo lleva usted?

-Alejandro de Pedro: Por si podía ayudar.

El cogollo, en el PP de Madrid

Los sonidos de los interrogatorios de esta operación anticorrupción, entregados a las partes del proceso este martes, dejan en evidencia a Francisco Granados y David Marjaliza, a quienes se ha situado como los urdidores de la trama y a quienes los instructores de la causa sitúan como presuntos responsables de delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, prevaricación o fraude. Al primero se le considera como el cabecilla de las operaciones, mientras que al constructor como el nexo de unión entre los varios alcaldes madrileños que están imputados en la trama.

Dentro de los varios cargos del PP de la Comunidad de Madrid sobre los que pesan fundadas sospechas de estar involucrados en esta trama adquiere una especial relevancia la figura de Salvador Victoria, consejero de presidencia hasta hace unas semanas y a quien el "conseguidor" cita en su declaración. En concreto, De Pedro contó ante el juez que la Comunidad de Madrid le debía 120.000 euros por algunos trabajos realizados y que Salvador Victoria le aseguró que se le pagaría a través de un contrato con el Canal de Isabel II. Poco después, recibió en un sobre 10.000 euros a través del grupo Indra, lo que ratifica la presencia de esta compañía tecnológica en Púnica.

También habla de los evidentes nexos que existen entre el gobierno de Ignacio González y la Púnica el testimonio de Lucía Figar, exconsejera de Educación, Juventud y Deportes cuyo departamento pagó 80.000 euros a la empresa de De Pedro para que mejorara su posicionamiento y su reputación en las redes sociales, según la investigación. En su locución ante el juez, Figar señala directamente a Granados como el responsable de que el "conseguidor" recibiera encargos de las Administraciones públicas regidas por los populares.

Las varias ramificaciones de Púnica por España

Pero los ecos de la Operación Púnica se escuchan más allá de la Comunidad de Madrid, como se recoge en su sumario y se confirma en las grabaciones de los interrogatorios del juez Velasco. Uno de los puntos salpicados por la trama es la provincia de León, según se desprende también de las palabras de De Pedro. El imputado explicó en octubre en la Audiencia Nacional que había concertado un contrato con la Diputación de León, firmado con la anterior presidenta, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014, para posicionar en redes sociales informaciones favorables. "Le sacábamos los enlaces de internet y le decíamos todo lo que se decía de ella. Le hacíamos un listado diario que enviábamos a una funcionaria", relató.

En su testimonio, también se refiere a su relación con su sucesor, Marcos Martínez, también imputado. “Le dije que si necesitaba ayuda, sobre todo porque quería ser presidente del partido en la provincia", (...) Me dijo que sí porque políticamente no sabía nada", afirmó De Pedro, quien aseveró que recibió información privilegiada sobre concursos públicos que se realizaron en la estación de esquí de San Isidro, en León.

En los interrogatorios ante el juez Velasco también se pone de manifiesto la ramificación de la trama en la Región de Murcia. De hecho, entre los cargos públicos de los que el magistrado pidió declaración se encuentra el exconsejero de Industria y Turismo de esta comunidad autónoma, Juan Carlos Ruiz, quien durante el ejercicio de su función pública rubricó un contrato con De Pedro para firmar su imagen en internet. En su declaración, Ruiz defendió la legalidad de este documento y recordó que, en cuanto se supo la implicación de De Pedro en Púnica, se canceló el acuerdo.

Dentro de esta zona de España, adquiere una especial relevancia la figura de José Antonio Alonso, exalcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995 que está imputado por su estrecha relación con David Marjaliza y por las sospechas de los investigadores del caso sobre su papel de "conseguidor" en Valencia. De hecho, De Pedro le citó en varias ocasiones durante sus alrededor de dos horas de declaración.



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