LA MAFIA DEL AGUA

El juez pide explicaciones a Agricultura por recolocar a tres cabecillas excarcelados de la trama Acuamed

El magistrado envía a la empresa pública dependiente de Agricultura un oficio por el temor de que la reincorporación de los tres directivos investigados ponga en peligro pruebas.

Imagen del oficio remitido por el juez Velasco a Acuamed.
Imagen del oficio remitido por el juez Velasco a Acuamed. VOZPÓPULI

Las aguas de siguen bajando revueltas en el Ministerio de Agricultura. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha remitido a la sede en Madrid de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) un oficio para que "a la mayor brevedad posible" sus máximos responsables, entre los que se encuentra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, le expliquen las circunstancias de la reciente reincorporación a sus puestos de trabajo de tres directivos de la compañía que acaban de abandonar la prisión bajo fianza por su presunta implicación en el fraude destapado por la 'Operación Frontino'. El magistrado ha tomado esta decisión tras recibir un escrito de la abogada del Estado personada en la causa en representación del Gobierno, quien pedía "dar protección al ofendido o perjudicado por los delitos investigados y de consignar pruebas que pudieran desaparecer".

El juez pide en el oficio que le aclaren que "concretas medidas se han adoptado en el seno de la empresa pública respecto de los trabajadores que son investigados"

El escrito del juez Velasco se produce sólo una semana después de que Gabriela Mañueco Pfeiffer, directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su detención el pasado mes de enero como presunta 'número 2' de la trama, se reincorporara a su puesto de trabajo en la sede de la compañía en el número 11 de la calle Albasanz, de Madrid. Mañueco, al que el magistrado tildó en un auto como el "brazo derecho" de Arcadio Mateo, el presunto cabecilla en la trama, había abandonado la cárcel sólo unos días antes tras abonar la fianza de 300.000 euros que le impuso el juez. Desde su regreso ocupa un cargo distinto al que tenía cuando fue detenida en enero. Ahora trabaja para el departamento de Explotación en la elaboración de protocolos de actuación desde un despacho situado incluso en una planta del edificio diferente a la que se ubicaba su anterior puesto de trabajo, según señalan a Vozpópuli fuentes internas de la compañía.

Sólo unos días, antes, en concreto el 20 de abril, había pasado algo similar con Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, otros dos directivos de la sociedad estatal presuntamente implicados en los amaños de contratos. El primero lo hizo también en la sede de Madrid y el segundo, en la de Valencia. El destacado papel supuestamente jugado por ambos también fue resaltado por el magistrado en el auto de enero que los envió a prisión. Según señalaba el magistrado en aquel escrito, el primero era el gerente de Contratación y el segundo gerente territorial en la cuenca del río Júcar cuando se produjeron las irregularidades y supuestamente tuvieron una participación activa en las mismas. De hecho, las investigaciones apuntan a que ambos "lo hicieron plegándose sin discusión" aArcadio Mateo y Gabriela Mañueco. Todo "en búsqueda de beneficios propios como ascensos, prebendas y agasajos de los contratistas".

Por todo ello, el magistrado reclama a los actuales responsables de Acuamed "información ampliatoria". En concreto, quiere saber qué "concretas medidas [...] se han adoptado en el seno de la empresa pública respecto de los trabajadores que son investigados en el presente procedimiento", en referencia a los tres directivos excarcelados. El escrito recuerda que, ante todo, se deben "garantizar los principios de actuación de funcionamiento que han de regir en el sector público y, concretamente, garantizar la protección de los intereses expuestos". El magistrado finaliza pidiendo que "se justifique de manera precisa la existencia de una situación de riesgo de la que derive la necesidad de reforzar la protección de estos concretos intereses legítimos invocados" en referencia a "la protección al ofendido o perjudicado por los delitos investigados" y a las "pruebas que pudieran desaparecer".

Una sentencia condenatoria

Las tres reincorporaciones por las que ahora pregunta el juez Velasco han coincidido en el tiempo con el pleito iniciado por dos trabajadoras, Gracia Bastelleros y Azahara Peralta, despedidas precisamente por negarse a dar luz verde a las irregularidades con las que se intentaron presuntamente camuflar pagos millonarios a FCC a través de otro contrato. La vista por el primero de estos despidos se vio el pasado 1 de abril en el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid. Entonces, el Consejo de Administación de Acuamed, el mismo órgano que había despedido a ambas fulminantemente el verano anterior, ordenó a los abogados del la compañía pública que ofrecieran a la primera la readmisión con condiciones. La ingeniera se negó y la vista se celebró. La sentencia se acaba de conocer y obliga al Ministerio de Agricultura a readmitirla y a pagarle una indemnización de 90.000 euros por "daño moral de especial gravedad".

La reincorporación de los tres trabajadores ha coincidido con la sentencia que condena a Acuamed a readmitir a una ingeniera represaliada por denunciar las irregularidades

Ambas habían denunciado antes de su despido que su oposición a dar el visto bueno a las supuestas irregularidades que les presentaban Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco les había llevado a sufrir una situación de auténtico acoso laboral. De hecho, la primera de ellas llegó a remitir una carta al entonces número 2 de Agricultura, Federico Ramos de Armas y tres más a su sucesor, Pablo Saavedra, en las que detallaba "presiones, amenazas y descalificaciones" por parte de sus jefes. Aquellas misivas, la última de las cuales llegó a la sede del Ministerio el 28 de julio, nunca obtuvieron respuesta y dos días después el Consejo de Administración de Acuamed se reunió con un orden del día en el que se incluía, precisamente, el despido de ambas trabajadoras. Más recientemente, fue la segunda trabajadora, cuyo despido se verá en un vista a celebrar en enero de 2017, la que remitió una carta. En este caso, a la propia ministra de Agricultura. En ella se planteaba que "readmitirnos en Acuamed es [...] una oportunidad de demostrar con hechos su repulsa a todas las prácticas corruptas y [...] la mejor forma que tiene para reparar el grave daño que se nos ha causado". No ha tenido respuesta.


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