Publicado: 27/03/2013 04:00
Por la culata. Así le ha salido a Xiaoshuang Zhu, una de las presuntas cabecillas de la trama china de blanqueo desmantelada en la Operación Emperador, la querella que presentó el pasado 17 de diciembre contra el juez instructor del sumario, Fernando Andreu, y los dos fiscales del caso. Lejos de conseguir su objetivo, sentar a los tres responsables de la investigación en el banquillo de los acusados, ha logrado el efecto contrario: ha abierto de par en par la puerta para que el Ministerio Público presente en los próximos días un recurso ante la Audiencia Nacional para que la veintena de dirigentes de la red supuestamente encabezada por Gao Ping que quedaron en libertad por un supuesto error judicial, entre ellos la propia Xiaoshuang, vuelvan a prisión. Así lo han confirmado a este diario fuentes de la propia Fiscalía, que anunciaron que están ultimando el escrito que presentarán en los próximos días para dejar sin efecto las polémicas excarcelaciones.
El Supremo da la razón al juez Andreu al considerar que sus compañeros de la Audiencia Nacional interpretaron erróneamente un fallo del Constitucional
El que puede ser giro radical a la situación de los presuntos integrantes de la trama viene de la mano del auto que la Sala de lo Penal del Supremo dictó el pasado 28 de diciembre con el que sus cinco magistrados acordaron la inadmisión de la querella "y el consiguiente archivo de las actuaciones" contra el juez Andreu y los fiscales José Grinda y Juan José Rosa. En el texto, los jueces incluyeron un amplio apartado de razonamientos jurídicos en el que no sólo justificaron su decisión sino que les sirvió para poner en entredicho los argumentos que, en su día, esgrimieron tres compañeros de la Audiencia Nacional para sacar de prisión a los supuestos miembros de la mafia china.
En concreto, el Supremo resalta que la interpretación que estos últimos hicieron en su día del fallo del Tribunal Constitucional que invocaron para ordenar la puesta en libertad de los detenidos fue errónea. Según destacan los magistrados, aquella sentencia del máximo tribunal se refería a un caso parecido pero no idéntico: una detención que superó las preceptivas 72 horas pese a que se realizó con un único objetivo, la puesta a disposición judicial de un sospechoso. Por contra, los arrestos realizadas dentro de la Operación Emperador, en la que la Policía tuvo que realizar numerosas diligencias, entre ellos 124 registros de domicilios y locales, en presencia de los detenidos, no son comparables.
Por lo tanto, los cinco jueces consideran que en el caso del golpe a la trama china de blanqueo, tras las primeras 72 horas bajo jurisdicción policial se abrió un nuevo plazo de idéntica duración que no incumplió la legalidad. Este argumento fue, precisamente, el que esgrimieron en su día los fiscales para oponerse a las excarcelaciones y que el Supremo asume ahora como propio expresamente en su propio fallo. Un detalle que será ahora uno de los puntos fuentes del escrito que ultima el Ministerio Público, según revelan fuentes jurídicas.
Reactivación de la investigación
No será ésta, sin embargo, la única consecuencia del archivo de la querella. La decisión del Supremo también permitirá al juez Andreu, que había ralentizado la causa a la espera de la decisión del alto tribunal, comenzar a citar como imputados en las próximas semanas a decenas de empresarios y aristócratas que supuestamente utilizaron la red de Gao Ping para evadir dinero o introducirlo en España desde paraísos fiscales sin pagar al fisco. La Fiscalía ya pidió a mediados de febrero la declaración de los trece primeros y tiene previsto, tras la reciente decisión del alto tribunal, solicitar en próximas fechas las de varias decenas más que aparecen mencionados en las investigaciones policiales.
En el escrito de febrero, como adelantó Vozpópuli, el Ministerio Público solicitaba la declaración, entre otros, de tres familiares del rey, del exbanquero Enrique Lasarte y del empresario Antonio Banús. No serán los últimos. Según confirmaron fuentes del Ministerio Público, su intención ahora es seguir pidiendo la inculpación de todos aquellos personajes que, según los 'pinchazos' telefónicos y la documentación incautada de la Operación Emperador, tuvieron tratos estrechos con la organización. Según estimaciones de la propia Fiscalía, la cifra final se acercará al medio centenar.
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