La UCO interroga al alcalde de Alcalá de Henares, un concejal y cuatro técnicos por los amaños de Púnica en la etapa de 'Bartolo'

El cerco judicial en el 'caso Púnica' sobre Bartolomé González, 'Bartolo', se estrecha. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han interrogado a lo largo de este lunes como testigos a cuatro funcionarios y dos cargos públicos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, municipio de Madrid donde el actual diputado autonómico del PP fue alcalde hasta julio de 2012. Entre las personas que han sido citadas se encuentran el actual regidor de la localidad, el socialista Javier Rodríguez Palacios, y un concejal del mismo político. Ambos participaron en la comisión de investigación que concluyó en marzo de 2015 que la adjudicación de un contrato de 14 millones de euros a Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez, estuvo plagada de irregularidades. No obstante, los investigadores también han preguntado a los seis testigos por otros contratos firmados con empresas de la trama, en concreto, con Waiter Music, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del propio Ayuntamiento y cercanas a la investigación.

El actual alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Rodríguez Palacios, y otro concejal del PSOE fueron interrogados este lunes como testigos por las supuestas irregularidades de sus antecesores

Es el segundo impulso que reciben en los últimos días las pesquisas sobre la actividad desplegada por la red liderada presuntamente por Francisco Granados en esta localidad, la tercera de la Comunidad de Madrid por número de habitantes. Como adelantó este lunes Vozpópuli, el anterior se produjo el pasado jueves 18 de febrero, cuando la UCO requirió al Ayuntamiento documentación sobre el millonario contrato de eficiencias energética cuya tramitación se inició en la etapa como primer edil de 'Bartolo', hombre de la máxima confianza de Esperanza Aguirre y actual miembro del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid que lidera Cristina Cifuentes. Pese a lo reciente de dichas actuaciones de la Guardia Civil, las sospechas sobre dicha adjudicación vienen de lejos. En concreto, de la confesión que el pasado verano hizo el constructor David Marjaliza, señalado como uno de cabecillas de la Púnica y que ahora colabora con la Justicia

Entonces, este empresario amigo de Granados aseguró que Bartolomé González había recibido supuestamente 60.000 euros de 'mordida' cuando era alcalde de Alcalá de Henares por favorecer la contratación de Cofely. Según detalló entonces el constructor al magistrado, la elevada cantidad de dinero le fue supuestamente entregada al político por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha del propio empresario, también imputada en la causa. Esta mujer también ha comparecido recientemente en la Audiencia Nacional y ha ratificado las palabras de su jefe. De hecho, confirmó que las anotaciones encontradas en un documento hallado en uno de los registros recogían, precisamente, los nombres de varios consistorios en los que se habían pagado sobornos. Uno de ellos era, precisamente, el de Alcalá de Henares.

Otros contratos bajo sospecha

Sin embargo, el contrato de Cofely no es el único de los firmados por las Juntas del Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares presididas por 'Bartolo' que es investigado ahora por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. Así lo confirma el contenido de los interrogatorios a los que la Guardia Civil ha sometió este lunes a los seis testigos. A todos ellos les preguntaron no sólo por el contrato de eficiencia energética, sino también por adjudicaciones a Waiter Music, una empresa especializada en organizar festejos y que también esta siendo investigada dentro del caso Púnica.

De hecho, la UCO ha reclamado en los últimos días al Consistorio abundante documentación sobre sus relaciones con ambas empresas, incluso referida a "pequeños detalles", confirman las fuentes consultadas por Vozpópuli. Estas mismas coinciden en señalar que hasta ahora ha transcendido sólo "una mínima parte" de las supuestas irregularidades investigadas y que afectan, sobre todo, a Bartolomé González, regidor del municipio hasta julio de 2012, actual diputado en la Asamblea de Madrid (y, por tanto, aforado) y una de las personas más cercanas a la ya dimitida 'lideresa' del PP madrileño.