La UCO 'visita' por tercera vez el Ayuntamiento de Alcalá en busca de pufos con Púnica en la etapa de 'Bartolo'

Y van tres. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este martes otra vez al Ayuntamiento de Alcalá de Henares para recabar documentación sobre la adjudicación de un contrato millonario a una de las empresas de la trama Púnica en la etapa como regidor del 'popular' Bartolomé González, 'Bartolo', hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Según confirmaron a Vozpópuli fuentes municipales y cercanas a la investigación, los integrantes del Instituto armado se personaron con un requerimiento judicial en el área de informática del Consistorio para rescatar de los servidores documentos y correos electrónicos en busca de nuevos datos sobre el supuesto amaño del concurso de 14 millones de euros que el equipo de gobierno del PP adjudicó a la multinacional Cofely-GDF Suez, una de las principales empresas salpicadas por el escándalo de corrupción.

Los agentes requirieron documentación en el área de informática del consistorio. Buscaban 'emails' sobre el proceso de licitación de un concurso de 14 millones

Las sospechas se centran en el proceso de elaboración en 2011 de los pliegos de licitación para dicho contrato. Según concluyó ya en marzo de 2015 una comisión de investigación del propio Ayuntamiento, su redacción acumuló numerosas irregularidades, de las que responsabilizó en parte al jefe de la asesoría jurídica, Fernando García Rubio, un conocido militante local del PP que "fue nombrado para este puesto por el entonces alcalde Bartolomé González". Las conclusiones de dicha comisión llegaban a hablar de "singularidades" y de alteración sin "ninguna explicación lógica" del proceso de elaboración de dichos documentos. 

Además, un informe de la propia Guardia Civil incorporado al sumario del 'caso Púnica' y referido a otro concurso ganado por Cofely-GDF Suez, en este caso en la localidad de Torrejón de Velasco, destaca que la trama utilizó en este último municipio lo que llamó "la fórmula Alcalá de Henares", según se recogía textualmente en un 'email' intervenido a uno de los presuntos cabecillas. Los agentes consideran que con dicha expresión la red de corrupción se refería a un sistema de amaño de los pliegos que supuestamente se utilizó en la localidad alcalaína y que permitía minusvalorar la cuantía económica de las ofertas que se presentasen y elevar la puntuación de otros aspectos más subjetivos. De este modo, la multinacional supuestamente se aseguraba ganar el concurso aunque su precio fuese el más elevado, como era habitual. 

En conversación telefónica, Bartolomé González negó este martes a Vozpópuli su implicación en estas presuntas irregularidades. "Pueden buscar los correos electrónicos que quieran, porque yo no intercambié ninguno ni con Cofely ni con nadie sobre esa adjudicación", señaló. El antiguo alcalde y hoy diputado en la Asamblea de Madrid (y, por tanto, aforado), también rechazó haber recibido ningún tipo de soborno de la trama Púnica. Según han recogido algunos medios, la declaración de David Marjaliza le señala a él como destinatario de uno de esos pagos. "Estoy deseando que se levante el secreto de sumario para poder defenderme", añadió. 

Primera visita, el 18 de febrero

La investigación sobre las supuestas relaciones de la trama Púnica con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares recibió un impulso insospechado el pasado 18 de febrero. Ese día, la UCO acudió a la sede municipal a requisar el expediente por el que se adjudicó dicho contrato con la multinacional Cofely-GDF Suez, como adelantó en exclusiva Vozpópuli. Tres días después, los agentes del Instituto armado volvían a la sede municipal. Querían interrogar como testigos a cuatro técnicos del Consistorio que habían participado en la elaboración del pliego de licitación. Ese mismo día, los guardias civiles también se entrevistaron con el actual alcalde socialista, Javier Rodríguez Palacios, y uno de sus concejales. Ambos entregaron a los agentes de la UCO los documentos de la comisión de investigación que el propio consistorio había celebrado.

La primera visita de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Alcalá de Henares se produjo el 18 de febrero. Reclamaron el expediente del concurso que ganó Cofely

No obstante, buena parte de estas pesquisas se apoyan en las declaraciones que hizo el pasado verano ante el juez Velasco el constructor David Marjaliza. Éste, en su confesión que aún permanece secreta, habló de la entregas de 'mordidas' en este municipio para favorecer precisamente la contratación de Cofely. Según detalló entonces el constructor al magistrado, el dinero fue supuestamente entregado a cargos públicos por Ana María Ramírez, secretaria y mano derecha del propio empresario, también imputada en la causa. Esta mujer también ha comparecido en la Audiencia Nacional y ha ratificado las palabras de su jefe.

Además, Ramírez aclaró al magistrado y a la Fiscalía Anmticorrupción el significado de las siglas que aparecían en una agenda localizada en su despacho en los registros de octubre de 2014 y que recogían la supuesta entrega sobornos. La secretaria del constructor explicó que con esas letras se refería a varios consistorios donde se habían pagado 'mordidas' por amaños de contratos. Entre ellos, figura Alcalá de Henares. De hecho, en al menos una anotación aparece "Alc" y la cantidad de 35.000 euros, aunque tachada. En otra, directamente la palabra "Alcalá" junto a un borrón e, inmediatamente debajo, la cifra de 42.000 euros junto a otras anotaciones difícilmente legibles. Todo, supuestamente, escrito en 2014, justo el momento en el que se 'desatascó' la adjudicación del millonario contrato en el Ayuntamiento de esta localidad.