CASO PÚNICA

El juez sospecha que Granados amañó contratos de Arpegio por valor de "1.000 millones de euros"

El magistrado hace un requerimiento de documentación "urgente e inmediato" a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública sobre contratos, consorcios y convenios firmados entre 2007 y 2011, cuando el ex secretario general del PP madrileño ocupaba la consejería de Presidencia. El auto destaca que el político tenía un "dominio absoluto en persona o por delegación" sobre las decisiones que propiciaron adjudicaciones. Las nuevas pesquisas salpican a un alto cargo del Gobierno de Cifuentes, el viceconsejero Miguel Ángel Ruiz, que entonces ocupaba cargos de responsabilidad en Arpegio y el Plan Prisma.

Francisco Granados, en una comparecencia en la sede de la Comunidad de Madrid cuando era consejero.
Francisco Granados, en una comparecencia en la sede de la Comunidad de Madrid cuando era consejero. EFE

Convenios y consorcios bajo sospecha, contratos millonarios supuestamente amañados... y, detrás de todo ello, Francisco Granados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado un auto por el que ordena a la Comunidad de Madrid y a la empresa pública Nuevo Arpegio que le entreguen de manera "urgente e inmediata" abundante documentación del periodo 2006-2011 referida a la sociedad antecesora de esta última, Arpegio Areas de Promoción Empresarial SA. El motivo es la sospecha de que el que fuera secretario general del PP de Madrid y ahora señalado como presunto cabecilla de latrama Púnica aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años para manipular 22 consorcios urbanísticos y un sin fin de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado cita expresamente la cantidad de "1.000 millones de euros", que se corresponde con la totalidad de dicho programa de inversiones en aquellos años, aunque no se ejecutó en su totalidad.

Las pesquisas ordenadas por el magistrado salpican a un viceconsejero del Gobierno de Cifuentes que en el periodo investigado, 2006-2011, fue consejero delegado de Arpegio y director general del Plan Prisma

El auto recalca que todo este dinero se adjudicó "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados", quien en ocasiones actuaba "en persona" y en otras, "por delegación". Para esto último, presuntamente colocó como vocal en el órgano de decisión de la empresa pública a una persona de su confianza que el escrito judicial no da su nombre. Según diversas fuentes, se trata de Ignacio Palacios, imputado ya en la causa como presunto testaferro del político, aunque otras también apuntam a Jaime González Taboada, actual número 3 del Gobierno de Cristina Cifuentes y a quien el constructor David Marjaliza acusó en su confesión de quedarse con un tercio de las 'mordidas' de los supuestos amaños de la empresa pública. En actas de Arpegio, González Taboada figura como vocal a propuesta de la Consejería de Presidencia que encabezaba Granados. Además, las nuevas pesquisas salpican a un nuevo alto cargo del ejecutivo regional, el vicecconsejero Miguel Ángel Ruiz, quien en el periodo investigado ocupó los cargos de director general del Plan Prisma y de consejero delegado de Arpegio. Ruiz es en la actualidad la 'mano derecha' de González Taboada en la Consejería de Medio Ambiente. 

El auto del juez Velasco detalla que esta línea de investigación, que le llevó recientemente a abrir una nueva pieza separada en el sumario que permanece secreta, arranca precisamente con "las declaraciones iniciales" de Marjaliza. Éste había revelado la existencia del "pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Primas, impulsados todos ellos por la Comunidad de Madrid". El magistrado destaca que todo ello estaba "dotado con 1.000 millones de euros" de fondos públicos, una importante cantidad que se adjudicaron "bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación". Para ello, añade el escrito, el político participaba directamente o "junto un número de vocales, uno de ellos elegido directamente por aquel, y procedentes todos del Patronato de Arpegio (sic), presidido por el mismo". De este modo, Velasco considera que "el dominio sobre las decisiones de adjudicación era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio" que puso a la empresa pública bajo el control directo de la consejería que encabezaba Granados.

Copias certificadas

Por todo ello, el magistrado ordena a la Comunidad de Madrid que le entregue copias certificadas de nueve documentos relacionados con las tomas de decisiones que llevaron a Arpegio a estar bajo la dirección del presunto cabecilla de la trama Púnica. Así, reclama el expediente administrativo relativo al convenio de 3 de febrero de 2006 suscrito entre Granados y la empresa pública en el que se establecían las bases que regían las actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (conocido como Plan Prisma) de los periodos 2006-2007 y 2008-2011. También quiere que se le entregue los acuerdos por los que Granados designó a Ignacio Palacios como el vocal que representaba al Ejecutivo regional en la mesa de contratación de ambos periodos, así como el acuerdo del consejo de Gobierno de Madrid que autorizaba al político hoy encarcelado a celebrar los convenios con Arpegio. A su vez, pide a la empresa pública los acuerdos de los Consejos de Administración celebrados el 3 de febrero de 2006 y el 29 de septiembre de 2008 por los que se desiginaba a los integrantes de la Mesa de contratación.

El juez Velasco ha reclamado a la Comunidad de Madrid los expedientes de las adjudicaciones a la empresa DUSA de ocho contratos de Arpegio por valor de 9,8 millones de euros 

El auto del juez apunta además a otras dos líneas de investigación también dentro de Arpegio a la vista de la documentación que reclama. Por un lado, la abierta por dos recientes oficios remitidos a la Audiencia Nacional por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre indicios de supuestas irregularidades detectadas en las adjudicaciones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), "en particular los contratos de obras y servicios". Por otro, la que se inicia tras "la declaración de un testigo el pasado mes de marzo" que no identifica y que, según destaca el magistrado en su magistrado, dio detalles sobre "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones". El juez Velasco quiere saber ahora qué "entidades físicas y jurídicas" concretas resultaron "beneficiarias de este proceder".

"Complementarios" y "prórrogas"

Para aclarar los supuestos amaños relacionados con DUSA, el magistrado reclama los expedientes de adjudicación de ocho contratos. El primero, de fecha 31 de marzo de 2006 y 4,5 millones de euros (más IVA) de importe, adjudicaba a dicha empresa los trabajos de "consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Plan Prisma 2006-2007. Otros cinco son "complementarios" y "prórrogas" de éste que se extendieron hasta febrero de 2010 y sumaron diversas cantidades que iban desde los 633.333 euros de marzo de 2007 a los 49.760 euros de febrero de 2010. A ellos, se suma la adjudicación de la "coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del Plan Prima de 2008-2011", y que fue licitado por 3,4 millones de euros, y ladel arrendamiento de oficinas y plazas de garaje en la Plaza de Colón para el personal de dicho plan de inversiones, y que costó cerca de 290.000 euros. En total, DUSA se embolsó 9,8 millones de euros en contratos ahora bajo sospecha.

Un testigo detalló en marzo al juez "la arbitrariedad de las decisiones que se adoptaban en la Fundación de Arpegio a la hora de ejecutar su programa de ayudas y subvenciones"

Otros contratos cuya documentación ha reclamado el juez, como adelantó este miércoles el diario El Mundo, son los de publicidad y propaganda del plan de comunicación para la presentación del Plan Prisma, que se elevó a 2,5 millones de euros, más IVA; y el de organización de "los actos de presentación, visitas a las obras y primeras piedras", que costó más de 782.000 euros. Finalmente reclama también copias de los acuerdos de creación de Arpegio, de sus estatutos y de las instrucciones de contratación de la empresa pública, así como los movimientos de la cuenta a través de los cuales la Fundación de esta compañía realizaba "cobros y pagos". Este último ente ya estaba siendo investigado por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto del que se encaprichó Granados y que ha supuesto la imputación de su ex gerente, Carmen Plata. El escrito del juez recalca a los destinatarios de su escrito, Comunidad de Madrid y Nuevo Arpegio, que la "práctica y ejecución" de dicho requerimiento "es urgente e inmediata". El cerco sobre Francisco Granados se sigue estrechando a toda prisa.

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