LA MAFIA DEL AGUA

Agricultura intenta ahora recuperar a las dos ingenieras que despidió por denunciar los 'pufos' de Acuamed

El Consejo de Administración de la empresa pública investigada acuerda facultar a sus representantes legales en el juicio por el despido de una de las trabajadoras para ofrecer a ésta un acuerdo que incluía la readmisión y una pequeña sanción disciplinaria a cambio de que retirasen la denuncia. La trabajadora se ha negado y la vista se ha celebrado a puerta cerrada por orden del juez ante la posibilidad de que salieran durante la misma aspectos relacionados con el sumario que instruye el juez Eloy Velasco y que aún está secreto.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en una imagen de archivo.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en una imagen de archivo. EFE

De despedidas por unanimidad a plantearse su readmisión también por unanimidad. El Consejo de Administración de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y que preside su 'número 2', Pablo Saavedra, ordenó esta semana a sus equipos jurídicos que ofrecieran la readmisión con condiciones en sus puestos de trabajo a las dos ingenieras a las que había despidió fulminantemente el pasado verano por denunciar las irregularidades que meses después llevaron a la cárcel al director general de la compañía, Arcadio Mateo del Puerto. El ofrecimiento se ha realizado este viernes a las puertas del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid donde estaba previsto que se celebrara la vista por uno de dichos despidos. Sin embargo, la trabajadora ha rechazado la oferta y el juicio se ha celebrado a puerta cerrada ya que el magistrado que lo ha presidido ha considerado que en el transcurso del mismo podían salir detalles sobre los pufos que investiga en la Audiencia Nacional su colega Eloy Velasco y que aún mantiene bajo secreto de sumario.

El juicio por el despido se ha celebrado a puerta cerrada al considerar el magistrado que en la vista se podían revelar datos del sumario que mantiene bajo secreto su colega de la Audiencia Nacional Eloy Velasco

Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes cercanas a las defensas de las trabajadoras y del propio departamento de Isabel García Tejerina, quienes aseguraron que la ingeniera sobre cuyo despido se celebraba este viernes la vista, Gracia Ballesteros, ha rechazado al ofrecimiento al considerar que su readmisión debía ser sin ningún tipo de condiciones. Al parecer, se les pedía que admitieran una sanción disciplinaria de un mes de empleo y sueldo a cambio de volver a sus puestos de trabajo. El objetivo, según fuentes cercanas a la ministra, era "cerrar" el pleito ante la repercusión mediática que había tenido el 'caso Acuamed'. Tras negociar los abogados de la empresa pública y los de la trabajadora durante cerca de dos horas, finalmente no han llegado a un acuerdo y el juicio se ha celebrado.

Entre los testigos que finalmente han tenido que declarar se encontraba Francisco Valiente, el directivo de la compañía que destapó las supuestas irregularidades con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y que también fue despedido por ello en abril de 2014. Junto a él, estaban citados para comparecer el exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; su mano derecha, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, ambos encarcelados y que han sido trasladados desde la prisión de Soto del Real (Madrid), además de técnicos y peritos de algunas de las empresas relacionadas con las obras investigadas. También se ha incorporado la declaración por escrito de Pablo Saavedra, actual secretario de Estado de Medio Ambiente y quién presidió la reunión del Consejo de Administración de la sociedad estatal en el que se decidió despedir a las dos trabajadoras por unanimidad. 

Acoso laboral

Las dos trabajadoras que ahora la empresa pública dependiente de Agricultura ha querido readmitir son Gracia BallesterosAzahara Peralta, quienes durante los meses precedentes a su despido habían rechazado dar el visto bueno a las supuestas irregularidades con las que Mateo del Puerto Mañueco Pfeiffer intentaban camuflar pagos millonarios a FCC a través de otro contrato. En concreto, a través de la adjudicación para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix, en la provincia de Tarragona. Tras dicha negativa, ambas denunciaron que comenzaron a sufrir una situación de acoso laboral. De hecho, la primera de ellas llegó a remitir una carta a Federico Ramos de Armas y tres más a Pablo Saavedra, el actual 'número 2' del Ministerio, en las que detallaba "presiones, amenazas y descalificaciones" por parte de Arcadio Mateo y María Gabriela Mañueco.

La reunión del Consejo de Administración, presidida por el número 2 de Agricultura, Pablo Saavedra, acordó el despido de las dos trabajadoras cuando ya sabía que Anticorrupción investigaba a Acuamed

Aquellas misivas, la última de las cuales llegó a la sede del Ministerio el 28 de julio, nunca obtuvieron respuesta y dos días después el Consejo de Administración de Acuamed se reunió con un orden del día en el que se incluía, precisamente, el despido de ambas trabajadoras. Según confirmaron en su momento a este diario portavoces oficiales del propio Ministerio de Agricultura, aquel encuentro fue presidido por Saavedra, quien tras haber tomado posesión un mes antes de su cargo de secretario de Estado se había convertido automáticamente en el presidente de la sociedad estatal ahora bajo sospecha. Según refleja el acta que se levantó de aquella reunión, todos los asistentes a la misma apoyaron la propuesta de despedir a ambas. "Tras la oportuna deliberación, el Consejo de Administración, por unanimidad, presta su conformidad a las medidas disciplinarias propuestas y solicita que se le vaya ofreciendo información exhaustiva sobre este punto en la siguiente reunión del Consejo", se lee textualmente en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Punto octavo del orden del día

La decisión se tomó dentro del punto octavo del orden del día en el que se analizó la auditoría que había puesto en marcha Acuamed del contrato a FCC sobre el pantano de Flix, uno de los ahora investigado ahora por el juez Eloy Velasco. Para ello se valía de una auditoría realizada por un denominado Comité de Control Interno, un órgano creado a marchas forzadas en noviembre de 2014, justo después de que el Consejo recibiera la notificación de la Fiscalía Anticorrupción de que se estaban investigando las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de la compañía tras la denuncia del ingeniero Francisco Valiente. Dicho comité, formado por cuatro personas, estaba encabezado por Francisco Javier Gómez Pastor, uno de los trece detenidos el pasado mes de enero por la Guardia Civil que ha sido enviado a prisión por su supuesta relevancia dentro de la trama presuntamente encabezada por Arcadio Mateo.

La propuesta de despedir a ambas trabajadores fue puesta sobre la mesa por un recién creado Comité de Control que presidía un directivo ahora encarcelado por el juez Velasco

En dicho encuentro del Consejo de Administración fue precisamente este último, en su condición entonces de director general de la sociedad, quien elevó el informe de este Comité interno en el que se reflejaban "una serie de deficiencias e irregularidades halladas en el desarrollo de la auditoría y que tienen que ver, esencialmente, con la falta de cumplimiento de forma estricta de algunos de los requerimientos contractuales ligados a la ejecución de la actuación mencionada". Según fuentes cercanas a las trabajadoras, dicho documento fue elaborado ad hoc para justificar su despido. Tras su exposición y la intervención de Ángel Álvarez Capón, uno de los cuatro consejeros del Ministerio de Hacienda y presidente de la Comisión de Auditoría y Control del que dependía el Comité, que propuso una serie de mejoras para dar "mayores garantías procedimentales y documentales en las actuaciones de Acuamed", el siguiente en tomar la palabra fue Juan García Cuenca director de la Asesoría Jurídica de la empresa. Éste fue quien formalmente puso sobre la mesa "las medidas disciplinarias promovidas por la empresa" para despedir a Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, así como a sancionar a María Dolores D. y Jaime G., otros dos trabajadores.



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