El juez De la Mata rastrea las cuentas de inmobiliarias del exsocio de Agag

Continúa avanzando la investigación en una de las causas que más quebraderos de cabeza le ha proporcionado al Partido Popular. El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha dictado un auto donde ordena al Registro Mercantil de Madrid que en el plazo de cinco días le entregue "las cuentas anuales y ejercicios posteriores" de catorce mercantiles, dedicadas al negocio inmobiliario, que aparecen en el sumario de la trama Gürtel.

Se trata de las empresas Proyecto Twain Jones, Proyecto Elfo, Proyectos Inmobiliarios Residenciales, Proyectos Inmobiliarios Altamira, Avitante Proyectos Empresariales, Proyectos Financieros Hayden, Proyectos Inmobiliarios Provitante, Consultoría y Gestión de Inversiones, Napa Corporate, Espacios Avitante, Gestión Inmobiliaria Habitabile, Castaño Corporate, Carlow Internacional 06 y Parque Logístico de Montalbo dedicadas a la construcción.

Se da la circunstancia de que gran parte de estas mercantiles pertenecen al investigado Jacobo Gordon, ya procesado en la Primera Época de la Trama Gürtel (1999-2005), íntimo amigo y exsocio del yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. Además, según consta en el sumario de dicha red de corrupción, las empresas investigadas por De la Mata hicieron negocios con las sociedades del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

De la Mata da un plazo de cinco días al Registro Mercantil para que le entregue las cuentas anuales de las mercantiles de la trama Gürtel

Por ejemplo, la sociedad Proyecto Twain Jones era una promotora presidida por Gordon, pero participada en un 75 por ciento por Real Estate Equity Portfolio, que fue la encargada de construir 16 pisos de lujo en la localidad madrileña de Majadahonda, el Residencial Adriático, a través del que la trama corrupta habría blanqueado presuntamente dinero. Ésta fue una de las primeras operaciones que puso al descubierto la relación entre Correa y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en los comienzos de la investigación de esta macrocausa de corrupción.

Otra de las empresas, Castaño Corporate S.L fue señalada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe remitido en 2014 a la Audiencia ya que a través de ella Gordon, Correa y el abogado Ramón Blanco invirtieron en el municipio de La Nucía (Alicante) para la compra de una finca que se pagó con los fondos procedentes de la adjudicación a la trama de un contrato de sonorización y suministro de pantallas obtenido por la empresa Teconsa para la visita del Papa a Valencia en 2006.

El pasado mes de marzo la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria (ONIF) remitió un oficio a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Vozpópuli, donde manifestaba que estas empresas depositaron sus cuentas anuales entre los años 2004 y 2007 en el Registro Mercantil de Madrid. De ahí, que el instructor de la Audiencia Nacional se haya dirigido a esta entidad para que en el plazo de cinco días le remita sus datos contables.