LA MAFIA DEL AGUA

Velasco ordena a Agricultura que 'mande a sus casas' a los tres cabecillas del 'caso Acuamed' readmitidos

El magistrado considera que la reciente reincoporación de tres de los principales implicados en la trama puede poner en peligro documentación de las millonarias adjudicaciones bajo sospecha que aún investiga dentro de la 'Operación Frontino'.

Isabel García Tejerina, en un acto público del pasado 19 de abril.
Isabel García Tejerina, en un acto público del pasado 19 de abril. MINISTERIO DE AGRICULTURA

Nuevo varapalo judicial al Ministerio de Agricultura. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha ordenado al departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina, que 'envíe a su casa' a los tres directivos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) imputados en la 'Operación Frontino' y a los que había recolocado en las últimas semanas tras abandonar la prisión bajo fianza. Según fuentes judiciales, el magistrado destaca en el escrito que desde sus puestos de trabajo, los presuntos cabecillas de la trama de amaño de contratos podrían seguir teniendo acceso a documentación relacionada con la investigación, con el riesgo de destrucción que supone. Por ello, y en virtud de la presunción de inocencia que impide su despido hasta que no haya sentencia firme, el magistrado solicita al Ministerio que impida su vuelta aunque siga pagándoles el sueldo. En el escrito, el juez cita la reciente sentencia de un juzgado de lo Social de Madrid que condenó a Agricultura a readmitir a una trabajadora represaliada al considerar probado que estos cabecillas de la trama la sometieron a acoso laboral precisamente por denunciar las irregularidades.

El magistrado reconoce que hasta que no haya sentencia firme, ninguno puede ser despedido. Por ello, ordena que se les siga pagando el sueldo aunque no trabajen

El escrito del juez Velasco se produce después de que la semana pasada enviara un oficio para que "a la mayor brevedad posible" los máximos responsables de Acuamed, entre los que se encuentra el secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, le explicasen las circunstancias de la reciente reincorporación de estos tres directivos de la compañía que acababan de abandonar la prisión. Se trataba, en concreto, de Gabriela Mañueco Pfeiffer, directora de Ingeniería y Construcción de la compañía hasta su detención como presunta 'número 2' de la trama, Francisco Javier Gómez Pastor y Pablo Martín Mira, gerentes de Contratación y de la Cuenca del río Júcar respectivamente. Todos ellos habían sido enviados a prisión el pasado mes de enero al considerarles el magistrado pieza clave en el amaño de contratos que presuntamente lideraba el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo.  

El magistrado reclamaba en aquel escrito a los actuales responsables de Acuamed "información ampliatoria". En concreto, quería saber qué "concretas medidas [...] se han adoptado en el seno de la empresa pública respecto de los trabajadores que son investigados en el presente procedimiento", en referencia a los tres directivos excarcelados. El escrito recordaba que, ante todo, se debían "garantizar los principios de actuación de funcionamiento que han de regir en el sector público y, concretamente, garantizar la protección de los intereses expuestos". El magistrado finalizaba pidiendo que "se justifique de manera precisa la existencia de una situación de riesgo de la que derive la necesidad de reforzar la protección de estos concretos intereses legítimos invocados" en referencia a "la protección al ofendido o perjudicado por los delitos investigados" y a las "pruebas que pudieran desaparecer". El oficio había sido propiciado por un escrito anterior de la Abogacía del Estado, personada en la causa en representación del Gobierno, quien había pedido al magistrado "dar protección al ofendido o perjudicado por los delitos investigados y de consignar pruebas que pudieran desaparecer".

Acoso laboral

Ahora, la respuesta dada por el Ministerio ha llevado al juez Velasco a ordenar la salida inmediata de los tres exdirectivos de la compañía justo el día en el que también dictaba el auto por el que levantaba el secreto de sumario. En el escrito, el magistrado recalca que aunque todos ellos hayan sido recolocados en funciones distintas a las que ocupaban cuando fueron arrestados (Gabriela Mañueco había empezado a trabajar ahora en el Departamento de Explotación en la elaboración de protocolos de actuación), ello no elimina el riesgo de que a través de los equipos informáticos de la empresa tengan acceso a documentación relacionada con algunos de los contratos investigados dentro de la 'Operación Frontino'. No obstante, el juez reconoce que la presunción de inocencia impide, hasta que haya sentencia firme, despedirlos, por lo que acuerda que todos ellos sean apartados de sus funciones y se les impida el acceso a las dependencias de la compañía, aunque se les siga abonando sus salarios.

El juez destaca en su escrito la reciente sentencia de un Juzgado de lo Social que consideraba probado que los directivos implicados acosaron laboralmente a los empleados que denunciaron las irregularidades    

Además, considera que su presencia en las dependencias de la empresa pública también puede influir en la actuación de otros trabajadores. En este sentido, el nuevo escrito de Velasco recuerda que su colega del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, consideró probado en la sentencia por la que ordenaba recientemente la readmisión e indemnización de una de las ingenieras represaliadas por denunciar los pufos en Acuamed, que los presuntos implicados en la trama sometieron a ésta y otros dos trabajadores a un acoso laboral que desembocó finalmente en el despido. Paradójicamente, ninguno de estos represaliados ha sido readmitidos aún en la empresa y, de hecho, los representantes legales del Ministerio de Agricultura ya han anunciado que recurrirán el fallo que ha declarado nulo el despido nulo y le obliga a indemnizarla con 90.000 euros. 



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