LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

La juez del 'caso Ático' rastrea 5 años y 9 meses de movimientos bancarios de Ignacio González y su mujer

La magistrada ordena a cinco entidades bancarias que le informen sobre las "cuentas u otros productos contratados" por el matrimonio entre abril de 2008 y diciembre de 2013. Quiere saber el origen y destino final de los 741.000 euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa pagaron en diciembre de 2012 para hacerse con la vivienda de lujo tras estallar el escándalo.

Ignacio González, junto a su mujer Lourdes Cavero, en una imagen de archivo.
Ignacio González, junto a su mujer Lourdes Cavero, en una imagen de archivo. GTRES

Todas las cuentas bancarias de Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, bajo la lupa judicial. Al menos, durante los cinco años y nueve meses que van desde abril de 2008 hasta diciembre de 2013. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo, ha remitido a cinco entidades bancarias un oficio para que le hagan llegar toda la información que tengan sobre las productos financieros que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa hubieran tenido en las mismas durante dicho periodo. El motivo: desde todas ellas se hicieron pagos relacionados con el inmueble, desde el alquiler mensual a la cuota de la comunidad de vecinos, pasando por los suministros de agua, luz y gas. La decisión de la magistrada se basa en una petición que hizo una de las acusaciones en noviembre de 2014 para descubrir el origen del dinero con el que el matrimonio compró en diciembre de 2012 el polémico ático de lujo así como el destino final de ese dinero y de las cantidades que supuestamente pagaron como arrendamiento durante los cuatro años anteriores.

Desde cuentas de Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Popular se hicieron todo tipo de pagos relacionados con el inmueble de lujo

Así aparece recogido en la providencia conocida este miércoles por la que citaba a declarar como investigados (el término que sustituye al de imputado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal) a González, Cavero y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En dicho escrito, la juez ordena "la averiguación patrimonial" de la pareja y librar un oficio a Caixabank, Barclays, Bankia, Santander y Banco Popular para reclamar a todos ellos la información que en su día solicitaba en aquel escrito la representación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que fue quien planteó la querella que permitió abrir la causa, aunque en la actualidad ya se ha retirado de la misma.

Se refiere, en concreto, a un escrito de 25 folios en el que el abogado del sindicato hacía una detallada exposición de las supuestas irregularidades en el alquiler y compra del inmueble constatadas hasta aquel momento, finales de 2014. En aquel antiguo escrito, al que Vozpópuli ha tenido acceso, ya se destacaba que el proceso final de la adquisición o "colocación", como se denominaba en el mismo, que había supuesto la adquisición final del ático por parte del político una semana antes de las Navidades de 2012 se había hecho "de forma impecable en sus aspectos formales y en los instrumentos de pagos utilizados". Sin embargo, llamaba la atención sobre varias lagunas que consideraba necesario aclarar para conocer "el destino último del dinero utilizado para su pago y la titularidad real" de quien fue el destinatario final tanto del pago de la compra como los previos del alquiler.

Demasiado dinero para sus sueldos

En concreto, se señalaba que el abono de 741.000 euros por parte de la pareja para comprar la vivienda de lujo se hizo el 18 de diciembre de 2012 mediante una transferencia desde la cuenta que el matrimonio tenía en una sucursal de La Caixa con destino a otra que la empresa de origen panameño Coast Investors Llc, propietario sobre el papel hasta ese momento del inmueble, tenía en el US Bank de Beverly Hills. El escrito ya destacaba que el expresidente de la Comunidad de Madrid, que por entonces ya había relevado a Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo regional, tardó en constituir una hipoteca por dicho bien dos meses. Por ello, recalca que "el pago inicial se realizó en efectivo, constituyendo un montante de dinero excesivamente alto para los sueldos de ambos cónyuges, uno de ellos servidor público".

Una acusación pidió dicha información porque el matrimonio manejaba "un montante de dinero excesivamente alto" para los sueldos que tenían

En este sentido, también recordaba que en aquel momento la pareja ya poseía "otros bienes inmuebles en zonas exclusivas de España, como puede ser su propio chalet en Aravaca [un barrio de Madrid], domicilio conyugal, adquirido seis años antes por 1.060.000 euros entre otros". Por ello, solicitaban ya entonces que era necesario que justificasen "la procedencia para la acumulación de tanto dinero líquido", sobre todo porque consideraba un dato también "llamativo" que el importe total de la deuda hipotecaria que por entonces tenía entre Bankinter y la propia Caixa era de sólo 212.500 euros, muy lejos del "alto valor real patrimonial en inmuebles conocidos".

Desde abril de 2008

Por todo ello, entonces esta acusación pidió en primer lugar "la documentación acreditativa del contrato y extracto bancario de la cuenta" desde la que se pagaron los 741.000 euros del inmueble, así como de otros productos que en dicha entidad bancaria pudiera tener desde abril de 2008, fecha en la que el matrimonio comenzó a disfrutar del ático en régimen de alquiler. Esa fecha y diciembre de 2013 es, de hecho, la franja temporal de la que se piden datos a otras tres entidades, Barclays, Bankia y Santander, mientras que en el caso del Banco Popular el periodo se recorta un poco, ya que se reclama desde mayo de 2008.  

La juez busca intercambios de dinero del político con las dos empresas 'pantalla' y el testaferro que participaron en la compraventa del ático

A los cuatro bancos la petición que ahora ha acordado la juez Conejo es la misma. Reclama, como en caso de Caixabank, "información, documentación de su contratación y extractos referidos" a las cuentas y otros productos financieros que Ignacio González y Lourdes Cavero tuvieran contratadas en cada uno de ellos. Además les pide también que aporten "los soportes documentales de todas las operaciones realizadas [desde ellas] con las empresas Coast Investor Llc y Walford Overseas Investment o el ciudadano mexicano Rudy Valner Sod", sociedades 'pantalla' y testaferro, respectivamente, utilizados para el alquiler y posterior venta de la vivienda al expresidente de la Comunidad de Madrid.   

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