Agricultura pone a un imputado en Acuamed a dirigir el pleito contra las ingenieras que denunciaron los pufos

Nueva polémica en el caso Acuamed... y de nuevo a cuenta de una decisión del Ministerio de Agricultura. El departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina ha dejado en manos de uno de los investigados (antes imputados) en la causa los pleitos que se dirimen en los juzgados de lo Social de Madrid por los despidos de dos ingenieras que fueron represaliadas por denunciar, precisamente, las irregularidades que ahora investiga el juez Eloy Velasco y la UCO. Se trata de Juan García Cuenca, director de la Asesoría Jurídica de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed). De hecho, estuvo presente en el juicio que se celebró el pasado mes de abril tras la denuncia de una de las trabajadoras, Gracia Ballesteros, y en el que se opuso a la readmisión sin condiciones de la misma. Según fuentes de la propia compañía, es la persona que también ha arrastrado a Agricultura ha recurrir la sentencia que condenaba al Ministerio a readmitir a dicha empleada e indemnizarla con 90.000 euros.

García Cuenca participó en el juicio por el despido de una de las trabajadoras represaliadas. Se opuso a su readmisión sin condiciones y ahora ha propiciado el recurso contra la condena

García Cuenca es, de hecho, uno de los tres directivos de Acuamed que aún se mantiene en su puesto pese a haber sido imputados en los últimos meses por el juez Velasco dentro de la 'Operación Frontino'. La Cadena Ser adelantaba este miércoles su nombre y el de Carlos Anibarro Martín, responsable del departamento de Administración y Finanzas. A ellos se suma el de Liana Ardiles, vicepresidenta de la compañía en su calidad de directora general del Agua del Ministerio. Todos ellos figuran aún en el organigrama que la empresa pública tiene colgado en su página web y en el que aparecen en blanco los cargos de director general y director de Ingeniería y Construcción, que eran los que ocupaban hasta enero los dos presuntos cabecillas de la trama detenidos, Arsenio Mateo y Gabriela Mañueco.

Todo ello se conoce sólo unos días después de que Vozpópuli adelantara en exclusiva que el juez Eloy Velasco ordenase al Ministerio de Agricultura que enviase 'a sus casas' a tres directivos de la empresa pública implicados en la trama a los que había recolocado en las últimas semanas tras abandonar la prisión bajo fianza. Se trataba, en concreto, de Gabriela Mañueco Pfeiffer, directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su detención como presunta 'número 2' de la trama, Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, gerentes de Contratación y de la Cuenca del río Júcar respectivamente. Todos ellos habían sido enviados a la cárcel el pasado mes de enero al considerarles el magistrado pieza clave en el amaño de contratos que presuntamente lideraba el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo.

'A sus casas'

En aquel escrito, el magistrado destacaba que desde sus puestos de trabajo, los tres presuntos cabecillas de la red de amaño de contratos podrían seguir teniendo acceso a documentación relacionada con la investigación, con el riesgo de destrucción que supone. Por ello, y en virtud de la presunción de inocencia que impide su despido hasta que no haya sentencia firme, el magistrado solicitaba al Ministerio que impidiese su vuelta aunque se les siga pagando el sueldo. En el escrito, el juez citaba precisamente la reciente sentencia de un juzgado de lo Social de Madrid que condenó a Agricultura a readmitir a la trabajadora represaliada al considerar probado que estos cabecillas de la trama la sometieron a acoso laboral precisamente por denunciar las irregularidades. Este es el fallo que ahora ha recurrido el director de Asesoría Jurídica también imputado.

El juez Velasco ya ordenó a Agricultura enviase 'a sus casas' a tres presuntos cabecillas recolocados por el Ministerio tras salir de prisión bajo fianza

Dicho fallo, también adelantado también por este diario, no sólo obligaba al Ministerio de Agricultura a reincoporarla a su puesto de trabajo, como adelantó Vozpópuli la semana pasada, sino también a pagarle 90.000 euros por el "daño moral de especial gravedad" que le produjo su arbitraria salida de la empresa. El fallo dictado por el titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, consideraba probado que la mujer fue despedida en julio del año pasado "a consecuencia de su negativa a la realización de actuaciones irregulares en la empresa" que, según destaca el magistrado, están siendo corroboradas por la investigación de su colega de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.