LA MAFIA DEL AGUA

Un informe de Hacienda confirma los amaños en Acuamed destapados por el juez Velasco

Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revela que los directivos de la empresa pública aprobaron sin justificación el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por los trabajos de descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona. También destaca que se devolvieron a la constructora dinero de más por descuentos realizados y otros supuestos pufos.

Guardias civiles custodian la sede de Acuamed durante los registros de enero.
Guardias civiles custodian la sede de Acuamed durante los registros de enero. EFE

El Ministerio de Hacienda también ve irregularidades en los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed)que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo que depende del departamento que dirige en funciones Cristóbal Montoro) ha elaborado un "informe provisional" de auditoria sobre las supuestas irregularidades existentes en diversos contratos adjudicados en los últimos años por la sociedad estatal ahora bajo sospecha en el que certifica la existencia de algunas de las que llevaron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a detener el pasado 18 de enero a trece personas entre directivos de la compañía y de las constructoras implicadas. En el caso de la descontaminación del pantano de Flix (Tarragona), el documento confirma que se acordó el pago de cerca de 37 millones de euros a FCC por supuestos sobrecostes. El juez Velasco ya recogía dicha irregularidad en el auto por el que envió en enero a prisión a cinco implicados señalando que la misma se realizó "siguiendo instrucciones emanadas" de altos cargos del departamento que ahora dirige en funciones Isabel García Tejerina.

El informe de la IGAE sobre la descontaminación del embalse de Flix confirma el agujero de 37 millones al que el juez hacía referencia en uno de sus autos

Parte de ese informe de la IGAE fue incorporado el pasado 18 de marzo por la propia Acuamed a la causa que se sigue en un Juzgado de lo Social de Madrid por el despido de una de las ingenieras represaliadas, precisamente, por negarse a avalar con su firma los supuestos amaños. Con el mismo, los representantes legales de la compañía estatal -que este viernes intentaron sin éxito que la extrabajadora retirara la denuncia ofreciéndole una readmisión con condiciones- pretendían demostrar que ésta no detectó dichas irregularidades. Sin embargo, el documento lo que hace es respaldar la investigación de la Guardia Civil y las conclusiones que las mismas reflejó el juez Velasco en aquel auto de enero. En éste, el magistrado aseguraba que con dicha maniobra propiciada presuntamente por FCC Construcciones -cuyo presidente, Miguel Jurado, fue detenido-, los directivos de Acuamed aceptaron el pago de "obras no ejecutadas en expedientes paralelos" que causaron "un perjuicio a la Administración de 40 millones de euros para 'compensar" a la constructora. Ahora el estudio realizado por el organismo de Hacienda dentro del "plan auditoría 2015" señala que en el contrato de "eliminación de la contaminación química del embalse de Fix" se produjeron numerosas irregularidades a lo largo de todo el proceso, pero sobre todo en la parte final del mismo.

Entre ellos destaca, precisamente, por la cuantía la referida a los "sobrecostes reclamados por el contratista" y que el juez Velasco llegó a calificar en su escrito de "ilegal". La IGAE apunta en el mismo sentido al afirmar que los trabajos supuestamente realizados por FCC para pedir dicha cantidad se realizaron "al margen del proyecto aprobado y sin cobertura contractual". "Acuamed valoró dicha reclamación, aceptando algunos conceptos y rechazando otros" se lee en el documento que a continuación cuantifica "los trabajos aceptados como abonables" en la cantidad de 36.823.743,45 euros. "Esto supone un 27,53% sobre el presupuesto global de la obra, que Acuamed presentó para su convalidación al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente", recalca. Los autores del informe aseguran que "los responsables" de la sociedad estatal validaron dichas obras y aseguraron que la citada reclamación estaba "soportada por facturas que acreditarían tanto la naturaleza de los trabajos como su realización". Sin embargo, reconocen que cuando pidieron dichos albaranes, la empresa pública no los pudo aportar y se escudó, precisamente, en el registro que realizó la Guardia Civil el pasado 18 de enero en las oficinas de la compañía en Madrid y la documentación que intervinieron.

Otras irregularidades económicas

El supuesto pufo de los cerca de 37 millones no es, sin embargo, la única irregularidad detectada por IGAE en los trabajos en el pantano de Flix. De hecho, destaca que en febrero de 2014 se penalizó a la constructora por "retrasos en la ejecución" de las obras relacionadas con la extracción de lodos. El importe de la misma fue de 1,1 millones de euros que se descontaron de los abonos que ese mismo mes y en marzo siguiente se hicieron a la compañía. Aquella penalización fue recurrida por FCC el 3 de marzo de aquel año y eliminada meses después por la propia Acuamed, que justificó su cambio de decisión en que "el retraso en el ritmo  [...] se había recuperado en meses posteriores". Hacienda destaca que en noviembre de 2015, sólo dos meses antes de que la Guardia Civil desarrollase la 'Operación Frontino', la empresa pública entregó por ello a FCC 1,3 millones en este concepto, una cifra mayor a la cantidad reclamada. "Se habría devuelto un importe superior en 216.368,87 euros al efectivamente descontado en su momento. No consta en la documentación aportada que se hayan realizado actuaciones para recuperar dicha diferencia abonada incorrectamente", recalca el informe.

Hacienda critica que FCC recibió más de 216.000 euros de más de Acuamed por una penalización que le impuso por los retrasos en las obras 

La IGAE también destaca otros incumplimientos en una obra que costó al erario público 155 millones de euros. Así, resalta que el replanteo de las obras, que debería haberse formalizado en un plazo máximo de 30 días, se realizó finalmente once meses después. "Se habría incumplido dicho plazo, sin que figure en el acta de comprobación [...] referencia a las causas", señala el texto. Asimismo, asegura que la documentación aportada por Acuamed para justificar los pagos "solo soporta parcialmente" una parte de los abonos incluidos bajo el concepto de "acopios". Según la documentación, se abonaron en este concepto 5,1 millones de euros, la mitad de dicha cantidad sorprendentemente sin que hubiera "ninguna solicitud del contratista". Finalmente, Hacienda destaca las "cuatro prórrogas" que se concedieron a FCC para terminar una obra cuyo plazo final estaba previsto inicialmente para el 3 de septiembre de 2012 y que, aún hoy,, más de tres años después, no están totalmente concluidas. Prorrogas que fueron aprobadas sistemáticamente por Acuamed sin casi objeciones pese a que pusieron el grave riesgo una ayuda de la Unión Europea.

SIETE OBRAS Y UN FRaUDE MULTILLONARIO

Desde un contrato de 6,5 millones de euros a otro de más de 270 millones. En Tarragona, Murcia, Valencia, Alicante y Almería. La 'Operación Frontino' que permitió destapar la trama que presuntamente amañaba adjudicaciones de Acuamed maneja cifras de vértigo. Las pesquisas de UCO se centraron en un primer momento en siete concursos públicos que supusieron una inversión de dinero público superior a los 625 millones y sobre los que se sospecha que fueron adjudicados de manera irregular y con pagos inflados"de manera desorbitada". Así , a la descontaminación del embalse de Flix, se unen los trabajos de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera, en el municipio valenciano de Oliva; las obras de la desaladora Bajo Almanzora, en Almería; una instalación similar en Torrevieja, Alicante; las tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel, en la misma provincia; la presa de antiavenidas en el Ríos Serpis, de Valencia; y los trabajos para transferir aguas desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentín, en la Región de Murcia. Todas ellas aparecen relacionadas en el auto del juez Velasco que ahora se ha visto respaldado por el informe de Hacienda.

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