OPERACIÓN FRONTINO

El número 3 de Soraya colocó en Acuamed al cabecilla de la trama a los dos meses de aterrizar en Agricultura

Federico Ramos de Armas fue nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente en diciembre de 2011 al asumir Miguel Arias Cañete la cartera. En febrero dispuso que su amigo Arcadio Mateo del Puerto, principal inculpado en el escándalo, ocupase el cargo de director general de la sociedad estatal.

  • Federico Ramos, ya ex 'número 3' de Soraya Sáenz de Santamaría
    Federico Ramos, ya ex 'número 3' de Soraya Sáenz de Santamaría Europa Press
  • La Guardia Civil detuvo el lunes al cabecilla de la trama de Acuamed
    La Guardia Civil detuvo el lunes al cabecilla de la trama de Acuamed Europa Press

No sólo despidió fulminantemente al funcionario que denunció el escándalo hace año y medio, sino que además fichó para dirigir la sociedad estatal Aguas de las Cuencas del Mediterráneo SA (Acuamed) a la persona que presuntamente terminó amañando las millonarias adjudicaciones de la misma. Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia, fue la persona que en febrero de 2012, cuando ocupaba el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente, colocó como director general de la empresa pública a Arcadio Mateo del Puerto, encarcelado este miércoles por orden del juez Eloy Velasco como presunto cabecilla de la trama de corrupción desmantelada en la Operación Frontino. El 'número 3' de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, lo hizo además poco tiempo después de aterrizar él en el Ministerio de Agricultura de la mano del entonces titular de la cartera, Miguel Arias Cañete.

Ramos de Armas llegó a Agricultura el 11 de diciembre de 2011. Dos meses después había designado a su amigo Arcadio Mateo director general de Acuamed

Ramos de Armas, que antes de la victoria electoral del PP en las elecciones de 2011 ocupaba un cargo en el Ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre, fue nombrado como 'número 2' de Agricultura el 11 de diciembre de aquel año. Una de sus primera decisiones fue, precisamente, poner al frente de Acuamed, la sociedad estatal que maneja importantes recursos económicos para realizar obras hidráulicas en los ríos de la cuenca mediterránea, al ahora encarcelado Arcadio Mateo. Lo hizo a mediados de febrero de 2012, es decir, sólo dos meses después de que él hubiera sido designado para su cargo. Según trabajadores de la empresa consultados por Vozpópuli, entre ambos había una relación previa de amistad.

Por sus respectivos puestos, Ramos de Armas y Mateo del Puerto compartieron durante los siguientes tres años, hasta la salida del primero de Agricultura en mayo de 2015 para incorporarse al equipo de Sáenz de Santamaría, responsabilidades en la compañía ahora bajo sospecha. El primero, como presidente de la misma y de su Consejo de Administración. El segundo, como 'número 3' en la estructura de mando. Varios testigos han declarado en los últimos días ante el juez Velasco que ambos trabajaban coordinadamente y que, incluso, el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente partició en reuniones con adjudicatarias junto al presunto cabecilla de la trama. Entre ellas, en la que supuestamente se pactaron “compensaciones indebidas” para la compañía FCC por los problemas surgidos en la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) y que terminaron provocando un 'agujero' de 40 millones de euros a la Administración.

Despedido por denunciar

Una actuación de Ramos de Armas en el día a día de Acuamed que, de confirmarse, se convertiría en la más polémica de su paso como máximo responsable político de la sociedad estatal, pero no la única. De hecho, el 2 de abril de 2014 él era el máximo responsable presente en la reunión del Consejo de Administración en el que se analizó la documentación que había remitido notarialmente un directivo de la compañía, Francisco Valiente, y en la que denunciaba la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación de seis obras que habían costado al erario más de 620 millones de euros. Aquel día, el hoy 'número 3' de Sáenz de Santamaría dio carpetazo a aquella denuncia, lo que permitió a Arcadio Mateo despedir fulminantemente al denunciante por falta de confianza, como adelantó este jueves Vozpópuli. Meses después el trabajador represaliado acudía a la Fiscalía Anticorrupción y se abría la investigación que hasta el momento se ha saldado con 13 personas detenidas y 35 más 'investigadas' (el término que ha sustituido ahora al de imputado).

Trabajadores denuncian que al llegar Arcadio Mateo a Acuamed, algunas empresas empezaron a hacerse "sospechosamente" con buena parte de las adjudicaciones

Los empleados de la compañía consultados por este diario destacan que durante todo el tiempo en el que Ramos de Armas y Arcadio Mateo coincidieron en Acuamed, éste último contaba con una amplia autonomía para tomar decisiones. De hecho, estas fuentes destacan que poco después de su llegada la compañía hubo un cambio en la política de contratación y algunas empresas empezaron a ganar "sospechosamente" buena parte de los concursos. No fueron los únicos cambios. También aseguran que se produjeron relevos en el organigrama de la sociedad estatal que afectaron tanto al Servicio Jurídico como a algunos puestos de la dirección claves del mismo. Entre ellas, la Dirección de Ingeniería y Construcción, para la que en un primer momento eligió a Francisco Valiente, pero en la que tras la denuncia de éste puso a otra de las detenidas el pasado lunes, María Gabriela Mañueco, quien se convirtió en su mano derecha de la trama.

Según detalla el juez Velasco en el auto del pasado miércoles por el que enviaba a prisión al director general y otros cuatro trabajadores de Acuamed, Arcadio Mateo impuso mientras Ramos de Armas estuvo al frente del Consejo de Administración "numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos" que le reportaron dádivas de las empresas adjudicatarias. Para amañar los concursos, el magistrado destaca que presionó a los directivos que tenía bajo su mando para que éstos, a su vez, "incidieran sobre sus subordinados en la continua realización de falsedades e irregularidades". Si se negaban, eran amenazados con un cambio de puesto o "incluso, destituidos". De hecho, al menos cuatro de ellos, entre los que está el denunciante Francisco Valiente, sufrieron represalias laborales. Pese a la dureza del auto del magistrado y a que éste ya apuntaba a la presunta implicación de cargos de "muy alto nivel" del Ministerio de Agricultura, Federico Ramos de Armas no está imputado aún en el 'caso Frontino' ni ha sido llamado a declarar a la Audiencia Nacional.



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