El juez investiga si Púnica se valió de un pequeño empresario de Tomelloso para sus sobornos a políticos

El juez Eloy Velasco sigue tirando de la madeja del 'caso Púnica' para llegar a los políticos y funcionarios que cobraron sobornos de la trama. Ahora, el hilo le ha llevado hasta Andrés Fernández de la Calle, un pequeño empresario de Tomelloso (Ciudad Real) que figura como socio y administrador único de dos sociedades que recibieron durante 2013 y 2014 "dudosos pagos" de una de las empresas pantallas del constructor David Marjaliza. Los investigadores sospechan que el ahora investigado (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) es en realidad un testaferro del cabecilla de la trama que éste utilizaba para conseguir liquidez con la que pagar sobornos a cargos públicos y técnicos de los ayuntamientos en los que se amañaban los concursos para que ganara la multinacional de eficiencia energética Cofely-GDF Suez. El magistrado ya ha intentado interrogar a Fernández de la Calle en dos ocasiones. La última, el pasado lunes, aunque ha sido imposible. En esta ocasión, el industrial ha justificado su ausencia en un accidente, según confirmaron a Vozpópuli fuentes jurídicas.

De las cuentas bancarias de dos sociedades sin actividad del pequeño empresario salieron 374.964 euros en efectivo entre los años 2013 y 2014 

El nombre del empresario de Tomelloso ya salía en los informes previos a las detenciones de octubre de 2014, aunque entonces él no fue arrestado. En uno de ellos, elaborado días antes de la redada por la Fiscalía Anticorrupción, se señalaba a Andrés Fernández de la Calle y las dos mercantiles que entonces tenía activas, Fahorman 2011 SL y Getacons 2012 SL, como eslabones de la trama para blanquear las 'mordidas' que supuestamente pagaba Cofely por conseguir las adjudicaciones. De hecho, entonces ya llamó la atención de los investigadores que ambas mercantiles, dedicadas al "montaje de media y alta tensión, líneas de transporte, automatismos...", hubieran sido inscritas en el registro mercantil el mismo día, el 25 de septiembre de 2012, y con la misma dirección de la localidad castellano manchega como sede social. Además, no habían presentado declaraciones ante la Agencia Tributaria, salvo un par de trimestrales con resultado negativo, pese a lo cual de sus cuentas bancarias habían salido "en efectivo entre febrero y diciembre de 2013 diecisiete remesas de dinero por un importe total de 200.364 euros". 

A pesar de que entonces no se ordenó la detención del pequeño empresario, ambas empresas sí fueron intervenidas judicialmente y, desde entonces, han estado sometidas a investigación. De hecho, en los últimos meses han aparecido nuevos datos sospechosos sobre ellas. Así, otro informe de la Fiscalía, éste del pasado mes de enero, añadía más indicios sobre los sospechosos movimientos de dinero realizados a través de ambas, sobre todo de Fahorman 2011 SL. Anticorrupción destacaba en el mismo que las cantidades de fondos que habían salido de sus depósitos bancarios se elevan hasta los 374.964 euros a los largo de 2013 y 2014 tras haber localizado dos nuevas cuentas. A ello se sumaba la información sobre los ingresos percibidos por la mercantil y que procedían en su inmensa mayoría de Construcciones y Reformas De la Peña SL, una sociedad que las pesquisas han revelado como parte de la trama de David Marjaliza aunque no figura a su nombre.

No paga impuestos

En total, Fahorman recibió de esta última 425.301,51 euros en 2014, pese a lo cual los informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario destacan que de la empresa de instalaciones eléctricas "no hay ningún registro ni en [el impuesto de] sociedades, ni en IVA, ni en imputaciones de terceros, ni retenciones por trabajo personal". Por ello, Hacienda no duda en considerar a dicha mercantil como "opaca". Son estas entradas de importantes cantidades de dinero y las salidas también de miles de euros lo que ha llevado a Anticorrupción a relacionarlas directamente "con el aprovechamiento económico de fondos a favor de terceros que procedía de pagos de las facturas presuntamente mendaces giradas por Construcciones de la Peña SL a Cofely". De hecho, la consideran el último eslabón conocido hasta ahora de "un circuito con los movimientos de fondos que tenían por origen los contratos públicos adjudicados a la entidad hispano francesa". 

Anticorrupción considera a sus dos empresas el último eslabón del "circuito" que permitiía a la trama conseguir dinero en efectivo para pagar 'mordidas'

Así, la multinacional solía subcontratar algunos trabajos de las adjudicaciones que recibía en los ayuntamientos a Construcciones y Reformas De la Peña SL tras 'trampear' con presupuestos falsos de otras compañías una concurrencia "ficticia", de tal modo que "fuese la mercantil 'controlada' por David Marjaliza la seleccionada para realizar estas obras", según recogen textualmente informes de la Guardia Civil. A continuación, ésta facturaba los trabajos que realizaba a "precios 'hinchados', incrementados artificialmente o, incluso, por trabajos inexistentes". El dinero conseguido de este modo era después supuestamente derivado mediante cheques (el juez sigue el rastro a 137 de ellos), a las sociedades de Fernández de la Calle, entre otras. Éste, a su vez, lo extraía con disposiciones en efectivo desde sus cuentas. Los investigadores consideran que, de este modo, Marjaliza conseguía el dinero en metálico para pagar los supuestos sobornos a políticos y funcionarios.

Por todo ello, la Fiscalía pidió el pasado mes de enero la imputación del pequeño empresario por los delitos de "blanqueo o, en su caso, encubrimiento si no se ha lucrado de fondos". El juez lo citó en la Audiencia Nacional para el pasado 28 de enero, aunque según fuentes jurídicas no se presentó de manera justificada. El magistrado le volvió entonces a convocar por segunda vez para dos meses más tarde, el pasado lunes 28 de marzo, aunque tampoco en esta ocasión le ha podido interrogar ya que su abogado alegó un accidente que le impedía desplazarse. Mientras tanto, Eloy Velasco le ha pedido que aporte numerosa documentación de sus empresas, entre ellas las supuestas facturas de sus relaciones comerciales con la sociedad 'pantalla' de Marjaliza así como "los medios de pagos de las mismas". También quiere que presente la documentación contable y fiscal de las compañías y una relación de los movimientos bancarios y los pagos realizados, con identificación del "destinatario final" de los mismos. El objetivo es "identificar a los destinatarios de dichos fondos" que, según sospechan el juez y Anticorrupción, pueden ser cargos públicos y funcionarios de ayuntamientos en los que la trama Púnica amañó contratos.