Las siete trampas de los cursos para parados de la Junta destapadas por la 'Operación Edu'

Irregularidades a tutiplén. El último informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía dentro de la 'Operación Edu' que investiga el fraude en los cursos para parados de la Junta de Andalucía enumera hasta siete ilícitos penales supuestamente cometidos por las 17 empresas bajo sospecha. El documento policial detalla que estas trampas abarcan desde la concesión hasta la liquidación de las subvenciones, pasando por la obtención, gestión y supervisión del dinero público "por parte de determinadas personas y empresas". Los agentes, que recuerdan que en su informe sólo "se ha desgranado la resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de fecha 15 de diciembre de 2010", concluyen que el incumplimiento de la ley que rige este tipo de adjudicaciones ha sido "sistemático" y "en un porcentaje elevado". Éstas son las irregularidades detectadas en los cursos que costaron al erario más de 1,5 millones de euros:

Falsedad en la documentación de las solicitudes: La UDEF destaca que varias de las empresas investigadas fueron creadas tan solo unos meses antes de que se realizara la adjudicación y, en algún caso, no se dieron de alta en la Seguridad Social hasta pasados unos meses de la concesión de la ayuda. Fue supuestamente el caso de Formación e Inserción Málaga SL, quien recibió algo más de 60.000 euros para impartir un curso de "servicio de bar y cafetería" y que había sido creada a finales de septiembre de 2010, justo un mes antes de presentar su solicitud. Por tanto, la Policía concluye que "la solvencia y experiencia en la formación [una de las condiciones para la concesión] difícilmente puede ser acreditada si no se produce una alteración en los documentos o declaraciones".

Una empresa fue creada sólo un mes antes de la convocatoria para impartir un curso en el que se exigía "solvencia y experiencia en la formación"

Además, los agentes han descubierto que incluso una de las mercantiles investigadas figuraba como deudora de la Seguridad Social cuando presentó la solicitud para acceder a la subvención. Se refieren, en concreto, a Formación Hostelera del Sur SL. Ésta recibió cerca de 80.000 euros para dar sendos cursos de "operaciones básicas de cocina y restaurantes", pero ni siquiera presentó listado de los alumnos a los que supuestamente los impartió. Además, en su solicitud esta empresa alegó "experiencia" al haber realizado un curso financiado por el SAE en 2006 cuando, sin embargo, no había sido constituida hasta 2009, tres años después. 

Simulaciones contractuales: Las empresas investigadas justificaron presuntamente con facturas falsas gastos no realizados. Éstas incluían tanto las nóminas de algunos docentes como la "contratación o subcontratación de ciertos servicios" supuestamente necesarios para dar los cursos. Así, "un altísimo porcentaje" de los propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los mismos, cuando no lo eran "familiares directos o personas afines a los mismos". Así, por ejemplo, el dueño de Carpintería Vázquez Claver, que recibió 98.400 euros por impartir un curso de ebanistería, figuraba como docente con una retribución de 5.400 euros. Otro tutor era su hermana, quien recibió más de 19.000 euros en concepto de nóminas. En muchos casos, la Policía ha comprobado que los responsables de las clases "no tienen los requisitos exigidos para poder ejercer tales funciones" o, incluso, ni siquiera la ejercieron y se limitaron a cobrar por ello.

Los empresarios subcontrataban servicios con otras sociedades de familiares a veces sin disimilar que todas ellas tenían el mismo domicilio social

La UDEF también ha constatado que algunos propietarios simularon contratos de alquiler de locales "para poder facturar dicho gasto dentro de los subvencionados, en ocasiones incluso aumentado sobre valor para alcanzar una mayor cuantía". Además, se dieron casos en los que las mercantiles que debían impartir los cursos "contratan o subcontratan servicios de selección de alumnos, dirección y coordinación del curso, incluso la actividad formativa en su integridad" lo que, según destaca el informe, es un fraude de ley ya que éstos se realizaban siempre "con empresas vinculadas a los propios beneficiarios de la subvención". Es el caso del curso de "servicios de bar y cafetería" impartido por la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, propiedad de un destacado militante socialista de la provincia, Pablo Viedma. Éste, que presumía de su supuesta estrecha relación con consejeros de la Junta, firmó un contrato de 19.800 euros para "el desarrollo de la acción formativa" con ADEFEM, una asociación empresarial que estaba representada por su propio hijo, quien también figuraba como secretario de la adjudicataria. "Tampoco ocultan siquiera que [ambas empresas] residen en el mismo domicilio social", destaca el informe policial.

Falsedad en la adjudicación de contratos: Algunas de estas subcontrataciones ya supuestamente irregulares suman otra supuesta ilegalidad. Así, pese a que muchas superaban los 12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia de al menos tres presupuestos. En otras sí se hizo, pero "la empresa ganadora de la adjudicación siempre está directa o indirectamente controlada por el propio beneficiario de la resolución". Además --recalca el informe-- normalmente las otras dos ofertas o presupuestos eran realizados por personas o empresas del entorno o muy próximo al que se le ha concecido la subvención". Es el caso de Formación e Inserción Málaga SL, que firmó un contrato de "prestación de servicios de formación y docencia" con una empresa del sobrino de la dueña después de que presentaran otros dos presupuestos su propio socio y una empresa de éste.

Falsificación de los partes de asistencia: Las declaraciones de los alumnos han permitido a la UDEF constatar que se falsearon supuestamente los partes diarios de asistencia de los alumnos "consintiéndose incluso ausencias prolongadas no justificadas o que personas que no terminaron el curso fuesen computadas a efectos de justificación". En este sentido, los agentes destacan que el perfil de los que recibían la formación eran "personas en desempleo, en muchas ocasiones de larga duración" y que, por tanto, "el compromiso de contratación les genera una expectativa de futuro que cubriría necesidades básicas de su vida" lo que les convertía en fácil presa para los responsables de los cursos y sus presiones. ¿Cómo? "En algunos casos se les amenazaba con la presencia de un inspector de la Junta por lo que debían asistir o permanecer en el curso [...] tratando así de evitar que los alumnos abandonasen por las irregularidades o falta de profesionalidad de los mismos". "Estas inspecciones nunca ocurrían", añade el documento policial.

La Policía destaca cómo algunos empresarios se aprovechan de la situación de desempleo de los alumnos para convertirles en fácil presa de sus irregularidades 

Otra forma de presión iba dirigida a que los alumnos adquiriesen a los propios organizadores el material necesario para realizar el curso, aunque eran las empresas quienes debían aportarlo con cargo a las subvenciones. Fue el caso de la Academia Nena Sol SL, quien consiguió de la Junta un subvención de 105.750 euros para impartir un curso de "peluquero" de 1.175 horas lectivas a 15 alumnos. Muchos de los asistentes coincidieron en asegurar a los agentes de la UDEF que se les 'invitaba' a comprar el material necesario para el mismo, como "secador, plancha de pelo, maquinillas de corte y peines" a la propia academia pese a que el mismo debía ser facilitado gratuitamente. En otros casos, las prácticas no se realizaban o eran los propios alumnos quienes se hacían cargo de ellas. E, incluso, algunos desempleados fueron utilizados para "las tareas profesionales, particulares o privadas de las empresas beneficiarias, en actividades ajenas al propio curso desarrollado", como denunciaron varios alumnos del Centro de Formación Profesional Feijó SL.

Suplantación de personalidad: Si bien en la mayoría de los casos son los propios administradores de la empresa o los familiares de los mismos quienes dan las clases "sin cumplir en muchos casos con los niveles o requisitos exigidos", en algunos casos estas mercantiles llegaron a suplantar la personalidad de algunos de los monitores "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia". Es el caso detectado en el Centro de Formación Gasset SL, que recibió cerca de 80.000 euros para impartir un curso de "administrativo comercial". El centro nunca aportó una relación de alumnos y, además, puso como monitora a una única mujer que, al ser interrogada por la Policía, aseguró que en las mismas fechas de 2011 en las que supuestamente daba clases para esta empresa, ella realmente estaba contratada por otra empresa. Incluso apuntó que la firma que aparecía en un documento como suya estaba "manipulada".

La UDEF ha detectado casos en los que las empresas suplantaron la personalidad de tutores de los cursos "con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia"

En otras ocasiones, en cursos donde deberían figurar varios profesores, los impartía íntegramente uno solo que, además, "no posee los conocimientos necesarios de todos los módulos a impartir". Incluso hubo ocasiones en los que este único monitor "se encarga absolutamente de todo, hasta de hacer la compra para el curso de cocina con un presupuesto ridículo y tasado, para luego la empresa justificar gastos importantes de material". La UDEF también destaca que figuraron "como monitores del curso alumnos del mismo curso realizado meses antes. De este modo justifican el gasto de docencia y a la vez tratan de dar respuesta al compromiso de contratación".

Compromisos de contratación incumplidos: El informe de la UDEF destaca que "en casi la totalidad de los expedientes se incumple sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos" por la ley. Para ello, continúa el documento, "se cometen una serie de irregularidades" que van desde la contratación por periodos inferiores a los 6 meses contemplados hasta presentar contratos en sectores que no tienen nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores. Además, muchas de las ofertas laborales sólo se realizaban "cuando se ejercía presión por parte de los alumnos". En otros casos el fraude fue más allá y a los parados se les dió "de alta en contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna prestación por desempleo".

A dos alumnas de peluquería les ofrecieron un "contrato imposible" para que renunciaran a un trabajo: ir todos los días desde Málaga a Huelva para emplearse sólo dos horas 

En este apartado del elenco de irregularidades, la Policía incluye también el ofrecimiento por parte de los empresarios de lo que los agentes de la UDEF califican de "contratos imposibles", en los que se ofrecía a los alumnos una oferta a gran distancia de donde se había realizado el curso para una o dos horas de trabajo, para así obligarles a renunciar por escrito a los mismos. Es lo que denunciaron a los agentes algunos parados que asistieron a los cursos de peluquería y estética que impartió Master Ronda SC. A dos jóvenes las ofrecieron desplazarse desde Málaga a Huelva a diario para trabajar sólo dos horas. Otros empresarios hicieron supuestamente "mediante engaño" firmar a los alumnos en blanco una renuncia a la oferta laboral tras decirles que el compromiso de contratación era "un error de la Junta de Andalucía". También se obligó a algunos desempleados que conseguían un trabajo por su cuenta y fuera del curso a entregar una copia del contrato para que la empresa lo utilizase para justificar la subvención.

Falsedad en las obligaciones posteriores: Por último, la UDEF destaca que la mayoría de las empresas adjudicatarias no presentaron la documentación requerida "para la liquidación y justificación de los cursos realizados". Además, cuando sí se hizo, estos papeles se entregaban "después de varios requerimientos por parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo concedido". La Policía también duda de la veracidad de parte de estos documentos. Según el informe, es el caso del Grupo Alce Formación SL, cuyo propietario entregó el día antes de la fecha límite impuesta por la Administración varios contratos para justificar la subvenciones. Curiosamente, todos estaban fechados el mismo día y, además, estaban firmados por otra empresa vinculada al propietario del Grupo Alce. Los agentes destacan que otros gastos como el alquiler del local y de equipos y los servicios de docencia que esté incluyó como justificantes de los desembolsos del curso también estaban ligados directamente a él. El informe recalca que de este modo 37.000 euros, más de un 30% de la subvención, "habría sido ingresada de una o de otra forma en sus cuentas".