Publicado: 06/11/2013 04:00
El expeditivo cierre de la radiotelevisión valenciana puede haber sido demasiado expeditivo. El President de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció ayer mediante un comunicado su decisión de "lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico". Ese anuncio se producía apenas cuatro horas después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara los 1.000 despidos que el mismo consell había intentado aplicar y tras una reunión en la que sólo estuvieron presentes el president Fabra y su número dos. Pero esa velocidad puede terminar siendo excesiva porque, según revelan fuentes del gobierno valenciano, ni siquiera hubo convocatoria del gobierno, en pleno que es el encargado de adoptar esa medida.
La decisión se adoptó, además, sin el preceptivo informe de los servicios jurídicos de la Generalitat a los que no se encargó informe jurídico alguno. "No ha habido tiempo de estudiar la sentencia", protestaba anoche uno de los miembros del gabinete disconforme con las formas del anuncio.
"Este cierre es tan ilegal como el de la televisión pública griega" afirma un consejero de RTVV
"Este cierre es tan ilegal como el de la televisión pública griega" afirma un consejero de RTVV que denuncia que la precipitación del anuncio puede entrar en conflicto con el propio estauto de autonomía de la Comunidad Valenciana. Ese texto, en su artículo 56.2 autoriza al gobierno autonómico a "regular, crear y mantener televisión, radio y demás medios de comunicación social, de carácter público, para el cumplimiento de sus fines". La Generalitat creó ese ente mediante una ley que fue aprobada por todos los grupos políticos valencianos por unanimidad y que sigue vigente a día de hoy. Para cerrar el ente público, por tanto, no basta con una simple declaración presidencial. Sería necesaria, al menos, una ley que derogue la anterior y que fuera ratificada en el parlamento autonómico.
El Partido Popular dispone en les Corts de una cómoda mayoría absoluta pero, en cualquier caso, el cierre de Canal 9 no puede ser declarado por la Generalitat sino que ha de ser el parlamento el que lo apruebe y valide para que pueda llevarse a efecto. La directora general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) reveló ayer que el PP está planteándose ahora una "modificación legislativa tramitada por la vía de urgencia, por lectura única". Según reveló Rosa Vidal a los sindicatos, sólo después se presentaría un nuevo Expediente de Regulación de Empleo, pero esta vez extintivo".
El argumento económico de la Generalitat
La Generalitat Valenciana justificó su decisión con un argumento económico: "la readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habrái que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos".
"Hay un procedimiento legal que debe seguirse. Esto no es una empresa privada que puede cerrarse cuando a su consejero delegado le viene en gana", dicen los sindicatos
Sin embargo, la directora general de RTVV aseguró ayer que se había enterado "por la prensa" de la decisión de Fabra y se mostró contraria a la extinción de la entidad. Ni la Generalitat ni los nuevos gestores asumieron ninguna responsabilidad en la gestión de una empresa pública que ha acumulado casi 1.300 millones de euros de deuda financiera y que --según los abogados de la causa-- ha pasado de tener una plantilla de 687 trabajadores y una cuota de pantalla del 21% en 1991 a tener una plantilla de 1.620 trabajadores y una cuota que no alcanza el 8,1% tras 20 años de gestión de los sucesivos gobiernos del PP.
Los sindicatos comienzan sus movilizaciones
Los sindicatos integrados en Canal 9 comenzaron anoche una serie de movilizaciones que pretenden concretar en los próximos días. Fuentes sindicales consultadas por Vozpópuli mostraron anoche su indignación con la decisión de la Generalitat ante lo que definieron como un "cierre exprés". "Lo que ha hecho el govern es un anuncio de sus intenciones, pero no tiene ninguna validez legal", aseguran. "Hay un procedimiento legal que debe seguirse -agregan-, esto no es una empresa privada que puede cerrarse cuando a su consejero delegado le viene en gana". Además, consideran que el Ejecutivo valenciano se ha apresurado a hacer público su anuncio como respuesta al TSJV. Y opinan que "el cierre no es definitivo, ni mucho menos".
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