La mafia del agua consideraba al actual número 2 de Tejerina "perfectamente alineado a los objetivos que tenemos"

El sumario del 'caso Acuamed' sigue poniendo en serios aprietos a los máximos responsables del Ministerio de Agricultura. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la 'Operación Frontino' que investiga el juez Eloy Velasco recoge conversaciones telefónicas intervenidas a los principales implicados de la trama que revelan que éstos supuestamente acudieron al actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, cuando los abogados del Estado pusieron pegas a las soluciones presuntamente irregulares que habían pactado con los adjudicatarios de las millonarias obras. En una de esas conversaciones, Arcadio Mateo, director general de Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) y en prisión como presunto cabecilla de la mafia del agua, comenta con el también investigado (antes imputado) Miguel Jurado, presidente de FCC Construcciones, la llegada del nuevo 'número 2' de Isabel García Tejerina al Ministerio tras la salida de su antecesor en el cargo. "Una persona joven también y yo creo que perfectamente alineada a los objetivos que tenemos", asegura el directivo encarcelado. "Vale, muy bien, te digo para movernos, para que también hagamos pinza", fue la respuesta del ejecutivo de la constructora. Desde Agricultura negaban este martes a Vozpópuli ninguna irregularidad en la actuación del alto cargo del departamento, aunque rechazaban valorar "comentarios y conversaciones que hayan mantenido personas detenidas en el marco de la investigación".

Arcadio señalaba a Saavedra como la persona a acudir si se atascaba el acuerdo del embalse de Flix: "Si no marea mucho la Abogacía del Estado, lo sacamos. Y si no, llamamos a Pablo"

Pablo Saavedra, como secretario de Estado de Medio Ambiente, ocupa la presidencia de la compañía pública y, de hecho, desde su aterrizaje en el cargo, ha presidido algunos de los Consejos de Administración de la misma más polémicos. Entre ellos, el que decidió por unanimidad el despido de dos ingenieras que se negaban a avalar las irregularidades presuntamente cometidas por la trama. Sin embargo, y a diferencia de su antecesor en el cargo, Federico Ramos de Armas, y su segunda en la compañía estatal, la directora general de Agua, Liana Ardiles, Saavedra no ha sido imputado por el juez Velasco. No obstante, su nombre figura de manera recurrente en las conversaciones de algunos de los implicados. Sobre todo, en las que mantuvieron el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y el presidente de FCC Construcciones, Miguel Jurado, supuestamente para compensar de manera irregular los sobrecostes en la construcción de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería) con el contrato para la descontaminación del embalse de Flix, en Tarragona.

Vozpópuli se puso en contacto con Agricultura para conocer la versión del secretario de Estado sobre estas referencias. "No se hacen valoraciones sobre los comentarios y conversaciones que hayan mantenido personas detenidas en el marco de la investigación" fue la primera respuesta de los portavoces del departamento, aunque a continuación añadieron que "el secretario de Estado de Medio Ambiente mantiene las reuniones que se derivan del ejercicio de su cargo, pero nunca ha participado en ninguna negociación no amparada por la legalidad". En este sentido, estos mismas fuentes oficiales recalcaban que en "el expediente sobre el embalse de Flix, el Consejo de Administración de la sociedad estatal no ha aprobado ningún pago por reclamaciones de la empresa, que se encuentran pendientes de los informes correspondientes".

Prisas por "cerrarlo"

Una de estas conversaciones es la que ambos mantuvieron el 3 de julio de 2015, sólo una semana después de que Saavedra fuera nombrado por el Consejo de Ministros para sustituir en el cargo a Ramos de Armas, que se marchaba a ser el 'número 3' de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. En dicha conversación, ambos hablan, precisamente, del Embalse de Flix y de las prisas de Arcadio Mateo por "cerrarlo [...] independientemente de que nos cambie el secretario de Estado".

Miguel Jurado: Muy bien, que lo va a dejar, vacante el puesto mientras tanto...
Arcadio Mateo: No, no, no, lo han cubierto, no, no, de...
M.J.: Lo han cubierto ¿Ya?...
A.M.: De la gente que dependía del secretario de Estado, dependían cuatro directores generales, uno era el de Costas, que es Pablo Saavedra, que en el Consejo de Ministros del viernes, de la semana pasada, lo han nombrado. Pablo Saavedra.
M.J.: Pablo Saavedra
A.M.: El director General de Costas, una persona joven también y yo creo que perfectamente alineada a los objetivos que tenemos...
M.J.: Vale, muy bien, te digo para movernos, para que también hagamos pinza, ¿No?
A.M.: Sí.
M.J.: Para que se solucione, creo que es lo que nos interesa a todos ¿Vale?
A.M.: Exacto, estamos en esa línea Miguel.

El presunto cabecilla de la trama aconsejó a un directivo de FCC llamar al 'número 2' de Tejerina. "Sin que tú lo dijeras es lo que íbamos a hacer", le reconoce este último 

En un informe de la Guardia Civil del 29 de octubre, los agentes recogen también detalles de otras conversaciones mantenidas entre ambos interlocutores sobre el contrato de Flix. Una de ellas se produce el 15 de octubre de 2015 y en ella el directivo de FCC le asegura al presunto cabecilla de la trama que estuvo, junto a la vicepresidenta de su compañía, Alicia Alcocer Koplowitz, "con el secretario de Estado y con Liana [Ardiles, directora general del Agua]" en una reunión en la que se dijo "que estaba todo en orden". Sólo unos días después, el 22 de octubre, vuelven a hablar ambos, en este caso sobre la posible aprobación del acuerdo en un próximo Consejo de Administración de la empresa pública y las trabas que al mismo podían poner los abogados del Estado que debían revisarlo previamente. En dicha charla telefónica, Arcadio le augura que una vez en el órgano, todo "irá por la vía rápida", pero que "si veo que se tuerce a lo mejor necesito ayuda, más que Liana, del secretario de Estado, para hablar con la Abogacía del Estado". Miguel Jurado le propone que se lo diga y enseguida hablará con quién diga. "Si no marea mucho la Abogacía del Estado, y lo sacamos, y si no, llamamos a Pablo", remata el presunto cabecilla de la trama. Días después, otro de los cargos de Acuamed imputado, Francisco Javier Gómez Pastor, mantiene una conversación telefónica con Miguel Jurado sobre el mismo tema, "el posible obstáculo" que podía suponer el pronunciamiento los abogados del Estado sobre el acuerdo. "Yo he hablado a todos los niveles teóricamente del Ministerio", recalcaba el presidente de la constructora.

"Están tensos"

El 18 de noviembre, Arcadio Mateo y Miguel Jurado vuelven a hablar sobre el mismo tema cuando ya saben que Anticorrupción investiga la denuncia de supuestas irregularidades. "El Consejo fue complicado porque están tensos. Llevan desde hace meses con lo de la Fiscalía y cada vez se están poniendo más complicados, pero no me preocupa especialmente el consejo porque al final el consejo, si viene con informe favorable de la Abogacía del Estado, pues va a decir que sí. Y si viene con informe desfavorable, pues va a decir que no. El partido nos lo jugamos en Abogacía del Estado", le detalla el primero antes de anunciar que esa reunión del máximo órgano de la empresa pública "la voy a retrasar un poquito". En ese punto, Arcadio le propone al directivo de FCC que se ponga en contacto con Saavedra.

Arcadio Mateo:  Yo haría una cosa, mañana o pasado, una vez que lo hayamos enviado [el acuerdo a la Abogacía del Estado], no ahora mismo, yo forzaría reunión con secretario de Estado. Para transmitirle ahí, bueno todo esto sin que se note mucho. Si la fuerzo yo, queda raro. Como habéis hecho otras veces.
Miguel Jurado: Sin que tu lo dijeras es lo que íbamos a hacer.
A.M.: Es que es lo que toca, que le llegue el tema a Pablo. Venir en la medida de lo posible.. que vengas tú, genial, pero si puede venir alguien con apellido potente, mejor, joder...

Meses después, el 17 de diciembre, el directivo de FCC reenvía a Alicia Alcocer, vicepresidenta de su compañía, un correo electrónico que ha remitido un día antes a la directora general del Agua, Liana Ardiles, con copia a Arcadio Mateo, en el que la apremiaba a aquella para que pagase las millonarias cantidades que reclamaba la constructora a Acuamed de manera supuestamente irregular a través del contrato del Embalse de Flix. Media hora después, la consejera de FCC le responde: "Muy bien. Se lo mando a Federico o a Pablo?" en referencia a Pablo Saavedra y a su antecesor, Federico Ramos de Armas. Jurado le recomienda que lo haga a ambos. "Es importante que se lo mandes a los dos". Entonces, el primero llevaba ya cerca de seis meses como 'número 2' de Isabel García Tejerina y, por tanto, como presidente de Acuamed. Un mes después de aquellos emails, se producían las detenciones de la 'Operación Frontino'.

Defensor del despido de las denunciantes

El primer Consejo de Administración al que acudió Pablo Saavedra como presidente de Acuamed en su condición de secretario de Estado de Medio Ambiente tuvo lugar el 30 de julio de 2015 y en él se tomó una polémica decisión: despedir a las dos ingenieras que habían respaldado las acusaciones de Francisco Valiente, el trabajador defenestrado catorce meses antes por denunciar irregularidades en adjudicaciones. El acta de aquel encuentro refleja que el 'número 2' del Ministerio de Agricultura apoyó con su voto el despido disciplinario de estas dos empleadas así como que se les impusieran sanciones de suspensión de empleo y sueldo a otros dos empleados, y que se estudiara "ejercitar acciones judiciales contra las personas que no se encuentran trabajando en la sociedad", en lo que parecía una clara referencia a Valiente.

No ha sido su única actuación polémica respecto a dichos despidos. El pasado 29 de abril, Pablo Saavedra envió una carta a una de las dos ingenieras represaliadas después de que esta se dirigiera por escrito a Isabel García Tejerina para pedirle su readmisión. En dicha misiva, y a pesar de que para entonces ya se conocía que la investigación del juez Velasco sobre los 'pufos' denunciados por ésta y su compañera habían provocado trece detenciones, el secretario de Estado insistía en que dicho despido "se produjo con todas las garantías y con sujeción a la normativa vigente". La carta, adelantada por Vozpópuli, aseguraba también que la decisión de expulsarla de la compañía la tomó en julio de 2015 el Consejo de Administración de la sociedad estatal que él presidió con "estricto cumplimiento de la normativa aplicable".