LOS SECRETOS DEL SUMARIO

Anticorrupción critica "el abuso en beneficio propio" que hacen los políticos del aforamiento

Las fiscales del 'caso Púnica' remitieron el pasado mes de septiembre un escrito al juez Velasco en el que denunciaban la "obstrucción pertinaz, el filibusterismo procesal" que intentaba el que fuera número 2 del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. Consideraban que la actitud de éste en la causa era "un ejemplo de desprestigio actual" de esta protección legal que disfrutan los cargos públicos.

El duro texto de las dos fiscales Anticorrupción incorporado al sumario del caso Púnica.
El duro texto de las dos fiscales Anticorrupción incorporado al sumario del caso Púnica. VOZPÓPULI

Bastante más que indignación. Eso es lo que se desprende del escrito que las dos fiscales Anticorrupción del caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García, remitieron al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para oponerse al recurso de uno de los políticos imputados en la causa, Salvador Victoria, antiguo 'número 2' del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El motivo no era otro que los intentos de este dirigente regional del PP de anular la instrucción de la causa "por sentirse perturbado en su anterior estatuto de aforado". Las dos representantes del Ministerio Público no sólo cargan contra la pretensión del exconsejero madrileño sino que lo hacen también contra la protección jurídica de la que disfrutan los cargos políticos en España por "el abuso que en beneficio propio" han hecho de ella "nuestras autoridades". De hecho, creen que dicha figura legal ha pasado de ser "un triunfo histórico de las democracias parlamentarias" a "una pérdida de tiempo y de esfuerzos para la Administración de Justicia".

Las fiscales creen que el aforamiento ha pasado de ser "un triunfo histórico" de la democracia a "una pérdida de tiempo y de esfuerzos" para la Justicia

El escrito de las dos fiscales tiene fecha del pasado 16 de septiembre, pero era desconocido hasta ahora porque había sido incluido en la parte del sumario de la que se ha levantado el secreto recientemente. El mismo es la respuesta a un recurso de Salvador Victoria del 23 de julio pasado en el que pedía, por un lado, "aclaración y rectificación" de un auto anterior del juez Velasco sobre su citación a declarar como imputado y, por otro, que se estimase el "incidente de nulidad de actuaciones" que había presentado el 30 de mayo anterior precisamente por su condición de aforado ya que entonces aún formaba parte del Ejecutivo regional en funciones.

Según destacan en el arranque de su escrito las dos representes de Anticorrupción, dicho recurso del político del PP "es un ejemplo de obstrucción pertinaz, de filibusterismo procesal en detrimento del valor constitucional de 'la acción de la Justicia" al considerar que pretende torpedear todo un sumario, el del caso Púnica, que pretende esclarecer "la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que han participado en los mismos", en referencia a los numerosos delitos de corrupción destapados hasta ahora. Las fiscales critican que Victoria alegue haberse sentido "perturbado en su anterior estatuto de aforado" por lo que califican de "un hecho nimio": que la citación para declarar como imputado la recibiese cuando aún disfrutaba de dicha protección jurídica aunque su comparecencia estuviera fijada para el 25 de junio, cuando ya la había perdido.

"Desprestigio actual de los aforamientos"

El escrito de Anticorrupción recuerda que ante esta circunstancia, el juez Velasco suspendió aquel mismo día dicha comparecencia "de forma inmediata y se dictó un auto a su efecto" que postergó su declaración para casi un mes después: el 20 de julio. En este sentido, las fiscales recuerdan que cuando le tocó comparecer esta segunda vez ya sin estar aforado, Salvador Victoria se acogió a su derecho a no declarar por lo que destacan que "no podemos estar de acuerdo con que se le haya producido ningún género de indefensión". Entonces, el magistrado le impuso como medidas cautelares comparecencias mensuales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Anticorrupción consideran la actuación de Salvador Victoria en el sumario de Púnica como "un ejemplo del desprestigio actual de los aforamientos"

Por todo ello, las representantes del Ministerio Público consideran el recurso en el que el exnúmero 2 del Ejecutivo madrileño  solicita "aclaración, rectificación y nulidad contra el auto que dejó sin efecto su citación" de junio como "un ejemplo del desprestigio actual de los aforamientos". Una figura jurídica que, si bien califican de "un triunfo histórico de las democracias parlamentarias" cuando se creó, está sufriendo "el abuso que en beneficio propio han realizado [...] nuestras autoridades". Y concluyen que, además, ahora mismo supone "una pérdida de tiempo y de esfuerzos para la Administración de Justicia".

En el momento en el que se redactó el escrito, en el 'caso Púnica' ya estaban imputados cinco políticos que habían perdido el aforamiento tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo. A Salvador Victoria, que finalmente declaró a petición propia el 25 de septiembre, nueve días después del escrito de Anticorrupción, se habían unido la también exconsejera madrileña Lucía Figar, los parlamentarios de la Asamblea de Madrid José Miguel Moreno Torres y Mario Utrilla, y el miembro del Gobierno de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz, todos ellos del PP.

Además, en los últimos meses ha transcendido que las declaraciones del constructor David Marjaliza han salpicado a otros cargos públicos que disfrutan de dicha protección jurídica, como el diputado en el Parlamento de Valencia Víctor Soler, y sus compañeros de la Asamblea de Madrid Bartolomé González, Daniel Ortiz, Eva Borox y Jaime González Taboada, este último número 3 del Ejecutivo de Cristina Cifuentes. Todos ellos pertenecen a las filas 'populares' salvo Borox, que ocupa un escaño por Ciudadanos.

RITA Y LOS CUATRO DEL CONGRESO

El crítico documento de la Fiscalía Anticorrupción se conoce en un momento en el que varios parlamentarios nacionales se enfrentan también a problemas judiciales parapetados tras su condición de aforado. El último ha sido la senadora 'popular' Rita Barberá. El juez que instruye el 'caso Taula' ha iniciado recientemente el proceso para elevar la investigación contra la exalcaldesa de Valencia al Tribunal Supremo por un delito de blanqueo por las 'donaciones fantasmas' para financiar su campaña electoral de mayo de 2015.  Obligada por su partido a abandonar la presidencia de la Comisión Constitucional de la Cámara Alta, su aforamiento está blindado aunque se convoquen nuevas elecciones por la decisión de su partido de incluirla en la Diputación Permanente.

En el Congreso son cuatro los diputados sobre los que sobrevuela la figura de la imputación. De ellos, una parlamentaria del PP, la exalcaldesa de Jerez de la Frontera y exsenadora María José García-Pelayo, ya declaró el pasado lunes en el Supremo como imputada (investigada, según la nueva terminología impuesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por su presunta implicación en la llamada trama jerezana del 'caso Gürtel'. Los otros son los 'populares' Pedro Gómez de la Serna, enviado al Grupo Mixto por su propio partido, y Oscar Clavell, yel socialista Antonio Gutiérrez Limones, quien además es alcalde en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

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