La Comunidad de Madrid deberá devolver 9,9 millones al Estado si no hace el Campus de la Justicia

El Gobierno de la Comunidad de Madrid debe al del Estado un total de 9,9 millones de euros al tener paralizado el Campus de la Justicia y deberá pagarle ese dinero en caso de que el proyecto, como parece, no se lleve a cabo. El Gobierno del Estado entregó cuando se aprobó este proyecto a la Comunidad de Madrid 9,9 millones de euros para apoyar la construcción del Campus de la Justicia. Se hizo porque algunas de las instalaciones iban a ser para funcionarios que aún dependen de la Administración Central.

Además, al Ejecutivo central le interesaba el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que debía transferir a la Comunidad de Madrid y prefería entregar esa cantidad para construir un edificio para esos servicios en el campus y quedarse con la antigua sede del TSJM. El edificio está muy cerca del Supremo (plaza Villa de París), y le interesa al Estado para posibles ampliaciones de algunas de las instituciones judiciales. De hecho, se llegó a pensar a trasladar allí la Audiencia Nacional, en obras en la actualidad.

Por ello, en vez de transferir el edificio el Gobierno prefirió quedárselo y que la Comunidad construyera otro en el que podía invertir el pago que le hizo el Estado cuando se comenzaron las obras del campus. En total, la cantidad que tenía que pagar el ejecutivo central al de la Comunidad era de más de 12 millones de euros, pero un 'descuido' del Gobierno regional hizo que no se abonaran 3 millones de uno de los plazos.

La operación está parada por lo que en la actualidad se vive en la provisionalidad, según reconocieron en el Ministerio de Justicia. No hay títulos jurídicos que confirmen que el actual edificio es del Estado, ni la Comunidad paga el alquiler, ni se ha devuelto el dinero porque el decreto de transferencias no incluía plazos.

Si definitivamente la Comunidad entierra el Campus de la Justicia en su configuración anterior, algo que dan por hecho todos los interlocutores, el Gobierno regional deberá devolver al Estado 9,9 millones de euros.

Denuncias y evasivas

La situación actual del Campus de la Justicia ha sido denunciada en varias ocasiones por la diputada socialista Amparo Valcarce, que ha exigido información que el consejero de Justicia, Salvador Victoria, no le facilita. "No vamos a dejar este tema hasta que nos den todas las explicaciones necesarios", añadió. 

Victoria ha anunciado en varias ocasiones que está procediendo a la liquidación de la sociedad. Pero mientras, la diputada socialista le ha sacado los colores. Recientemente denunció la “aparición” de facturas de última hora por valor de 20 millones de euros que el Gobierno ha pagado acogiéndose al sistema de pago extraordinario a proveedores aprobado por el Consejo de Política Fiscal.

La Consejería dijo hace algunas semanas que el dinero iba destinado a la liquidación final de la sociedad y su disolución. Pero la realidad es que la sociedad no puede disolverse porque no se han presentado aún en el registro mercantil las cuentas del año 2010, a pesar de que tienen el visto bueno de la intervención. Esa circunstancia ha provocado un tirón de orejas de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.