LA MAFIA DEL AGUA

Agricultura debe indemnizar a una ingeniera represaliada de Acuamed con 90.000 euros por "daño moral grave"

La sentencia que obliga a readmitir a una de las trabajadores que denunció las irregularidades que investiga el juez Velasco considera que lo sucedido es de "especial gravedad" por el carácter público de la empresa.

Imagen de archivo de Isabel García Tejerina en el Congreso.
Imagen de archivo de Isabel García Tejerina en el Congreso. EFE

Readmisión e indemnización. La sentencia por el despido de Gracia Ballesteros, una de las dos ingenieras de Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) que fueron represaliadas por denunciar la corrupción en esta sociedad pública, no sólo obliga al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a reincoporarla a su puesto de trabajo, como adelantó Vozpópuli la semana pasada, sino también a pagarle 90.000 euros por el "daño moral de especial gravedad" que le produjo su arbitraria salida de la empresa. El fallo dictado por el titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, considera probado que la mujer fue despedida en julio del año pasado "a consecuencia de su negativa a la realización de actuaciones irregulares en la empresa" que, según destaca el magistrado, están siendo corroboradas por la investigación de su colega de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Pese a la contundencia de la sentencia, el departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina estudia si recurre la misma, según confirmaron fuentes oficiales.

El juez recalca que el auto de su colega Eloy Velasco confirma la existencia en Acuamed de "presiones" a los empleados que no se prestaban "a los manejos"

En la sentencia, de 22 folios y a la que ha tenido acceso este diario, el juez reconoce el peso que ha tenido en su decisión la investigación de su compañero Eloy Velasco y la Guardia Civil. La 'Operación Frontino', desarrollada el pasado mes de prisión, llevó a prisión a cuatro altos cargos de la compañía acusados de varios delitos, entre ellos el de organización criminal, por el supuesto amaño de media docena de contratos millonarios. De hecho, el fallo del magistrado de lo Social recalca que el auto que dictó su colega de la Audiencia Nacional para encarcelarlos ya aludía a la existencia de "presiones para imponer en Acuamed procederes irregulares, con actuaciones perjudiciales (destituciones y remociones de sus cargos) para el personal probo que no se prestaba a esos manejos". Aunque el magistrado reconoce que dichas pesquisas aún están en fase de instruccion y sus conclusiones son, por ello, provisionales, también considera que el juez Velasco es "imparcial" y que si éste tomó la decisión de enviar a la cárcel a varios de los presuntos implicados era porque "existen indicios de criminalidad de especial solidez".

El juez Cervera resalta que el escrito de su colega da también plena validez a las palabras de uno de los testigos que compareció en la vista celebrada el pasado 1 de abril por el despido, el también represalidado Francisco Valiente, el alto cargo de Acuamed que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las graves irregularidades y que también por ello fue despedido. Según recoge el fallo, de su testimonio se desprende que su compañera y él "se negaron a realizar una modificiación que no procedía en la obra [de limpieza del pantano tarraconense] de Flix, a fin de proceder a un pago a un tercero [la empresa FCC] que no era correcto". A partir de ese momento, añade la sentencia, la situación de ambos en la empresa "se tornó más difícil, al punto de que fueron veladamente amenazados de despido". En este sentido, el juez considera veraz que, como aseguró Francisco Valiente, el director general de la sociedad estatal, Arcadio Mateo del Puerto, aún encarcelado como cabecilla de la trama, les espetase a ambos: "Van a caer dos pájaros por uno".

"Por negarse a realizar actuaciones irregulares"

Por todo ello, el juez concluye que Gracia Ballesteros y su compañero Francisco Valiente "se negaron a realizar actuaciones irregulares tras el verano de 2013" por lo que el segundo "fue cesado unos meses después" para poco más tarde ser ella "removida de sus responsabilidades y colocada durante un largo periodo en tareas sin especial relevancia, siendo despedida a la postre tras denunciar ante la Fiscalía y haber interpuesto una demanda contra la empresa que aún no estaba resuelta". Como responsables directos de estas represalias, el juez cita expresamente a Arcadio Mateo, el director general encarcelado, y a su número 2 en la trama, Gabriela Mañueco Pfeiffer, en libertad bajo fianza desde el pasado 29 de abril. De hecho, señala a esta última como la persona que mantuvo deliberadamente a la ingeniera "sin ocupación relevante, lo que se puede calificar como una actuación lesiva para la misma e inaceptable en derecho".

El fallo considera de "especial gravedad" que los hechos se produjeran en "una empresa pública, en la que el deber de actuación conforme a Derecho ha de regir con especial intensidad"

Por todo ello, el juez considera que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura no sólo debe readmitir a la demandante y pagarle los salarios desde su despedido a finales de julio del año pasado hasta hoy, sino también indemnizarla con 90.000 euros al entender que su salida de la empresa se sustentó en un informe de cuestionable "valor probatorio" ya que una de las personas que lo firmaba era Francisco Javier López Pastor, uno de los implicados en la trama a los que el juez Velasco envió a prisión. De hecho, considera que el contenido de dicho documento, una auditoria interna, no sólo ha podido comprometer el "prestigo profesional" de la despedida, sino también causarle "un sufrimiento psicológico". Un hecho que considera de "especial gravedad" ya que se ha producido en "una empresa pública, en la que el deber de actuación conforme a Derecho ha de regir con especial intensidad". Un detalle, este último, que considera que "no se puede pasar por alto".

Otra represalida EN LA CALLE y 3 imputados readmitidos

La sentencia que obliga a readmitir a Gracia Ballesteros marcará en buena parte el devenir judicial de Azahara Peralta, la segunda ingeniera represaliada por negarse a validar los 'pufos' de la bautizada como 'la mafia del agua'. Ella también demandó a Acuamed por despido nulo, pero la vista de su caso no se celebrará antes de enero de 2017... siempre y cuando el Ministerio de Agricultura no decida su readmisión antes. Una postura que, por ahora, no se vislumbra ya que la actitud del departamento de García Tejerina en todo el proceso ha sido un tanto errático. De hecho, no hizo ningún intento de reincorporar a ambas trabajadores pese a que la 'Operación Frontino' de la Guardia Civil destapó que las denuncias de éstas eran reales. Sólo se avino a plantear un acuerdo con la primera de ellas a la puerta de la sala donde se iba a celebrar el juicio en el que finalmente Acuamed ha sido condenada. Eso sí, aquel día puso sobre la mesa un pacto con 'condiciones' que la trabajadora rechazó de plano. Tras el contundente fallo, Agricultura aún estudia sin recurre el mismo. Si no lo hace finalmente, se abriría la puerta para que la segunda ingeniera vuelva a su puesto de trabajo con relativa rapidez. Si opta por continuar la batalla legal, los despidos de ambas aún tendrán un largo peregrinar por los Juzgados de lo Social.

Todo ello con Acuamed 'revolucionada' por la reciente reincorporación de tres de los principales implicados en la trama desmantelada por el juez Velasco que acaban de salir de prisión tras abonar sendas fianzas de 300.000 euros. Uno de ellos es, precisamente, Gabriela Mañueco, cuyo nombre aparece citado reiteradamente en el reciente fallo como una de las personas que represalió a Gracia Ballesteros. Tras abandonar la cárcel el pasado 29 de abril, se incorporó a Acuamed el 3 de mayo. Dos semanas antes había pasado lo mismo con Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira. En el auto de enero por el que enviaba a los tres, a Arcadio Mateo y a una quinta persona a prisión, el juez Velasco destacaba el papel relevante que supuestamente habían desempeñado todos ellos en la trama. Ahora, sin embargo, llevan ya varios semanas trabajando mientras las denunciantes siguen a la espera de que Agricultura decide si acata o recurre el fallo que acaba de declarar nulo el primero de aquellos dos polémicos despidos disciplinarios.  



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