El diputado de Cifuentes que dimitió por la Púnica declarará como imputado el 13 de septiembre

Daniel Ortiz Espejo, primer diputado de Cristina Cifuentes que se vio obligado a dimitir por su implicación en el 'caso Púnica', ya tiene fecha para declarar como investigado (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. El magistrado ha dictado este lunes, tras reincorporarse a la Audiencia Nacional tras las vacaciones de verano, una providencia por la que fija el próximo 13 de septiembre a las diez de la mañana como la fecha y hora en la que el antiguo parlamentario regional madrileño deberá comparecer ante él para declarar por su supuesta relación con el amaño de un contrato público de más de 73 millones euros cuando era alcalde de la localidad madrileña de Móstoles. Daniel Ortiz, que siempre ha negado cualquier relación con la trama que presuntamente encabezaba su correligionario Francisco Granados, dimitió de su escaño el pasado mes de julio horas después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había aceptado investigarle tras remitirle el juez Velasco la causa contra él dado que era aforado. Tras perder dicha condición el alto tribunal ha devuelto las diligencias a su colega de la Audiencia Nacional, quien ahora ha decidirle citarle "a fin de oírle en declaración como imputado, previa instrucción de sus derechos".

El juez Velasco ha citado como imputado a Daniel Ortiz después de que el TSJM le devolviera la causa contra él tras haber perdido el político su condición de aforado al verse obligado a abandonar su escaño 

El juez Velasco había elevado en mayo al TSJM una extensa exposición razonada para pedir a este órgano judicial que investigase a Daniel Ortiz al considerar a éste al político presunto autor de seis delitos de corrupción por su supuesta participación en el amaño de un contrato de eficiencia energética en favor de la empresa Cofely-GDF Suez, una de las principales implicadas en la red de corrupción. En su escrito, de 74 folios de extensión, el magistrado detallaba todos los indicios y pruebas recopilados en la causa contra él, entre ellas 28 comunicaciones entre los principales implicados de la trama, que demostrarían en su opinión "actos de corrupción en beneficio de la empresa que se llevó la adjudicación bajo sospecha, la filial española de Cofely-GDF Suez, "con un ánimo de lucro personal como contrapartida". El magistrado llegaba a hablar de pagos de entre 240.000 y 500.000 euros de los que supuestamente se beneficiaron él, el concejal del mismo municipio Alejando Utrilla, y el hermano de éste, Mario, que fuera alcalde de Sevilla La Nueva y parlamentario regional la pasada legislatura autonómica.

Junto a estos tres políticos el juez destaca la participación "activa" en la trama para amañar dicho contrato de tres responsables de la empresa adjudicataria. En concreto, del responsable del Departamento Comercial, Constantino Álvarez; del jefe de Mercado Público, Pedro Pérez, del propio director general de la compañía, Mauricio Didier, y de otros empleados del Departamento de operaciones, todos ellos ya imputados en la causa. También participó el constructor David Marjaliza, quien actuó como 'conseguidor' del contrato e intermediario ante Ortiz y los otros políticos, de los que consiguió información reservada para que Cofely pudiera preparar la oferta con la que se llevaron el concurso. El amigo de Francisco Granados incluso negoció la cifra de la 'mordida' y adelantó los primeros pagos de ésta, como él mismo ha confesado en su declaración autoinculpatoria. El escrito del juez señalaba que dicha comisión era de 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros “como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”. Gran parte de este dinero salió con cargo al presupuesto mismo de ejecución del contrato mediante facturación que se giró al Ayuntamiento mediante conceptos como una auditoría falsa por importe del 2 por ciento del presupuesto de adjudicación. La otra, de “una serie de reformados que no eran más que una ficción de gastos para generar a costa del erario municipal el efectivo necesario para abonar las dádivas prometidas”.

"Prevaliéndose de su posición como alcalde"

La exposición razonada explicitaba todos los indicios recabados contra Daniel Ortiz en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de 2014 por importe de 73.143.434,76 euros por un periodo de 12 años. Daniel Ortiz, según el juez de la Audiencia Nacional, recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad”. Muy especialmente, sobre el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey. A éste llegó a solicitarle la interrupción del procedimiento de adjudicación, interfiriendo en el proceso reglado de decisión de la Mesa de Contratación, único órgano competente sobre el contrato, del que no formaba parte.

Un juez Velasco le acusa de haberse valido de su condición de alcalde para interrumpir el proceso de licitación de millonario contrato y así facilitar que fuera adjudicado a Cofely, una de las empresas de la trama

Según Velasco, durante la tramitación del procedimiento, el ex diputado regional puso en marcha “una dinámica de mensajes e intercambios de informes confidenciales que generaron un auténtico circuito paralelo encubierto de licitación, remitiendo subrepticiamente a los empleados de Cofely (…) documentos confidenciales de la oferta de un licitador competidor”. Dicha actuación se hizo, continúa el juez, al objeto de que los cuadros técnicos de esa multinacional  realizaran “como efectivamente realizaron, un contra informe anónimo para excluir al competidor mejor baremado hasta entonces”, con el fin de ayudar a Cofely “facilitándole información que no podía adelantar y que sólo filtró a ella”. Un mes después de aquel escrito, y cuando ya se sabía que el TSJM iba a actual contra él, Daniel Ortiz dimitió. Ahora, ya sin la condición de aforado, tiene una cita el 13 de septiembre para declarar como imputado ante el juez Velasco en la Audiencia Nacional.